Octavio Romero Yacuta

Expediente 429/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
429/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Octavio Romero Yacuta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 429/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por el Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certificada que únicamente presentó escrito de alegatos el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito. Con relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 7-14) en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Octavio Romero Yacuta, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20 apartado b), 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 8°, 15 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 429/2022; en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós se admitió (foja 15); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Tercero. Inexistencia de autoridades responsables. En auto de dos de mayo de dos mil veintidós (foja 62), se determinó que eran inexistentes las autoridades "Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía general de Morelia" y "Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General Región Morelia, con residencia en esta ciudad"; por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas, Cuarto. Carácter de tercero interesado. En proveído de diez de mayo de dos mil veintidós (foja 73), se reconoció el carácter de tercero interesado a José Javier Cortés Zayas y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de Erika Daniela Ruiz y Heriberto Bautista Uribe, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán. Quinto. Separación de juicios. En proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós (foja 81), este órgano de control jurisdiccional decretó la separación de autos respecto del presente asunto, ya que los actos reclamados por el quejoso derivaban de diversos asuntos, por lo que se determinó que el únicamente se resolvería respecto de los actos reclamados que derivan de la causa penal 1150/2021, del índice del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso al Jueces de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia (Fernando Hernández Hernández y Ariel Montoya Romero); a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía, al Coordinador General de la Policía de Investigación, a la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, al Encargado del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, son: La orden de aprehensión emitida el cinco de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1150/2021, por el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, en agravio de José Javier Cortés Zayas; así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia (Fernando Hernández Hernández), a la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia y al Encargado del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. El Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia (Fernando Hernández Hernández), la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia y el Encargado del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso (fojas 36, 59, 24, 34 y 53). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia (Fernando Hernández Hernández), a la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia y al Encargado del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia (Ariel Montoya Romero); a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía, al Coordinador General de la Policía de Investigación, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 71, 27, 30 y 32). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1150/2021, en la que se emitió la orden de aprehensión reclamada; así como de la copia digital certificada de la referida causa penal. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Mediante escrito presentado en este órgano de control constitucional el veintiuno de junio de dos mil veintidós (foja 105) la Agente del Ministerio Público adscrita, manifestó que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al efecto refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de las documentales exhibidas por el juez responsable se advierte que el quejoso, tiene el carácter de imputado dentro de la causa de origen y que la orden de aprehensión reclamada fue emitida en su contra, lo que evidentemente le concede interés jurídico para promover el presente juicio de amparo; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere la representante social adscrita. Por tanto, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Sexto. Estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son infundados. Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció dentro de la demarcación territorial del distrito judicial de Pátzcuaro, el cual comprende parte de la región judicial en donde ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 133, fracción I, adjetivos, en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; como así lo refirió el propio juez responsable [minuto 25:41 de la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós]. Entonces, es claro que la Juez de Control de la Región Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que como lo refirió la juez y de lo expuesto por los agentes del ministerio público en la audiencia respectiva, se advierte la existencia de una querella presentada por la víctima José Javier Cortés Zayas [minuto 26:36]. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra el quejoso Octavio Romero Yacuta y otros, fue por el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán, el cual es sancionado con pena privativa de libertad de uno a dos años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. En efecto, al respecto la juez responsable adujo lo siguiente: [Minuto 27:03 al 33:47] "[.] El hecho se sustenta en los datos de prueba que ha indicado. Específicamente su denuncia corroborada por el testimonio de Eduardo Hernández Almazán, Julio César Rodríguez Barrón, quienes fueron testigos presenciales del hecho, además del resultado material observado por parte de los peritos de la fiscalía del Estado y cuantificados por éste. Esta información además fue corroborada a través del análisis de video donde se aprecia una dinámica coincidente con aquello que narran los testigos presenciales, esto es la víctima y el testigo presencial del hecho. Estos datos de prueba los tomo en consideración porque hasta este momento si bien es cierto no han sido sujetos de contradicción por la naturaleza privada de esta audiencia sí advierto razonabilidad en los mismos, además no advierto que en su obtención o incorporación a la carpeta de investigación se hubiese vulnerado algún derecho fundamental o alguna de las reglas que para su integración a la carpeta de investigación prevé al Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos datos de prueba son suficientes para tener por acreditado, perdón, generan indicios suficientes para hacer presumir razonablemente el hecho que pretende imputar el agente del ministerio público. Evidentemente este hecho tiene apariencia de delito de daño en las cosas, específicamente porque existió una acción dolosa de dañar o deteriorar un bien, en específico, aquellas obras de construcción que estaba realizando el señor José Javier Cortés Zayas en el domicilio de su propiedad que comenzó el día once de diciembre, en tanto que el catorce de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce treinta horas cuando se estaban realizando estos trabajos sobre el predio propiedad del imputado, denominado "atapaneo" ubicado en la tenencia de Zirahuén, es que acuden hasta ese lugar los investigados, ingresando en varias camionetas, ocupadas por diversas personas, de las cuales el hecho les es atribuido solamente a los imputados porque los testigos presenciales del hecho señalan que ellos se percatan cómo, portando machetes palos y piedras iban comandados por Emilio Paz Cázares, Octavio Romero Yacuta, Flor Esmeralda Árciga Ramírez, Rodolfo Paz Saucedo y Jaime Paz Saucedo. Y que en ese momento Flor Esmeralda se dirigió hacia la víctima de manera agresiva le dijo que dejara de construir o que le iban a matar, al mismo tiempo que Emilio, Octavio, Rodolfo y Jaime, los restantes imputados con marro en mano comenzaron a romper las bases de concreto que estaban colocadas en el lugar siendo incluso grabados por Julio César Rodríguez Barrón, quien también fue amenazado para que dejara de realizar esta actividad. Evidentemente que esta acción dolosa que se ocasiona a las obras en construcción que estaba realizando la víctima se ocasionó en una cosa, hasta este momento, ajena, pues si bien es cierto los imputados aducen ser propietarios de dicho predio, lo cierto es que el delito de daño en las cosas puede materializarse tanto en cosa ajena como en propia, siempre y cuando se haga en perjuicio de un tercero y en este caso de acuerdo con la información aportada por el agente del ministerio público y los testigos, la obra estaba siendo financiada y realizada por la víctima, esto es, fue quien adquirió el material de acuerdo al testimonio de los testigos presenciales del hecho, quienes estaban realizando la obra y quienes incluso se refieren a la víctima como su patrón, sobre un predio que hasta este momento el ministerio público tiene por acreditado a través de la documental consistente en la escritura pública 35938 respecto que de ese predio sobre el cual se realizaban las obras de construcción era propiedad de la víctima José Javier Cortés Zayas. Esta conducta es imputable a los imputados, y existe una relación de causalidad entre la conducta desplegada y el daño que se causó porque suprimiendo la conducta de los imputados de acudir al lugar y llevar a cabo esta acción dolosa de daño o deterioro sobre los bienes propiedad de la víctima el resultado desaparece, por eso es por lo cual se puede inferir razonablemente que fue por motivo de la conducta que se produjo ese daño y que por lo tanto hay una relación de causalidad entre ambos. Ahora bien, la probabilidad de que hayan sido los imputados quienes realizaron tal conducta también se encuentra acreditada, esta intervención o participación en el hecho se les atribuye específicamente la víctima quien fue testigo presencial del mismo así como los testigos Eduardo Hernández Almazán y Julio César Rodríguez Barrón, ellos son coincidentes en señalar que estaban en el lugar cuando llegaron estos investigados y realizaron la conducta que les atribuye el agente del ministerio público. Hasta este momento no hay ningún contraindicio que llevara a poner en duda la intervención de aquellos por lo tanto a título de probabilidad está acreditado que fueron estos quienes realizaron la conducta que les atribuyó el agente del ministerio público. [.]". De lo transcrito se advierte que el juez tomó en consideración los actos de investigación expuestos por el ministerio público, para concluir que se había cometido el hecho atribuido al quejoso y a otros y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el juez adujo que también se cumplían con los diversos escritos estipulados en la fracción III del artículo 141, ya que el quejoso había evadido la orden de comparecencia dictada en su contra, a pesar de haber sido debidamente notificados de tal citación. Con relación a ello adujo: "[.] Adicional a ello, en fecha primero de diciembre de dos mil veintiuno se dictó una orden de comparecencia cuyo cumplimiento ha sido evadido por parte de los imputados, de acuerdo al informe presentado por parte de los elementos encargados de la cumplimentación de la misma, la comunidad no da información sobre los imputados con el efecto que no se pudiera llevar a cabo la cumplimentación de la misma. Adicionalmente la testigo que fue entrevistada por los elementos policiacos refiere que estos se encuentran en el cerro y que no es posible su localización. La siguiente fracción [sic] señala que la autoridad judicial declarara sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. En el caso específico los imputados han sido debidamente citados, tiene conocimiento de la cita que se les realizó, porque la Juez Menor Mixta del Distrito Judicial de Pátzcuaro se constituyó en el domicilio de aquellos para efecto de llevar a cabo su notificación y ellos incluso le señalaron que sí tenían conocimiento de esta citación pero que su abogado les había recomendado no acudir incluso no proporcionar información. Su domicilio fue localizado a través de coordenadas geográficas aportadas por la fiscalía luego se tiene la certeza de que Emilio Paz Cázares, Octavio Romero Yacuta, Flor Esmeralda Árciga Ramírez, Rodolfo Paz Saucedo y Jaime Paz Saucedo conocen la citación que se les realizó, sin embargo, tomaron la determinación de incumplir con la citación que se les hizo. Derivado de lo anterior es que se cumple, a mi juicio, con la totalidad de los requisitos que para emitir una orden de aprehensión exige el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 16 del Código Penal del Estado [sic]". La necesidad de cautela. Con relación a dicho requisito la juez señalada como responsable determinó: [Minuto 37:37] "La necesidad de cautela además se encuentra acreditada por la rebeldía de los imputados de comparecer a la audiencia, esto es, se ha agotado la cita, se ha agotado la orden de comparecencia y no han acudido en primer término al ser citados y han evadido el cumplimiento la orden de comparecencia, motivo por el cual se justifica esa necesidad de cautela porque solamente a través de este medio de conducción pueden ser presentados ante esta autoridad para el inicio de la causa a través de la audiencia inicial los imputados referidos [.]". Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Con relación a ello, adujo la juez que de la información proporcionada por el agente del ministerio público se podía establecer lo siguiente: "[.] el catorce de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las doce treinta horas cuando se estaban realizando estos trabajos sobre el predio propiedad del imputado, denominado "atapaneo" ubicado en la tenencia de Zirahuén, es que acuden hasta ese lugar los investigados, ingresando en varias camionetas, ocupadas por diversas personas, de las cuales el hecho les es atribuido solamente a los imputados porque los testigos presenciales del hecho señalan que ellos se percatan cómo, portando machetes palos y piedras iban comandados por Emilio Paz Cázares, Octavio Romero Yacuta, Flor Esmeralda Árciga Ramírez, Rodolfo Paz Saucedo y Jaime Paz Saucedo. Y que en ese momento Flor Esmeralda se dirigió hacia la víctima de manera agresiva le dijo que dejara de construir o que le iban a matar, al mismo tiempo que Emilio, Octavio, Rodolfo y Jaime, los restantes imputados con marro en mano comenzaron a romper las bases de concreto que estaban colocadas en el lugar siendo incluso grabados por Julio César Rodríguez Barrón, quien también fue amenazado para que dejara de realizar esta actividad." [.]". Por lo antes expuesto, se estima que la orden de aprehensión reclamada cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, el quejoso señala que fue privado de su libertad sin que hubiere cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento y por ende al debido proceso. Asimismo, invoca las tesis de rubros "DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL, DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS" Y "DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, SU CONTENIDO". Concepto de violación que es infundado. Lo anterior es así, porque la obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento y éste numeral no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión. Es aplicable al caso la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación Quinta época, con registro 302153, tomo XCVI, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." Finalmente, no pasa inadvertido este juzgador que el quejoso refiere en los "hechos" de su demanda que días antes de la presentación de su demanda, diversos vehículos sin placas de circulación y sin insignias de alguna institución gubernamental, se desplegaron hacia la comunidad indígena de Zirahuén para preguntar por él; por lo que se podría pensar que debe aplicarse el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas"; sin embargo, no es procedente. En efecto, si bien de conformidad con el principio de autoidentificación [que el propio protocolo señala como uno de los seis principios de carácter general que de acuerdo con los instrumentos internacionales deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en los que estén involucradas personas, comunidades y pueblos indígenas] la autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Nacional; también lo es que se debía tener por acreditado que el quejoso es indígena, lo que en el caso no acontece, incluso el promovente el amparo no se autoadscribe como tal. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía, y del Coordinador General de la Policía de Investigación, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Octavio Romero Yacuta, por lo que respecta a los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Octavio Romero Yacuta, contra el acto reclamado y autoridades que se estimaron ciertos, por las razones expresadas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el ocurso firmado por el tercero interesado José Javier Cortes Zayas y en atención a su contenido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo se le tiene apersonándose en el presente juicio de amparo. De igual forma, se tiene señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultados para ejercer la profesión de licenciado o licenciada en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el diecinueve de julio del presente año, se ordenó emplazar a José Javier Cortés Zayas, en el domicilio que proporcionó el asesor jurídico del tercero interesado al actuario de este órgano jurisdiccional. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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