Octavio Lima Herrera
Expediente 938/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 29/07/2021
Partes del expediente
- Octavio Lima Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: .a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, en un plazo que no podrá ser superior a los cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta resolución realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución interlocutoria de once de marzo de dos mil veinte, que resolvió el incidente de reducción de pensión provisional, promovido dentro del juicio ... del índice del juzgado responsable. Dicte un acuerdo en el que recabe, de oficio, las pruebas necesarias que le permitan dilucidar, objetiva y claramente, la capacidad económica del deudor, por lo que deberá solicitar información sobre los ingresos, bienes, declaraciones de impuestos, o cualquier otra evidencia referente a los ingresos del sujeto obligado, a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, Registro Público de la Propiedad de esta entidad federativa, Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla; asimismo, deberá requerir a las instituciones del sistema bancario nacional, para que informen si existen o existieron -a la fecha de la presentación del incidente- cuentas a nombre del deudor, así como los montos depositados en ellas. Asimismo, deberá recabar las pruebas necesarias para indagar si el deudor quejoso efectivamente le proporciona alimentos al menor ..., o, en su caso, si lo tiene incorporado en su domicilio. De igual manera, deberá investigar si el menor de edad ... tiene una especial condición que requiera de atención clínica, médica o de cualquier otra índole, que lo haga merecedor de una protección reforzada. Hecho lo anterior, el juez responsable deberá dictar una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción, valore todo el material probatorio, y resuelva el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional planteado por el deudor alimentario. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, se desprende mediante proveído del siete de abril de dos mil veintiuno, que la autoridad responsable realizó lo siguiente: El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de once de marzo de la anualidad en curso, misma que resolvió el incidente de reducción de pensión provisional, promovido por Octavio Lima Herrera dentro del juicio 262/2018 de su índice. Ordenó girar oficio a diversas dependencias, a fin de dilucidar, objetiva y claramente la capacidad económica del deudor alimentario. Requirió al demandado para que dentro del plazo de veinticuatro horas ofreciera pruebas tendentes a justificar que le proporcionaba alimentos al menor de identidad reservada G.L.V o en su caso, precisara si lo tenía incorporado en su domicilio; asimismo, en el mismo término exhibiera un certificado médico del estado de salud actual del menor de referencia. Así, en el proveído del trece de abril del actual, la autoridad responsable informó: Que la parte demandada, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tenía incorporado en su domicilio al menor de identidad reservada. Que se hacía cargo de los gastos de manutención del menor. Exhibió comprobantes de pago de tratamiento dental. Dos notas de remisión de gastos. Siete recetas médicas; constancia de estudios, así como un certificado médico expedido. Consecuentemente, mediante proveído del seis de mayo siguiente, el Juez responsable precisó que respecto del inciso b) de acuerdo al certificado emitido por el médico del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, se advirtió que el menor de edad G.L.V fue diagnosticado con estado de salud sano, por lo que la autoridad responsable infirió que el menor no tiene una especial condición que requiera de atención clínica, médica o de cualquier otra índole Y, el doce de mayo del actual, la autoridad responsable dio contestación al inciso a) y al efecto indicó que hasta ese momento no habían dado contestación las diversas dependencias a las cuales se giraron oficios a fin de recabar la capacidad económica del deudor, por lo que les formuló un diverso requerimiento. Posteriormente, el dos de junio del presente año, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, indicó que con la información recabada le era posible dilucidar objetivamente y claramente la capacidad económica del deudor alimentario, por lo que ordenó turnar los autos para dictar la interlocutoria respecto del incidente de reducción de pensión provisional promovido por Octavio Lima Herrera -parte quejosa en el presente asunto- y el cuatro del mes y año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de reducción de pensión alimenticia emitida en el expediente 262/2018 de su índice. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla con las constancias antes descritas demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que Edwin David Cruz Perdomo, autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada, realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la sentencia; en atención a su contenido, se le tiene por conforme con las consideraciones las gestiones realizadas por la autoridad responsable. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el sentido que el juez de origen no realizó un estudio exhaustivo para resolver el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido en los autos del juicio de origen. Ello se estima así, debido a que tales planteamientos escapan de la materia de análisis que se hace en este proveído, respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, motivo por el que no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia. Por lo expuesto, es factible llegar a la conclusión que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: .a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, en un plazo que no podrá ser superior a los cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta resolución realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución interlocutoria de once de marzo de dos mil veinte, que resolvió el incidente de reducción de pensión provisional, promovido dentro del juicio ... del índice del juzgado responsable. Dicte un acuerdo en el que recabe, de oficio, las pruebas necesarias que le permitan dilucidar, objetiva y claramente, la capacidad económica del deudor, por lo que deberá solicitar información sobre los ingresos, bienes, declaraciones de impuestos, o cualquier otra evidencia referente a los ingresos del sujeto obligado, a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, Registro Público de la Propiedad de esta entidad federativa, Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla; asimismo, deberá requerir a las instituciones del sistema bancario nacional, para que informen si existen o existieron -a la fecha de la presentación del incidente- cuentas a nombre del deudor, así como los montos depositados en ellas. Asimismo, deberá recabar las pruebas necesarias para indagar si el deudor quejoso efectivamente le proporciona alimentos al menor ..., o, en su caso, si lo tiene incorporado en su domicilio. De igual manera, deberá investigar si el menor de edad ... tiene una especial condición que requiera de atención clínica, médica o de cualquier otra índole, que lo haga merecedor de una protección reforzada. Hecho lo anterior, el juez responsable deberá dictar una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción, valore todo el material probatorio, y resuelva el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional planteado por el deudor alimentario. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, se desprende mediante proveído del siete de abril de dos mil veintiuno, que la autoridad responsable realizó lo siguiente: El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de once de marzo de la anualidad en curso, misma que resolvió el incidente de reducción de pensión provisional, promovido por Octavio Lima Herrera dentro del juicio 262/2018 de su índice. Ordenó girar oficio a diversas dependencias, a fin de dilucidar, objetiva y claramente la capacidad económica del deudor alimentario. Requirió al demandado para que dentro del plazo de veinticuatro horas ofreciera pruebas tendentes a justificar que le proporcionaba alimentos al menor de identidad reservada G.L.V o en su caso, precisara si lo tenía incorporado en su domicilio; asimismo, en el mismo término exhibiera un certificado médico del estado de salud actual del menor de referencia. Así, en el proveído del trece de abril del actual, la autoridad responsable informó: Que la parte demandada, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tenía incorporado en su domicilio al menor de identidad reservada. Que se hacía cargo de los gastos de manutención del menor. Exhibió comprobantes de pago de tratamiento dental. Dos notas de remisión de gastos. Siete recetas médicas; constancia de estudios, así como un certificado médico expedido. Consecuentemente, mediante proveído del seis de mayo siguiente, el Juez responsable precisó que respecto del inciso b) de acuerdo al certificado emitido por el médico del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, se advirtió que el menor de edad G.L.V fue diagnosticado con estado de salud sano, por lo que la autoridad responsable infirió que el menor no tiene una especial condición que requiera de atención clínica, médica o de cualquier otra índole Y, el doce de mayo del actual, la autoridad responsable dio contestación al inciso a) y al efecto indicó que hasta ese momento no habían dado contestación las diversas dependencias a las cuales se giraron oficios a fin de recabar la capacidad económica del deudor, por lo que les formuló un diverso requerimiento. Posteriormente, el dos de junio del presente año, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, indicó que con la información recabada le era posible dilucidar objetivamente y claramente la capacidad económica del deudor alimentario, por lo que ordenó turnar los autos para dictar la interlocutoria respecto del incidente de reducción de pensión provisional promovido por Octavio Lima Herrera -parte quejosa en el presente asunto- y el cuatro del mes y año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de reducción de pensión alimenticia emitida en el expediente 262/2018 de su índice. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla con las constancias antes descritas demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por otra parte, del estado de autos se advierte que Edwin David Cruz Perdomo, autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada, realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la sentencia; en atención a su contenido, se le tiene por conforme con las consideraciones las gestiones realizadas por la autoridad responsable. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el sentido que el juez de origen no realizó un estudio exhaustivo para resolver el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido en los autos del juicio de origen. Ello se estima así, debido a que tales planteamientos escapan de la materia de análisis que se hace en este proveído, respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, motivo por el que no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia. Por lo expuesto, es factible llegar a la conclusión que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, por el cual manifiesta que el treinta y uno de mayo de la presente anualidad cumplió con el fallo protector, toda vez que el pasado cuatro de junio se tuvieron por recibidas las constancias de mérito. Cúmplase.
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