Octavio Eduardo Padilla Manzo

Expediente 1793/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1793/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Medardo Sánchez Sánchez
  • Octavio Eduardo Padilla Manzo y Otros.
  • Octavio Eduardo Padilla Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficios CJE/SGCC/SAC/192/2021 y CJE/SGCC/SAC/196/2021, de veintisiete y treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 014/2017, así como del acta de sesión extraordinaria de la precitada data, mediante la cual los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal aprobaron dicha resolución, respectivamente. Luego, mediante proveídos de treinta y uno de mayo y dos de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Los proveídos de referencia, se notificó a la parte quejosa el uno y tres de junio de dos mil veintiuno, mientras que a la parte tercera interesa se le notificó por lista de estrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el catorce de junio de dos mil veintiuno; por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Octavio Eduardo Padilla Manzo y Medardo Sánchez Sánchez, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, esto es, a Alberto López Celis, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente administrativo 014/2017. Emitiera otra en la que: Dejara firme lo que no fue materia de concesión, en lo referente a los demás servidores públicos denunciados. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en la parte de estudio sobre la conducta de los quejosos Octavio Eduardo Padilla Manzo y Medardo Sánchez Sánchez, analizara los argumentos de improcedencia que hicieron valer en relación al procedimiento administrativo; hecho lo anterior, en su caso, estudiara las manifestaciones de defensa sobre las conductas que se les señaló, estimara el valor que alcanzaban las pruebas que aportaron, realizara el estudio de las mismas, en contraposición con las diversas que existían en autos. Posteriormente, sólo si se determinara que los quejosos eran responsables, analizara los puntos relativos a la sanción. Una vez que por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, esto es, a Alberto López Celis. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, el Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal de esta ciudad, remitió mediante oficios CJE/SGCC/SAC/192/2021 y CJE/SGCC/SAC/196/2021, de veintisiete y treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, copia certificada de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 014/2017, en la que se determinó dejar insubsistente la diversa resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve y en su lugar, se emitió otra en la que se decretó sobreseer el procedimiento administrativo instruido en contra de los aquí quejosos Octavio Eduardo Padilla Manzo y Medardo Sánchez Sánchez, entre otros, por resultar no ser responsables administrativamente. III. Verificativo de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, por resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo 014/2017, se determinó dejar insubsistente la diversa de veintidós de octubre de dos mil diecinueve y en su lugar, se emitió otra que decretó sobreseer el procedimiento administrativo instruido en contra de los aquí quejosos Octavio Eduardo Padilla Manzo y Medardo Sánchez Sánchez, entre otros, por resultar no ser responsables administrativamente; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, de autos se desprende que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a Salvador Aguirre Sánchez (parte denunciante), con domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por así haberlo señalado la parte quejosa. En esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, gírese oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que realice la notificación del presente acuerdo, por medio de lista que se fija en los estrados de ese órgano jurisdiccional al tercero interesado Salvador Aguirre Sánchez (parte denunciante), al que deberá anexarse copia certificada del mismo, para los efectos legales a que haya lugar; debiendo remitir las constancias que justifiquen dicho mandato. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal de esta ciudad, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 014/2017. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, de autos se desprende que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a Salvador Aguirre Sánchez, con domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por así haberlo señalado la parte quejosa. En esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, gírese oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, para que realice la notificación del presente acuerdo por medio de lista que se fija en los estrados de ese órgano jurisdiccional al tercero interesado Salvador Aguirre Sánchez (parte denunciante), al que deberá anexarse copia certificada del acuerdo de mérito, para los efectos legales a que haya lugar; debiendo remitir las constancias que justifiquen dicho mandato. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Consejo de la Judicatura Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En tal virtud, como lo solicita la citada autoridad responsable; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de cinco días hábiles más contados a partir del siguiente al en que fenezca el diverso término otorgado en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que remita las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido que sigue vigente el apercibimiento decretado en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son: Deje insubsistente la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente administrativo 014/2017. Emita otra en la que: Deje firme lo que no es materia de concesión, en lo referente a los demás servidores públicos denunciados. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en la parte de estudio sobre la conducta de los quejosos Octavio Eduardo Padilla Manzo y Medardo Sánchez Sánchez, analice los argumentos de improcedencia que hacen valer en relación al procedimiento administrativo; hecho lo anterior, en su caso, estudie las manifestaciones de defensa sobre las conducta que se les señala, estime el valor que alcanza las pruebas que aportaron, realice el estudio de las mismas, en contraposición con las diversas que existen en autos. Posteriormente, sólo si se determina que los quejosos son responsables, analice los puntos relativos a la sanción. Apercíbase al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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