Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros
Expediente 949/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros
Actuaciones
- Principal
En veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con el número de folio 32660 del índice del libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional.- Conste. Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 235/2019, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, acúsese de recibo correspondiente a su Superioridad, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. CHANT*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja, mismo que quedó radicado con el número 235/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo; sin que obste a la anterior determinación, el hecho de que el promovente haya referido que interpone queja en contra del auto de dieciséis de julio del año en curso, pues de autos se advierte que el mismo se emitió el quince de julio del presente año; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto quince de julio de dos mil diecinueve. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por OCTAVIO ROGELIO OCAMPO ONTIVEROS, por propio derecho contra actos de la Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 949/2019-II. DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados lo siguiente: "IV.1.- El DICTAMEN emitido por la JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO para que el Pleno del Congreso efectuara la designación en el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos; y, IV.2.- La DESIGNACIÓN de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, efectuada por LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS en virtud de que la misma se realizó en franca contravención a los requisitos establecidos en el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos." CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese contexto, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, ya en materia de análisis de la causal de improcedencia que en la especie se considera actualizada, es preciso traer a glosa el contenido del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; ." La interpretación del precepto referido en el párrafo anterior, en correlación con el orden constitucional mexicano, así como con la naturaleza del juicio de amparo, permite advertir que dicho juicio es improcedente cuando se reclamen resoluciones o declaraciones relativas a la elección de funcionarios por parte de las Legislaturas de los Estados o sus Comisiones, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. De esta manera, se deduce que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; por ende, se destaca que, con relación a la particularidad establecida por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en la que se prevé la causa de improcedencia en estudio, relativa a que además, la Constitución correspondiente -en el caso, la del Estado de Morelos- confiere al Congreso del Estado la facultad de resolver soberana y discrecionalmente la elección para el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, como se encuentra previsto en el contenido del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, cuyo texto literal es el siguiente: "(ADICIONADO, P.O. 21 DE FEBRERO DE 2007) Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio propios (sic), autonomía de gestión y presupuestaria. (REFORMADO, P.O. 30 DE ABRIL DE 2014) Este órgano formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente este Organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Pleno del Congreso del Estado o en sus recesos la Diputación Permanente, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de este Organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos Órganos Legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. No será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales, ni de consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y de la legislación reglamentaria. (REFORMADO, P.O. 30 DE ABRIL DE 2014) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se integra por un Presidente, que será la máxima autoridad del Organismo, y un Consejo Consultivo, integrado por seis Consejeros con carácter honorífico y el Presidente, quienes no podrán desempeñar ningún cargo o comisión como servidores públicos. Serán electos por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso y durarán en su cargo tres años; el Presidente sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Séptimo de esta Constitución. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo será también del Consejo Consultivo, deberá contar con título y cédula profesional a nivel de licenciatura, expedido por la autoridad competente, y reunir los demás requisitos que prevea esta Constitución y la ley secundaria; será elegido y durará en su cargo en la forma y términos que para los consejeros se establece en el párrafo anterior, y podrá ser reelecto por una sola vez. Presentará anualmente su informe de actividades ante el Congreso del Estado, en los términos que prevea la ley. (REFORMADO, P.O. 30 DE ABRIL DE 2014) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y los integrantes del Consejo Consultivo, además de los requisitos que prevé este ordenamiento y la ley reglamentaria, deberán gozar de reconocido prestigio en la sociedad y haberse destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de los Derechos Humanos. La elección del Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se hará previa Convocatoria Pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley." (Lo marcado con "Negrita" es propio de este juzgado). Porción normativa de la que se advierte, existe soberanía para que la Legislatura del Estado de Morelos disponga en relación con la elección del cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a través del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, es decir, para ello no requiere que su decisión sea sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. Asimismo, del precepto transcrito se advierte que si bien en el procedimiento de elección de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se realiza previa convocatoria, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente al nuevo titular, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado. Por ende, si la elección del mismo no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Ya que si bien, la elección del Presidente de dicha Comisión está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que éstas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Morelos, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Lo anterior, se observa incluso de la propia convocatoria para nombrar al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, publicada el veinte de febrero de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, que anexa el promovente de amparo a su escrito de demanda: "La Junta Política procederá a elaborar y aprobar mediante voto ponderado, el dictamen con los aspirantes a Presidente y Consejeros Consultivos que cumplieron con las dos etapas anteriores, incluyendo en el dictamen los datos curriculares de los mismos, el cual se presentará al Pleno del Congreso para la designación de un Presidente; seis Consejeros Consultivos Titulares y tres Consejeros Consultivos Suplentes, materia de esta Convocatoria, mediante la votación de las dos terceras partes de los Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura." "SÉPTIMA.- DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN. Los aspirantes serán designados por el Pleno del Congreso por un período de tres años, en términos del artículo 23- B de la Constitución Política del Estado de Morelos." Ello, ya que si bien en los procedimientos de elección corresponde a la Junta Política calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. En este sentido, dado que en el amparo no podría juzgarse si las razones o motivos que llevaron a tal o cual diputado a votar por un determinado aspirante al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, son correctas o no, resulta lógico que el amparo resulte improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. Sustenta lo anterior por contener el mismo tema, la tesis 2a. LXXXIX/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, con registro 173819, de rubro siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, como la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, correspondiente a la Novena Época, del rubro: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, ya que la designación de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos constituye una actuación del Congreso del Estado emitida en ejercicio de la facultad soberana que le otorga la Constitución Política del Estado de Morelos, y éste ya fue designado mediante acuerdo emitido el veinte de junio del año en curso, por la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y como lo narra la parte quejosa en su escrito de demanda, es por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de cuenta; asimismo se tienen como autorizados con las facultades que refiere a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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