Octavio Soriano Martinez
Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Octavio Soriano Martinez
- Lic. Olga Libia Ortuño Quiroz, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán
- Mario Everardo Ruiz Morell
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1232/2022, un disco compacto [CD] que contiene la resolución de las audiencias de control de archivo temporal de la causa penal número 301/2020, con numero único de caso 1003-2019-00957 y copia certificada de la resolución de ocho de junio del año en curso dictada dentro del recurso de revisión 108/2023, de la que se advierte que confirmó la sentencia recurrida que negó la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiérase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron autos originales y un disco compacto [CD] del juicio de amparo indirecto 1202/2022, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la el quejoso Octaviano Soriano Martínez, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 108/2023. Ahora bien, como lo pide el tribunal de alzada, se ordena habilitar el presente expediente electrónico 1232/2022, y vincularlo con el citado recurso de revisión 108/2023. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese por lista y cúmplase con la encomienda de la Analista Jurídico. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 apartado C, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Turno y admisión. Por razón de turno, le tocó conocer dicha demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, en donde en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la returnó a este Órgano por tener conocimiento previo de un diverso juicio de amparo, en donde se reclamaban actos derivados de la misma causa penal del acto aquí impugnado. Así, este Juzgado de Distrito la registró bajo el número 1232/2022, en proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós aceptó el returno planteado; desechó la demanda respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán; y la admitió respecto del atribuible al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia con sede en esta ciudad, se requirió a la responsable rindiera su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en su carácter de imputado de la causa penal de donde deriva el acto reclamado; asimismo a ******************** y ********************, que son los agentes del Ministerio Público que intervinieron en el acto. Efectuado lo anterior, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso ********************, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán consiste en: La resolución emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la causa ********************, que resolvió el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio de la cual confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia de impugnación de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós Probanza que alcanza valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. En ellos argumentó, que el Juez responsable vulnera su derecho humano de asesoría jurídica técnica y defensa adecuada, toda vez que su asesor jurídico no realizó una verdadera exposición de argumentos jurídicos que pusieran de manifiesto la ilegalidad del acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Que no obstante lo anterior, el Juez responsable omitió designarle un nuevo asesor jurídico o diferir la audiencia para que en su oportunidad se le designara uno especializado en la materia. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Para sostener el sentido que se asume en esta sentencia, debe señalarse que si bien el artículo 20, apartados C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho de la víctima o del ofendido el recibir asesoría jurídica; también lo es, que ello de ninguna manera implica que dicha asesoría en su aspecto material deba ser adecuada; en razón, de que tal prerrogativa se encuentra contemplada únicamente en favor del imputado. Para determinar dicha postura, quien resuelve abordará el estudio de los siguientes tópicos: a) el marco constitucional y legal de los derechos del imputado y de la víctima o defendido; b) la defensa adecuada en su defensa material; c) la asesoría Jurídica. Asimismo, deben contestarse las siguientes cuestiones: d) ¿la definición técnica del imputado es extensiva para la víctima o parte ofendida?; e) ¿existen condiciones que justifiquen la diferencia en contar con una defensa adecuada o una asesoría jurídica?; finalmente f) el estudio del caso concreto. Marco constitucional y legal de los derechos del imputado y de la víctima o defendido En principio, resulta conveniente traer a glosa el artículo 20, apartados B, fracción III y C fracción I, de la ley fundamental, que prevé tanto los derechos del imputado, como los de la víctima u ofendido, del tenor literal siguiente: "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; Esto es, del parámetro constitucional transcrito deriva, el derecho del imputado a tener una defensa adecuada por un abogado. De igual forma, el derecho de la víctima o parte ofendida, a recibir una asesoría jurídica. Derechos que se ven reflejados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los numerales 17, 109, 110, 113 y 115, así como en los preceptos 12 y 125 de la Ley General de Víctimas, de las que deriva, lo siguiente: Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico; V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; VI. A ser tratado con respeto y dignidad; VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español; XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos; XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional; XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código; XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código. Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables. "Artículo 110. Designación de Asesor jurídico En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección." "Artículo 115. Designación de Defensor El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste o ante la omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda. La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Ley General de Víctimas. "Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos; II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. La Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados para tal fin, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas con cargo a su Fondo Estatal, según corresponda, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia. "Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas: I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción; II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley; III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley; IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; V. Formular denuncias o querellas; VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante. De la anterior transcripción se advierte: Respecto de la defensa adecuada del imputado: El derecho fundamental e irrenunciable de Defensa, el cual deberá ejercer siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste. El contar con una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda. Derecho a una defensa técnica. Derecho a que el Órgano jurisdiccional vele sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica. Cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate. El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención. A falta de éste o ante la omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda. Por lo que toca a la asesoría jurídica de la Víctima o del ofendido: El derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico. El derecho a que el Asesor jurídico, sea licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. El derecho a que si no puede designar uno particular, le sea proporcionado uno, a solicitud de la víctima; lo que incluye su derecho a elegir libremente a su representante legal. A que cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. El Asesor procurará hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con dicho objetivo. El Asesor brindará a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce la Ley. El Asesor Tramitará, supervisará o, cuando se requiera, implementará las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley General de Víctimas. Dichas concesiones y las demás que dispongan los ordenamientos jurídicos aplicables, como se dijo, conforman en su conjunto el denominado derecho de defensa adecuada del imputado y asesoría jurídica de la víctima o del ofendido. Defensa adecuada en su vertiente material: Ahora, respecto de la defensa adecuada en su vertiente material, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 1182/2018 y 1183/2018, precisó que ésta se constriñe en la asistencia adecuada a través de un defensor. Por ende, los órganos jurisdiccionales les correspondientes, deben tomar medidas para garantizar que el abogado defensor tenga los conocimientos y la capacidad necesaria para evitar la vulneración del citado derecho en perjuicio del justiciable. De igual forma, la citada Sala desarrolló un parámetro con el cual los juzgadores deben evaluar el cumplimiento del derecho a la defensa adecuada en su vertiente material. Este parámetro consiste en verificar que los defensores satisfagan un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales, consistentes en proteger y promover los intereses del inculpado de acuerdo con las circunstancias fácticas (pruebas, hechos, etcétera) y normativas del caso (posibilidades jurídicas como recursos, beneficios, entre otros). Respecto de la vertiente material se sostuvo que durante el proceso penal corresponde al órgano jurisdiccional vigilar que el derecho a gozar de una defensa adecuada no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, por lo que, en los casos en los que se alegue una inadecuada defensa, debe evaluar la defensa proporcionada, a través del parámetro integrado con los siguientes elementos: Fallas ajenas a la voluntad del imputado. Que las fallas o deficiencias en la defensa no sean consecuencia de la estrategia planteada por la defensa. Impacto en el sentido del fallo. Esto es, la Primera Sala determinó que los juzgadores penales deben vigilar la actuación del defensor, en aras de evitar la vulneración del derecho a la defensa material, en perjuicio del justiciable, sin que baste para tutelarlo la sola designación de un licenciado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione una asistencia real y operativa. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Girón y Otro Vs. Guatemala, el quince de octubre de dos mil diecinueve, precisó que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado. Que el derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal; por una parte, a través de los propios actos del inculpado y por la otra, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos. De igual manera, que el derecho de defensa implica que ésta sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permite fortalecer la protección del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Además, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública los estados deben implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas. La asesoría jurídica Una vez que se dejó claro en qué radica el aspecto de la defensa adecuada en su vertiente material, ahora debemos referirnos al derecho que le asiste a la víctima o al ofendido, el cual, conforme a las disposiciones constitucionales y legales transcritas en párrafos precedentes, estriba en el derecho derecho a recibir asesoría jurídica, que se constriñe a ser informado de los derechos que en su favor se establecen, el cual tiene como objetivo a que tenga la oportunidad de participar en él, incluyendo la posibilidad de presentar pruebas y de solicitar la reparación del daño. ¿La defensa técnica del imputado es extensivo para la víctima del delito o parte ofendida? En concordancia con lo expuesto, el punto jurídico a clarificar en el asunto de que se trata, consiste en si el derecho de defensa técnica del imputado es extensivo a las prerrogativas que constitucionalmente fueron dadas a la víctima del delito o parte ofendida; y la respuesta es no. Se afirma lo anterior, porque de acuerdo al parámetro legal inserto en párrafos precedentes, permite concluir que el quejoso parte de una premisa falsa, al confundir o pretender, que el derecho del imputado a una defensa adecuada en su vertiente material, sea proporcional al derecho victimal de asesoría jurídica. Esto, porque el derecho a una adecuada defensa en su vertiente material únicamente se encuentra contemplado para el imputado y no para la víctima, quien si bien es cierto tiene derecho a contar con un asesor jurídico en cualquier etapa del procedimiento a través del cual podrá intervenir, quien deberá asesorarle, representarle e informarle del desarrollo del procedimiento. También lo es, que dicha asesoría no llega al extremo de que deba ser adecuada, al grado de que el órgano jurisdiccional verifique aspectos tales como el desconocimiento técnico del procedimiento del abogado o la asistencia real y operativa; porque simple y sencillamente ni en la Constitución ni en la legislación se encuentra contemplado de esa manera. En ese sentido, cabe preguntarse si: ¿existen condiciones que justifiquen la diferencia en contar con una defensa adecuada o una asesoría jurídica? A lo que este juzgado estima que la respuesta es positiva. Situación que se encuentra justificada, si atendemos a que el derecho a una defensa técnica adecuada en su vertiente material y el diverso a una asesoría jurídica, tutelan bienes constitucionales distintos; esto es, el primero el de la "libertad personal" del imputado y el segundo, el de "reparación del daño y conocimiento a la verdad" de la víctima o del ofendido. Lo que tiene razón de ser, porque no obstante que tales derechos del imputado y de la víctima deben respetarse en un marco de igualdad; el ejercicio correcto de la actividad judicial debe desenvolverse en un ámbito de equidad entre las partes. Por ello, si el bien constitucional que protege del imputado es el de la "libertad personal", es evidente que la salvaguarda impuesta por el legislador sea mayor que una simple asesoría jurídica y se exija, que el juez actúe con un mayor espectro de acción para remover e incluso vigilar el actuar del defensor. Lo que no ocurre en tratándose de la víctima o parte ofendida, porque en primer lugar, el bien constitucional que protege de la "reparación del daño y conocimiento de la verdad" no lleva implícita afectación a la libertad personal; y en segundo, porque sus derechos están tutelados primariamente por el Ministerio Público. En relación a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1211/2020, determinó que el reconocimiento del derecho que tienen las víctimas u ofendidos a ser asesorados y representados dentro de la investigación y el proceso penal por un asesor jurídico, no desplaza a la figura del Ministerio Público de sus funciones primordiales dentro del proceso penal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20, apartados A, fracción V y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política del país. Que dicho dispositivo prevé que el Ministerio Público es en quien recae el peso de la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad de la persona acusada conforme al tipo penal que se le atribuye, así como solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad correspondientes, incluso está obligado a solicitar el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas u ofendidos, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente. Lo anterior, en consonancia con el deber de investigar los delitos y ejercer acción penal, en términos del artículo 21 de la propia Constitución. También precisó la Primera Sala, que las funciones anteriores se desdoblaron en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé que el Ministerio Público será el encargado de solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan; así como de solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos puedan solicitarlo directamente. Además, el Ministerio Público, a través de sus funciones de investigar y acusar la comisión de un delito, asegura que las víctimas conozcan la verdad (esclarecimiento de los hechos) y que se les repare el daño, incluso en aquellos casos en los que su asesor jurídico los abandona, o su asesoría es deficiente y si la víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar a otro asesor jurídico, el Ministerio Público los representará. Lo que se desprendía del artículo 57, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 14 de la Ley General de Víctimas. De lo que advirtió el rol y los derechos que tienen las víctimas u ofendidos dentro del proceso penal, así como la amplitud que se ha dado a éstos; sin embargo, estimó la Primera Sala, que dicha amplitud no desplaza la función que tiene el Ministerio Público en dicho proceso penal. Lo que estimó de ese modo, pues precisó, que en el proceso penal el Ministerio Público, de conformidad con el párrafo primero del artículo 21 de la Constitución Política del país, es el órgano encargado de dirigir las investigaciones sobre la posible comisión de delitos, reunir las pruebas suficientes para sostener una acusación y ejercer la acción penal. Que de igual manera, es el órgano que tiene la facultad conferida constitucionalmente de solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan a la persona acusada. Una de las obligaciones que ha tenido históricamente y que sigue vigente es la de solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstas lo soliciten. Añadió que además, con independencia de si hay impulso procesal de la víctima u ofendido en el proceso o de su asesor jurídico, el Ministerio Público es la figura que por sí misma asegura que se esclarezcan los hechos y que se repare el daño; incluso, funge como garante cuando las víctimas u ofendidos tengan una inadecuada asesoría o el abandono de ésta, pues asume las funciones de representación de la víctima, por lo que ésta no queda desamparada. Bajo la óptica jurídica anterior, es que este Juzgador estima que el derecho de asesoría jurídica de la víctima o del ofendido, de ninguna manera implica que deba equipararse a de defensa adecuada en su vertiente formal y material prevista para el imputado; en razón de que, por una parte, aquélla tiene límites, al tutelar bienes constitucionales distintos; y por otra, si bien debe respetarse el derecho de ambas partes, ello debe realizarse en un ámbito de equidad entre las mismas. Por lo que si el imputado tiene comprometida su "libertad personal", quien además debe defenderse tanto de la acusación del Estado, como de la víctima; mientras que este último, únicamente tiene que hacerlo respecto de la defensa de aquél, pues incluso tiene protegidos sus derechos indirectamente por el Ministerio Público; es indudable que, como ya se dijo, el derecho de defensa adecuada en su vertiente material de ninguna manera debe extenderse a la asesoría jurídica de la víctima. Lo anterior tiene mayor razón de ser, porque cuando el imputado se encuentra privado de su libertad, existen condiciones de precariedad análogas que justifican, en principio, que el Estado lleve a cabo acciones para garantizar el derecho a la asistencia de un abogado, dado que se encuentra en una situación de especial sujeción frente al Estado, dado que la reclusión, en sí misma, entraña un serio obstáculo para representarse a sí mismo pues implica una barrera física para allegarse de pruebas, acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, etcétera. Precisado lo anterior, este juzgador procede al análisis del caso concreto Caso concreto. De inicio, del contenido de las constancias que obran en el disco versátil digital aportado por el Juez responsable se advierte -en lo que interesa- que: Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso ******************** solicitó al Juez de Control le designara un asesor jurídico de oficio. Atento a lo anterior, en proveído de esa misma data el Juez responsable solicitó a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a la brevedad proporcionara el nombre de un asesor jurídico. Mediante oficio presentado el seis de octubre de la anualidad próxima pasada, el Titular de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito, designó al licenciado en derecho ********************, lo que se acordó de conformidad en esa misma data. El trece de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal, misma que fue diferida en atención a la inasistencia del asesor victimal, señalándose para su desahogo las nueve horas del veinticuatro de ese mismo mes y año, en la que encontrándose presente el licenciado ********************, se determinó la improcedencia del mismo. En concordancia con lo anterior se obtiene, que las prerrogativas de la víctima u ofendido en su vertiente a una "asesoría jurídica" se encuentra satisfecho, toda vez que los antecedentes citados revelan que, en la celebración de la audiencia de imputación del no ejercicio de la acción penal, el quejoso fue asistido por un asesor jurídico designado por el propio juez de control, previa solicitud a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas para que le proporcionase a un licenciado en derecho. Lo que conlleva, a que se colme la exigencia de contar con un asesor jurídico designado de oficio; sin que ello implique una asesoría técnica adecuada, y que por ende el juzgador se encuentra obligado a verificar la omisión o desconocimiento técnico del abogado, esto es, su asistencia real y operativa; en virtud de que, como se determinó, esa salvaguarda corresponde únicamente para el imputado, porque el bien constitucional protegido a este último es distinto al de la víctima y sus derechos deben resolverse en un ámbito de equidad. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, se concluye que los actos reclamados no afectan en perjuicio de las quejosas los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 apartado C, fracción I de la Constitución Federal, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, AL TERCERO INTERESADO MARIO EVERARDO RUIZ MORELL POR SI O POR CONDUCTO DE SU APODERADO JURIDICO LA SENTENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION CON EL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-
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