Octavio Gustavo Ruel Bellon
Expediente 1339/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Octavio Gustavo Ruel Bellon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se analiza el cumplimiento de la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "A. Tome las medidas necesarias a fin de que, en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, formule el proyecto de laudo y, una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo." Ejecutoria. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo amparador y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Gestiones por parte de la autoridad. En atención a la ejecutoria de amparo, por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando que en el expediente ********************de su índice, el once de octubre del año en curso, emitió resolución en forma de laudo. Cabe destacar que a las constancias que remitió la responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Valoración del cumplimiento. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dictó el laudo en el juicio laboral ******************** De lo expuesto, se desprende que la responsable se ciñó a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Conocimiento a las partes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno electrónico, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de seis de octubre de esta anualidad, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó el juicio y, por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: IX. DECISIÓN (.) 91. Por otro lado, en atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Sur, Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la suspensión de la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada a favor de la quejosa mediante resolución ..., que derivó del oficio ... de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, hasta en tanto no se resuelva la investigación que se hubiera instaurado en su contra, o bien, de ser el caso, la autoridad penal emita una medida provisional al respecto. Además, deberá realizar el pago de las cantidades que se dejaron de cubrir por concepto de la citada pensión desde que se ordenó la suspensión reclamada [considerando aquellas que ya fueron pagadas con motivo de la reactivación que acreditó haber realizado desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de suspensión de este juicio de amparo]. Inconforme, la autoridad responsable, Jefa del Departamento de Pensiones Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano Del Seguro Social en Puebla, por conducto de su representación, interpuso recurso de revisión, mismo que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual lo radicó bajo el número 192/2022 y, mediante resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia de amparo. Ejecutoria. Así, mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y, por tanto, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Gestiones de cumplimiento. Consecuentemente, mediante proveídos de veintiséis de enero, nueve de febrero, seis de marzo, diez y veintiséis de abril, todos de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido lo siguiente: Oficio de veinte de enero de dos mil veintitrés, por el cual la representación de la autoridad responsable, Jefa del Departamento de Pensiones Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, remitió copia certificada de las constancias que acreditaron que dejó insubsistente el oficio ... de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por el cual se suspendió la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada a favor de la quejosa, e informó que se realizaría el pago retroactivo de los meses que no se depositaron, mismos que se verían reflejados en el mes de febrero de dos mil veintitrés. Oficio recibido en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, al que la autoridad anexó copia certificada que acreditó que se efectuó un pago parcial del monto a pagar a la parte quejosa respecto de las cantidades que se dejaron de cubrir por concepto de la pensión de cesantía en edad avanzada. Comunicación recibida en auto de seis de marzo del año en curso, por la cual la autoridad responsable solicitó se requiriera a la parte quejosa para que se presentara ante la Oficina de Juicios Civiles Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla a recoger el título de crédito expedido a su favor por la cantidad de ..., lo cual se le notificó a la parte quejosa mediante lista de veintiocho de marzo del año que transcurre. Oficio ... de nueve de abril de dos mil veintitrés, por el que la autoridad responsable comunicó que el cheque con terminación ..., de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que ampara el pago de las diferencias que se tienen pendientes de reponer a la parte quejosa, estaba a disposición de ésta en las oficinas que ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social, título de crédito que, informó, cuenta con una vigencia de sesenta días, pues transcurridos dichos días sería revocado, teniendo la parte quejosa hasta el quince de abril pasado para recogerlo; lo cual se le notificó a ésta mediante lista publicada el pasado diez de abril. Oficio con terminación ... de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por el que la autoridad responsable comunicó que el cheque con terminación ..., de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, caducó en virtud de que la parte quejosa no acudió a recogerlo; además, hizo del conocimiento que no puede realizar el pago a la parte quejosa mediante otra vía distinta a la emisión de un cheque, porque no se pueden realizar pagos por periodos no consecutivos, siendo esta la razón por la cual le fue expedido a la parte quejosa el cheque antes citado. Remisión a tribunal colegiado. Por lo anterior, en acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se declaró la imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo, la cual causó estado el doce de junio siguiente. Imposibilidad de la cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual lo registró bajo el número 3/2023, y mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, determinó que no existe imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues sostuvo lo siguiente: 51.Como se precisó anteriormente, la juzgadora señala la existencia de una situación jurídica que imposibilita a la autoridad responsable para actuar y dar cumplimiento a la ejecutoria, debido a que no se advierte la voluntad de la parte quejosa para que recoja el título de crédito expedido a su favor y, así se realice el pago total respecto de las cantidades que se dejaron de cubrir por concepto de la pensión de cesantía en edad avanzada, y con base en ello concluyó que no era posible cumplir la sentencia mencionada; sin embargo, como se ha destacado, si la autoridad realizó el pago retroactivo vía transferencia electrónica correspondiente al periodo del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; en esas condiciones, no se aprecia que esté acreditada una causa justificada de la autoridad responsable para que no pueda pagar por el mismo medio a la quejosa la cantidad de ..., por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 52. Sobre todo porque a requerimiento de la juzgadora, mediante auto de dieciocho de abril del año en curso, la responsable en el oficio ******************** de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, manifestó que no puede realizar transferencia electrónica a la quejosa, ya que su sistema no le permite realizar pagos por periodos no consecutivos, sin mencionar la normatividad relativa que regula ese supuesto. 53. Ahora bien, el hecho de que la responsable haya emitido un cheque a favor de la quejosa (foja 271), ello no implica que agotado ese medio o no, sea la única vía para realizar el pago, porque como se ha reiterado, la autoridad responsable ya hizo una transferencia por el monto de $********************(********************), correspondiente al periodo del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 54. Por otra parte, la ahora quejosa en su escrito de desahogo de la vista presentado en este tribunal colegiado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés (fojas 5 a 9 del toca), realizó una serie de manifestaciones en relación a que la responsable sí le hizo el pago en el mes de febrero de este año, como se aprecia de los estados de cuenta bancarios que exhibe de marzo, abril y mayo de la presente anualidad, y que no hizo caso de los requerimientos de la juzgadora que se mencionan, por el temor de que la autoridad responsable al momento de acudir a sus instalaciones le pueda imputar un delito para justificar un cobro indebido de la pensión. 55. Por lo que atendiendo a dicho temor, en caso de que la autoridad responsable justifique la imposibilidad para realizar la transferencia electrónica bancaria a la quejosa por la cantidad de $********************(********************), por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; la jueza de distrito deberá requerir a la autoridad responsable a fin de que le haga entrega del original del cheque certificado o de caja, o del billete de depósito, que ampare esa cantidad, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de tal requerimiento. 56. Una vez que ese medio de pago esté en poder de la jueza de distrito, deberá requerir a la quejosa para que se presente en el juzgado de distrito acompañada de su abogado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento aludido, a fin de que se le haga entrega del mismo, y le requiera para que en el mismo término de tres días le informe sí el cheque certificado o de caja, o billete de depósito, fue debidamente cobrado. 57. Por tanto, será a partir del momento en que la autoridad responsable acredite haber realizado la transferencia bancaria a la quejosa, o que quede demostrado que le pagó la cantidad pendiente a través de cheque de caja o certificado, o billete de depósito, cuando la jueza de distrito deberá dar vista con las constancias relativas al cumplimiento, para que las partes realicen las manifestaciones que consideren pertinentes, pues en caso de no constar la recepción del pago correspondiente, la sentencia no estará cumplida. Por ello, en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable, titular del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice la transferencia electrónica bancaria a la parte quejosa por la cantidad de $********************(********************), por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y se precisó que en caso negarse a realizar la transferencia, deberá acreditar y justificar la imposibilidad que tiene debiendo mencionar la normatividad relativa que regula ese supuesto. En tales condiciones, en acuerdo de trece de septiembre siguiente, las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que se encontraban impedidas para realizar el pago a la parte quejosa, mediante transferencia electrónica bancaria, por la cantidad antes citada; por tanto, se les solicitó que enviaran a este juzgado federal el original del cheque certificado o de caja en favor de la parte quejosa. Así, mediante proveído de veintiocho de septiembre de esta anualidad, se tuvo por recibido un cheque por la cantidad de $********************(********************), remitido por la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones de este juzgado a recoger el cheque anteriormente referido, lo cual aconteció el cinco de octubre de dos mil veintitrés, tal como se advierte de la constancia de entrega que obra en autos. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla once de octubre de dos mil veintitrés. Solicita prórroga para dar cumplimiento. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Como lo solicita la autoridad oficiante, se concede una prórroga de cinco días contado a partir de que se encuentre notificada del presente acuerdo, a fin de que cumpla la sentencia de amparo, en los términos ahí precisados. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Apercibimiento. Se apercibe a ********************, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cantidad total que asciende de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos en moneda nacional); cálculo que se realiza conforme al valor de la unidad de medida y actualización de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.) que fuera establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación en diez de enero del dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Aunado a ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************, que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de diez días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: *** Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la junta responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese.
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