Octavio Augusto Cardoza Mora
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Octavio Augusto Cardoza Mora
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Octavio Augusto Cardoza Mora, contra actos de la Directora de Administración de la Fiscalía General del Estado, con cuatro copias y un anexo que acompaña; por la omisión que considera violatoria del derecho humano contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el progresivo 3/2022-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo que se promueve, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. En efecto, el artículo de la Ley de la materia dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso a estudio y por lo que respecta al acto que reclama el solicitante del amparo consistente en la omisión en que incurre la autoridad responsable en dar contestación a las peticiones presentadas ante la misma el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la citada Ley de Amparo, en relación con el 6°, del propio ordenamiento. Lo anterior se considera así, tomando en cuenta que la parte quejosa en su demanda, específicamente en el capítulo de acto reclamado, refiere que la autoridad responsable ha sido omisa en dar respuesta a su escrito, que según se advierte de la documental que acompañó como anexo a su ocurso, fue presentado ante la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado, según sello de recibido, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Sobre el particular cabe mencionar que conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona a la persona o a su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Por ende, si el escrito a través del cual el quejoso le solicitó a la responsable se le realicen los pagos que describe y de cuya omisión de dar contestación se duele en su demanda de amparo, fue presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno ante la citada autoridad y el ocurso de demanda a examen, se recibió el tres de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial, ello hace patente la improcedencia del juicio, pues únicamente transcurrieron siete días hábiles para atender su solicitud y realizar la notificación respectiva, por ende, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, aún no existe perjuicio alguno que se ocasione al peticionario del amparo ni violación a los derechos fundamentales previstos en el artículo 8° constitucional. Lo anterior, ateniendo a que no ha transcurrido un plazo razonable para que se dé respuesta a su escrito y se realice la notificación correspondiente, ya que se requiere de cierto tiempo a efecto de atender las cuestiones solicitadas, para así estar en posibilidad de darle contestación a sus peticiones y notificarle. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio al quejoso de mérito, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio constitucional indirecto que promueve ante este Juzgado de Distrito Octavio Augusto Cardoza Mora, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, del mismo ordenamiento, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Oscar Eduardo García Nava, quien cuenta con su cedula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Octavio Augusto Cardoza Mora, contra actos de la Directora de Administración de la Fiscalía General del Estado, con cuatro copias y un anexo que acompaña; por la omisión que considera violatoria del derecho humano contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el progresivo 3/2022-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo que se promueve, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. En efecto, el artículo de la Ley de la materia dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso a estudio y por lo que respecta al acto que reclama el solicitante del amparo consistente en la omisión en que incurre la autoridad responsable en dar contestación a las peticiones presentadas ante la misma el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la citada Ley de Amparo, en relación con el 6°, del propio ordenamiento. Lo anterior se considera así, tomando en cuenta que la parte quejosa en su demanda, específicamente en el capítulo de acto reclamado, refiere que la autoridad responsable ha sido omisa en dar respuesta a su escrito, que según se advierte de la documental que acompañó como anexo a su ocurso, fue presentado ante la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado, según sello de recibido, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Sobre el particular cabe mencionar que conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona a la persona o a su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Por ende, si el escrito a través del cual el quejoso le solicitó a la responsable se le realicen los pagos que describe y de cuya omisión de dar contestación se duele en su demanda de amparo, fue presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno ante la citada autoridad y el ocurso de demanda a examen, se recibió el tres de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial, ello hace patente la improcedencia del juicio, pues únicamente transcurrieron siete días hábiles para atender su solicitud y realizar la notificación respectiva, por ende, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, aún no existe perjuicio alguno que se ocasione al peticionario del amparo ni violación a los derechos fundamentales previstos en el artículo 8° constitucional. Lo anterior, ateniendo a que no ha transcurrido un plazo razonable para que se dé respuesta a su escrito y se realice la notificación correspondiente, ya que se requiere de cierto tiempo a efecto de atender las cuestiones solicitadas, para así estar en posibilidad de darle contestación a sus peticiones y notificarle. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio al quejoso de mérito, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio constitucional indirecto que promueve ante este Juzgado de Distrito Octavio Augusto Cardoza Mora, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, del mismo ordenamiento, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Oscar Eduardo García Nava, quien cuenta con su cedula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente al promovente.
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