Odilia Fernandez Reyes

Expediente 1609/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1609/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Odilia Fernandez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la recepción de la promoción registrada bajo el folio 4051; en razón de que el expediente principal se encontraba con audiencia celebrada, tomando en cuenta que a la presente data ya obra la sentencia correspondiente a este juicio, se ordena glosar a los autos dicho cuaderno, asimismo, en atención al contenido de la promoción de mérito, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a costa del promovente las copias certificadas de las constancias del cuaderno principal que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1609/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1609/2018-III promovido por ODILA FERNÁNDEZ REYES. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, ODILA FERNÁNDEZ REYES, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclamó al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y otras autoridades (fojas 3 a 11). SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se previno la demanda de amparo (fojas 12 a 13). Una vez subsanada la prevención, por auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente por cuanto a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, y se admitió únicamente por cuanto al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se solicitó su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos en cuyo territorio se reclama la omisión a la responsable. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la omisión del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en dar seguimiento a la vista otorgada al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado por auto de once de junio de dos mil dieciocho, por hechos posiblemente constitutivos de delitos, ante la omisión de ésta última de iniciar una investigación. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente civil 375/2018-3, que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, de las que se advierte que ODILA FERNÁNDEZ REYES, por escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciocho, presentó ante la oficialía de partes común del Noveno Distrito Judicial, solicitud de divorcio incausado con denuncia de hechos constitutivos de delitos, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER. El once de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, radicó la demanda promovida por la ahora quejosa, y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado con el contenido de la demanda y de los documentos anexos, para que actuara en consecuencia de su representación legal (fojas 26 a 29 anexo I), vista que le fue notificada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho) como lo reclama la quejosa, no existe actuación en el juicio natural del que se pueda advertir que el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Civil aquí responsable le haya informado sobre la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que el Juez natural le haya requerido información al respecto. Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, quien resuelve advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República. En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional conforme a la jurisprudencia publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." En interpretación del interés a que aluden los preceptos invocados, es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, como se indicó en el considerando segundo, la parte quejosa reclama la omisión del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en dar seguimiento a la vista otorgada al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado por hechos posiblemente constitutivos de delitos, en la medida que la quejosa aduce en su escrito por medio de cual desahogó la prevención en este juzgado federal el quince de octubre de dos mil dieciocho, que la Juez responsable ".ha tolerado y consentido la OMISIÓN del Ministerio Público adscrito de darle seguimiento a la vista y a la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito." Efectivamente, de las constancias que obran agregadas en el presente sumario se advierte que el once de junio de dos mil dieciocho, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, radicó la demanda de divorcio incausado con denuncia de hechos constitutivos de delitos, promovida por ODILA FERNÁNDEZ REYES, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER, por lo que al admitir tal demanda, la Juez Civil ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita, para que actuara en consecuencia de su representación legal (fojas 26 a 29 anexo I), es el caso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho) no existe actuación en el expediente 375/2018-3, de la que se pueda advertir que la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, le haya informado sobre el trámite dado a la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que la Juez natural le haya requerido información al respecto. Precisado lo anterior, es necesario citar algunos preceptos legales del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, específicamente de su libro segundo. Al respecto el artículo 167 establece que todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, y que en todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público. El artículo 168 prevé que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. Asimismo, el numeral 169 estipula que cuando el juzgador, al radicar la causa, se percate de que los hechos de violencia intrafamiliar puedan ser constitutivos de una conducta tipificada como delito, deberá dar vista al Ministerio Público adscrito con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez el representante social adscrito al juzgado, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente. De los numerales trascritos se advierte que todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, y que en todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público, que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros, por lo que cuando el juzgador, se percate de hechos que puedan ser constitutivos de una conducta tipificada como delito, deberá dar vista al Ministerio Público adscrito con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez el representante social adscrito al juzgado, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente. De lo antes expuesto se advierte que la autoridad judicial señalada como responsable, actuó en términos de lo previsto en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues, en atención a la denuncia formulada en el propio escrito inicial de demanda de divorcio incoada por ODILA FERNÁNDEZ REYES, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER, al admitir a trámite la demanda proveyó lo siguiente: "Como lo solicita la actora, se da VISTA a la Ministerio público Adscrita, con el contenido de la demanda y de los documentos anexos a la misma y las fotografías, que queda a su disposición en el seguro del Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar respecto a su Representación legal que le corresponde." Y si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho), no existe actuación en el expediente 375/2018-3, en la que la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, le haya informado el trámite dado a la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que la Juez natural le haya requerido información al respecto, dicha omisión atribuida a la ahora autoridad judicial señalada como responsable no causa una afectación a la esfera jurídica de la promovente de amparo, pues de ninguna de las disposiciones legales que prevé el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, se advierte que el Juez Familiar tenga la facultad legal de impulsar la indagatoria, es decir la de prosecución en la investigación del delito, máxime que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público. Pues en todo caso, la obligación del Juez responsable, como ya se citó en los artículos trascritos, ante el conocimiento de la probable existencia de un delito es hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, como lo prevé el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, el cual estable que cuando un servidor público, con motivo y en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo inmediatamente, texto que incluso es coincidente con el diverso artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos. De tal manera que al ser la investigación y persecución de los delitos facultad que incumbe únicamente al Ministerio Público, es inconcuso que la omisión reclamada al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, no le depara perjuicio alguno a la esfera jurídica de la ahora quejosa, pues como ya se precisó la obligación de dicha autoridad judicial únicamente es dar vista al Ministerio Público adscrito a su juzgado con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez éste, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente, como lo prevé el artículo 169 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; considerar lo contrario implicaría que el Poder Judicial determinara sobre la procedencia de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social lo cual se traduciría en una invasión a la esfera competencial de ésta; de ahí que resulte valido concluir que la impetrante no cuenta con la titularidad de derecho alguno tutelado por la constitución que le faculte a exigir a la autoridad jurisdiccional responsable el actuar en consecuencia para la debida integración e investigación de un hecho considerado como delito. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, registro 176396, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Enero de 2006, página: 21, del siguiente rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO MEDIANTE EL CUAL DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR LA COMISIÓN DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior no implica que la promovente quede en estado de indefensión, pues se encuentra a su alcance el medio de control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con forme al cual las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control. El alto Tribunal en la ejecutoria que diera origen a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2017641, del siguiente rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." ha resuelto, que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que la intención del Constituyente al crear la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, pero también todas aquellas determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, de tal manera que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. En consecuencia, toda vez que el acto que la parte quejosa le atribuye a la autoridad judicial señalada como responsable, no afecta su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, por lo que de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ODILA FERNÁNDEZ REYES, por cuanto hace a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1609/2018-III promovido por ODILA FERNÁNDEZ REYES. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, ODILA FERNÁNDEZ REYES, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclamó al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y otras autoridades (fojas 3 a 11). SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se previno la demanda de amparo (fojas 12 a 13). Una vez subsanada la prevención, por auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente por cuanto a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Fiscal General del Estado de Morelos, y se admitió únicamente por cuanto al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se solicitó su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos en cuyo territorio se reclama la omisión a la responsable. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la omisión del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en dar seguimiento a la vista otorgada al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado por auto de once de junio de dos mil dieciocho, por hechos posiblemente constitutivos de delitos, ante la omisión de ésta última de iniciar una investigación. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente civil 375/2018-3, que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, de las que se advierte que ODILA FERNÁNDEZ REYES, por escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciocho, presentó ante la oficialía de partes común del Noveno Distrito Judicial, solicitud de divorcio incausado con denuncia de hechos constitutivos de delitos, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER. El once de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, radicó la demanda promovida por la ahora quejosa, y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado con el contenido de la demanda y de los documentos anexos, para que actuara en consecuencia de su representación legal (fojas 26 a 29 anexo I), vista que le fue notificada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho) como lo reclama la quejosa, no existe actuación en el juicio natural del que se pueda advertir que el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Civil aquí responsable le haya informado sobre la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que el Juez natural le haya requerido información al respecto. Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, quien resuelve advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República. En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional conforme a la jurisprudencia publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." En interpretación del interés a que aluden los preceptos invocados, es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, como se indicó en el considerando segundo, la parte quejosa reclama la omisión del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en dar seguimiento a la vista otorgada al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado por hechos posiblemente constitutivos de delitos, en la medida que la quejosa aduce en su escrito por medio de cual desahogó la prevención en este juzgado federal el quince de octubre de dos mil dieciocho, que la Juez responsable ".ha tolerado y consentido la OMISIÓN del Ministerio Público adscrito de darle seguimiento a la vista y a la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito." Efectivamente, de las constancias que obran agregadas en el presente sumario se advierte que el once de junio de dos mil dieciocho, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, radicó la demanda de divorcio incausado con denuncia de hechos constitutivos de delitos, promovida por ODILA FERNÁNDEZ REYES, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER, por lo que al admitir tal demanda, la Juez Civil ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita, para que actuara en consecuencia de su representación legal (fojas 26 a 29 anexo I), es el caso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho) no existe actuación en el expediente 375/2018-3, de la que se pueda advertir que la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, le haya informado sobre el trámite dado a la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que la Juez natural le haya requerido información al respecto. Precisado lo anterior, es necesario citar algunos preceptos legales del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, específicamente de su libro segundo. Al respecto el artículo 167 establece que todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, y que en todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público. El artículo 168 prevé que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. Asimismo, el numeral 169 estipula que cuando el juzgador, al radicar la causa, se percate de que los hechos de violencia intrafamiliar puedan ser constitutivos de una conducta tipificada como delito, deberá dar vista al Ministerio Público adscrito con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez el representante social adscrito al juzgado, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente. De los numerales trascritos se advierte que todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, y que en todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público, que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros, por lo que cuando el juzgador, se percate de hechos que puedan ser constitutivos de una conducta tipificada como delito, deberá dar vista al Ministerio Público adscrito con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez el representante social adscrito al juzgado, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente. De lo antes expuesto se advierte que la autoridad judicial señalada como responsable, actuó en términos de lo previsto en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues, en atención a la denuncia formulada en el propio escrito inicial de demanda de divorcio incoada por ODILA FERNÁNDEZ REYES, en contra de JOSÉ MANUEL BARAJAS OLIVER, al admitir a trámite la demanda proveyó lo siguiente: "Como lo solicita la actora, se da VISTA a la Ministerio público Adscrita, con el contenido de la demanda y de los documentos anexos a la misma y las fotografías, que queda a su disposición en el seguro del Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar respecto a su Representación legal que le corresponde." Y si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho), no existe actuación en el expediente 375/2018-3, en la que la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, le haya informado el trámite dado a la vista otorgada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ni que la Juez natural le haya requerido información al respecto, dicha omisión atribuida a la ahora autoridad judicial señalada como responsable no causa una afectación a la esfera jurídica de la promovente de amparo, pues de ninguna de las disposiciones legales que prevé el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, se advierte que el Juez Familiar tenga la facultad legal de impulsar la indagatoria, es decir la de prosecución en la investigación del delito, máxime que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público. Pues en todo caso, la obligación del Juez responsable, como ya se citó en los artículos trascritos, ante el conocimiento de la probable existencia de un delito es hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, como lo prevé el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, el cual estable que cuando un servidor público, con motivo y en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo inmediatamente, texto que incluso es coincidente con el diverso artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos. De tal manera que al ser la investigación y persecución de los delitos facultad que incumbe únicamente al Ministerio Público, es inconcuso que la omisión reclamada al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, no le depara perjuicio alguno a la esfera jurídica de la ahora quejosa, pues como ya se precisó la obligación de dicha autoridad judicial únicamente es dar vista al Ministerio Público adscrito a su juzgado con una copia certificada de las constancias de autos, para que a su vez éste, en uso de las facultades que le concede el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales del Estado, formule ante el Agente del Ministerio Público Investigador la denuncia correspondiente, como lo prevé el artículo 169 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; considerar lo contrario implicaría que el Poder Judicial determinara sobre la procedencia de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social lo cual se traduciría en una invasión a la esfera competencial de ésta; de ahí que resulte valido concluir que la impetrante no cuenta con la titularidad de derecho alguno tutelado por la constitución que le faculte a exigir a la autoridad jurisdiccional responsable el actuar en consecuencia para la debida integración e investigación de un hecho considerado como delito. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, registro 176396, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Enero de 2006, página: 21, del siguiente rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO MEDIANTE EL CUAL DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR LA COMISIÓN DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior no implica que la promovente quede en estado de indefensión, pues se encuentra a su alcance el medio de control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con forme al cual las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control. El alto Tribunal en la ejecutoria que diera origen a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2017641, del siguiente rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." ha resuelto, que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que la intención del Constituyente al crear la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, pero también todas aquellas determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, de tal manera que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. En consecuencia, toda vez que el acto que la parte quejosa le atribuye a la autoridad judicial señalada como responsable, no afecta su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, por lo que de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ODILA FERNÁNDEZ REYES, por cuanto hace a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

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