Octavio Jahaziel González Cerros

Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
368/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia familiar del Distrito Judicial de los Bravo (Leonor Olivia Ruvalcaba Vargas)
  • Octavio Jahaziel González Cerros
  • Berenice Alhelí Cerros Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa a efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: (i). Deje sin efectos el proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, únicamente en la parte donde decretó las medidas para recabar la escucha del menor involucrado, así como para la evaluación psicológica del menor y de la actora. (ii). En su lugar emita otra en la cual, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, atienda la oposición de la parte actora para la escucha del menor involucrado, así como de la evaluación psicológica del menor y de la accionante; atendiendo principalmente los aspectos relativos a la supuesta inclinada tendencia que la Directora del Centro de Convivencia Familiar ha tenido a favor de su contraparte (refriendo incluso que propondría un perito en materia de psicología), así como el hecho que su contraparte (padre del menor), tuvo contacto con personas infectadas por el virus Covid-19, y no le obligó a comprobar (mediante los exámenes médicos correspondientes) que se encuentra clínicamente sano para asistir a las correspondientes diligencias; y determine lo que al efecto resulte procedente. (iii). Notifique la determinación a las partes, y remita a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que así lo demuestren. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, remitió lo siguiente: El oficio 128/2022, de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual acompañó copia certificada del proveído dictado en la citada data, en el juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, de su índice, así como los acuses de recibido de los oficios 126/2022 y 127/2022, librados en la citada determinación. 3. Verificación del cumplimiento. En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos indicados porque: Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, dejó sin efectos el diverso auto de seis de julio de dos mil veinte, únicamente en la parte donde se decretaron las medidas para recabar la escucha del menor involucrado, así como para la evaluación psicológica del citado infante y de la parte actora aquí quejosa. Dictó el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en donde analizó el escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, por la actora Berenice Alhelí Cerros Ojeda, respecto de lo cual estimó innecesario requerir al demandado para que acreditara con estudios médicos estar clínicamente sano, es decir no estar contagiado de Covid-19, pues le refirió que la citada parte no tendría participación alguna en las diligencias de desahogo de las pruebas de escucha y valoración psicológica del menor de edad involucrado y de la aquí quejosa. Además, dijo que la accionante (parte actora) no precisó la fecha en ocurrió el fallecimiento de la madre del demandado ni acreditó que esa defunción haya sido consecuencia del virus SarsCov-2; así como tampoco precisó la data en que se contagió la parte demandada, circunstancia que resultaba indispensable, a fin que el órgano responsable estuviera en condiciones de cuantificar el tiempo que la multicitada parte (demandado) debió permanecer en aislamiento, destacando como un hecho notorio y públicamente conocido que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las personas contagiadas, deberán de aislarse durante un periodo de catorce días. También, le hizo del conocimiento que tal solicitud ya había sido planteada por la citada accionante, esto es mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veinte, bajo los mismos argumentos, y reiteró que en caso que el demandado se hubiera contagiado de Covid-19, a la fecha de cuatro de febrero de dos mil veintidós, resultaría ocioso exigirle que acredite no estar infectado, debido al lapso transcurrido; además, el aquí tercero interesado no intervendría en el desahogo de las pruebas ya citadas. Aparte de lo expuesto, la potestad argumentó que dicho juzgado privilegia el derecho humano de la salud, no solo del menor de edad involucrado, sino también del personal adscrito a ese órgano, autoridades, especialista coadyuvantes y demás personas que intervienen en los juicios ahí tramitados, pues sigue los lineamientos sanitarios emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, con la finalidad de evitar la propagación del virus Covid-19. Por tal justificación, decidió recibir la opinión del menor de edad de identidad reservada de iniciales O.J.G.C., atendiendo el interés superior de este y siguiendo los protocolos de salud; de igual forma, ordenó que al momento de desahogar la citada diligencia (escucha respectiva) se observen las formalidades que exige el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia; por lo que atendiendo a tal circunstancia y dado que el desahogo de tal prueba deberá ser video-grabada en la "Cámara de Gesell", a fin de que pueda ser estudiada con posterioridad, evitando en la medida posible el mayor involucramiento de personal; por lo tanto, en ese acto, ordenó girar oficio a la Directora de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, para que dentro del término de tres días señale fecha y hora para la diligencia de mérito (escucha de la menor) y designe perito en materia de psicología para que asista al infante, entre otras cuestiones inherentes a dicha actividad. Por consiguiente, precisó las medidas sanitarias que se seguirán en la diligencia antes descrita, apercibiendo a los intervinientes en caso de no acatar tales reglas, ésta (diligencia) no se llevara a cabo. En lo concerniente a la oposición de la parte actora, de que el CECOFAM realice las evaluaciones relativas al desahogo de la valoración psicológica del menor de edad y de la parte aquí quejosa, por estimar que el contenido de los oficios suscritos por la Directora de la citada dependencia, se encuentran con una tendencia inclinada a favor del aquí tercero interesado Jahaziel González Giles; manifestó que la Directora del CECOFAM Chilpancingo, no interviene de manera directa ni indirecta en el desahogo de la valoración psicológica, si no que su participación de ésta es únicamente en la etapa de preparación de tales pruebas mediante la designación del experto que se hará cargo de tal diligencia, el señalamiento de la fecha para su desahogo y en su caso remitir los resultados obtenidos de la mismas, ósea, que su involucramiento está solamente relacionado a actos meramente procesales, pues en todo caso en quien recaería alguna responsabilidad seria en el perito que en su caso lleve a cabo la diligencia de mérito. Aunado a que, las partes sujetas a la valoración psicológica, una vez recibidos tales resultados, tienen expedito su derecho para objetarlos en los términos de la Ley en la materia; sin embargo, le manifestó que si estima que la Directora del CECOFAM Chilpancingo, de alguna forma ha beneficiado a su contraparte, le recalcó que tiene expedito su derecho para promover el procedimiento que corresponda. Por consiguiente, la autoridad responsable una vez analizados los oficios en cuestión, no advirtió un mal actuar de la Directora del CECOFAM Chilpancingo, tendentes a beneficiar alguna de las partes; además de que tomó en cuenta que no interviene en el desahogo de las pruebas pendientes a desarrollar (escucha de menor y valoración psicológica), por lo que en ese acto ordenó girar oficio a dicha servidora pública para que señale fecha y hora para que pueda realizarse la evaluación psicológica de la aquí quejosa Berenice Alhelí Cerros Ojeda y de su menor hijo de identidad reservada de iniciales O.J.G.C., debiendo comunicar oportunamente a ese juzgador, para que se emita el acuerdo correspondiente; tal determinación, la ordeno notificar por lista que se publica en los estrados de dicho órgano jurisdiccional. 4. Conclusión. En esas condiciones, se estima que la responsable acató los lineamientos de la sentencia en los términos indicados, porque dejó sin efectos el proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, únicamente en la parte donde decretó las medidas para recabar la escucha del menor involucrado, así como para la evaluación psicológica del menor y de la actora, y al efecto dictó el de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en donde con plenitud de jurisdicción resolvió lo relativo a la escucha del menor involucrado, así como de la accionante, y de la supuesta inclinada tendencia a favor de su contraparte. En consecuencia, y tomando en consideración lo actuado en el presente juicio de amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión debe ser DEPURABLE porque se concedió la medida cautelar provisional y definitiva; lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el precepto legal referido se conservará únicamente la resolución relativa al otorgamiento de dicha medida. El duplicado del incidente de suspensión debe DESTRUIRSE en términos del capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado de la incidencia respectiva. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otra parte, en atención al citado numeral 18, del citado Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa, la copia certificada del acta de nacimiento del menor de edad de identidad reservada de iniciales O.J.G.C, con la que acreditó su personalidad, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida la citada parte que de no hacerlo así tal documento será destruido. En el entendido de que para poder recoger dicho documento, previamente deberá generar una cita, lo que podrá hacer entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020; certificación que se hará dentro del tiempo de duración de su cita y en caso de que el tiempo sea insuficiente, deberá agendar una nueva cita de consulta del expediente, para su entrega-recepción, de lo cual se asentará la razón respectiva. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, que obran en cuatro tomos de pruebas, que remitió la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, como complemento de su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, por el que remite copias certificadas del auto dictado el cuatro de febrero del año en curso, así como de los acuses de recibo de los oficios librados en dicha terminación, relativos al juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del presente juicio, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a realizar lo siguiente: "(i). Deje sin efectos el proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil (de guarda, custodia y alimentos) 516/2018, únicamente en la parte donde decretó las medidas para recabar la escucha del menor involucrado, así como para la evaluación psicológica del menor y de la actora. (ii). En su lugar emita otra en la cual, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, atienda la oposición de la parte actora para la escucha del menor involucrado, así como de la evaluación psicológica del menor y de la accionante; atendiendo principalmente los aspectos relativos a la supuesta inclinada tendencia que la Directora del Centro de Convivencia Familiar ha tenido a favor de su contraparte (refriendo incluso que propondría un perito en materia de psicología), así como el hecho que su contraparte (padre del menor), tuvo contacto con personas infectadas por el virus Covid-19, y no le obligó a comprobar (mediante los exámenes médicos correspondientes) que se encuentra clínicamente sano para asistir a las correspondientes diligencias; y determine lo que al efecto resulte procedente. (iii). Notifique la determinación a las partes, y remita a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que así lo demuestren." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, dado que las mismas no tienen; lo anterior en términos de la Tesis PC. I.C. J/3K (10ª), consultable a página 1378, con Número de registro 2007295 del Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO". Finalmente, se comisiona al actuario para que tratándose de los oficios girados a la autoridad responsable que aún no haya reanudado labores o se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID- 19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Berenice Alhelí Cerros Ojeda, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las iniciales O.J.G.C., respecto del acto reclamado a la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, Guerrero; de acuerdo a lo expuesto en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el diverso considerando SEXTO, de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese personalmente.

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