Octavo Cesar Guzman
Expediente 386/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Octavo Cesar Guzman
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 386/2022-III. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta instancia constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado, en esencia, el acuerdo de dieciocho de marzo del presente año, dictado dentro del proceso laboral de origen, únicamente en la parte en la cual la autoridad responsable señaló el veintiséis de agosto del año que transcurre, para que llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, de las constancias que exhibió el Presidente de la Junta responsable, se advierte que ha cesado el acto reclamado que dio origen al presente juicio constitucional, toda vez que por acuerdo de dos de los presentes mes y año, dictado en el juicio laboral de origen, dejó insubsistente la fecha y hora previamente señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar fijó las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo del año en curso para su celebración. De lo anterior se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró que durante la tramitación de este juicio constitucional, dejó insubsistente el acuerdo reclamado y señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, procede sobreseer en el presente juicio de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO . Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en autos, el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, remite copia certificada de la cotización recibida por parte de la empresa Salud y Tecnología BQL, sociedad anónima de capital variable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dese vista a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí realiza diversas manifestaciones, respecto de haber erogado una suma de dinero para adquirir un procesador distinto al requerido por el menor quejoso. En ese sentido, y toda vez que de autos se advierte que el menor quejoso ha sido valorado por especialistas del Hospital del Niño y la Mujer "Dr. Alberto López Hermosa" de esta ciudad, quienes informaron que, después de una revisión del implante del mismo, encontraron fallas en su dispositivo y que requiere la actualización de un procesador externo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia autorizada del oficio y anexo de cuenta, requiérase al Hospital del Niño y la Mujer "Dr. Alberto López Hermosa" de esta ciudad, autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, para que, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio respectivo, con base en los conocimientos médicos de sus expertos, y tomando en consideración el estado de salud del menor quejoso, así como el implante coclear con el que ya cuenta en el oído derecho, determine cuál es el tipo de procesador que éste requiere; lo anterior, a efecto de garantizar el más alto nivel posible de salud del infante y que sea atendido eficaz y eficientemente, como se resolvió en la sentencia dictada en el presente asunto. Con el apercibimiento, que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, téngase recibida y agréguese a los autos, la copia simple del oficio que el Administrador Desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí "1", dirige a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de México "2", del que se advierte que le remite diversas constancias a fin de que se haga efectiva la multa impuesta en el presente juicio a María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, en su carácter de Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social de San Luis Potosí; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, visto el estado que guardan los autos, a fin de hacer más práctico el manejo del presente expediente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el segundo tomo y agréguese al inicio del mismo copia autorizada del presente auto.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional; en atención a su contenido, téngase a la citada autoridad informando la imposibilidad jurídica y material de la Institución que representa, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Ahora bien, en atención a sus manifestaciones, así como al estado que guardan los autos, se desprende que mediante oficio recibido en este juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, registrado con el progresivo de correspondencia interna 13826, el Titular de la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, ambas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son las autoridades a las que les corresponde dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que dicho cumplimiento se encuentra dentro del ámbito de sus facultades y obligaciones. Por tanto, vincúlese al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, ambas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, corriéndoles traslado con copia autorizada de aquélla, y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, den cabal cumplimiento a la misma, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley; y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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