Octavio Cruz Robles

Expediente 947/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
947/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Octavio Cruz Robles

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Archivo y valoración documental. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción IV, (Juicios de amparo indirecto en los que se deseche, declaren improcedente, o declaren sin materia o infundado): a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Octavio Cruz Robles, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente, y regístrese con el número con registro de este Juzgado 947/2023. DESECHAMIENTO Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Precisado lo anterior, se estima pertinente precisar el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad jurisdiccional responsable, a saber: La negativa de señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado y en consecuencia la negativa de disolver el vínculo matrimonial con Arcelia Pérez Gil; contenida en el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, notificado el treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 63/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional responsable. Así las cosas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, se tiene presente que los artículos 697, fracción IV, 664 Unvicies, 666, y 667, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, señalan: "Artículo 664 Unvicies. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo. "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia." Entonces, como se adelantó en la especie se considera que se actualiza la causa de improcedencia referida; toda vez que antes de promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación, previsto por los artículos 664 Unvicies, 666, y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia con registro digital: 2026560. Tesis: I5o.C.60 C (11a.) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro XVII, febrero de 2020, tomo I, página 597, de rubro y texto siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS DICTADOS ANTES DE QUE SE DECLARE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SALVO QUE INVOLUCREN LOS DERECHOS O INTERESES DE PERSONAS MENORES DE EDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto donde el Juez familiar admitió una demanda de divorcio incausado y fijó a cargo del quejoso -en su carácter de demandado- una pensión alimenticia provisional. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, porque consideró que no se agotó el principio de definitividad, pues estimó que contra el auto reclamado procedía la apelación en términos del artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México señalando, además, que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 116/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguía siendo aplicable a pesar de que interpretó un artículo reformado, ya que conforme al texto vigente del citado artículo 685 Bis, persistía el vacío sobre si los autos dictados antes de que se decretara la disolución del vínculo matrimonial, eran o no apelables, por lo que conforme a aquella jurisprudencia, esos autos seguían siendo recurribles en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra los autos y resoluciones interlocutorias dictados en un juicio de divorcio sin expresión de causa, emitidos antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto procede el recurso de revocación en términos del artículo 685 Bis citado, salvo que la resolución reclamada involucre los derechos o intereses de personas menores de edad. Justificación: Lo anterior es así, porque en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la resolución que decreta el divorcio no es un auto definitivo, sino que constituye una verdadera sentencia definitiva que, además, es inapelable por disposición legal. Por tanto, a partir de una interpretación sistemática, integral y funcional del artículo 685 Bis, con el diverso 685, párrafo segundo, del citado código, se colige que contra los autos e interlocutorias intraprocesales emitidos antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial procede el recurso de revocación, ya que si la sentencia de divorcio sin expresión de causa es inapelable, entonces la revocación debe proceder contra todo tipo de autos e interlocutorias, máxime que en el artículo 685 Bis el legislador no dispuso expresamente la irrecurribilidad de esas determinaciones, por lo que no hay razón para limitar la procedencia de ese medio de impugnación, ya que una interpretación en ese sentido contravendría la regla general que impera en materia de recursos ordinarios, en el sentido de que todas las resoluciones admiten algún recurso, siendo la excepción la irrecurribilidad cuando así lo disponga la ley. Por tanto, previamente a impugnar en amparo indirecto algún auto o resolución interlocutoria emitida antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, la parte perjudicada debe agotar el recurso de revocación; ello, salvo que la determinación judicial reclamada involucre los intereses de personas menores de edad, debido a que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que, en estos casos, si el medio ordinario de defensa no admite la suspensión del acto, se actualiza una excepción al principio de definitividad; lo que se surte tratándose del recurso de revocación, ya que en términos de los artículos 684, 685 y 685 Bis del referido código, la interposición de dicho recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida." Esto es así, en atención a que, como se dijo, la parte quejosa reclama la negativa de señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado y en consecuencia la negativa de disolver el vínculo matrimonial con Arcelia Pérez Gil; contenida en el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 63/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional responsable. De lo anterior, debe decirse que tal manifestación constituye una confesión expresa de la parte quejosa, que alcanza valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo anterior es así, dado que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, hacen prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." Lo anterior, lleva a considerar que si no se ha emitido pronunciamiento relacionado con señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado, lo que a su juicio la negativa se encuentra dictada en el proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés. En esa línea, se colige que la parte quejosa omitió agotar el recurso de revocación correspondiente, a lo que se encontraba obligada previo a ocurrir a esta instancia constitucional; pues aquél constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el actuar de la autoridad responsable que en esta instancia constitucional reclama. Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que con dicho recurso ordinario, la parte quejosa podría lograr vencer la dilación o abstención que alude dentro del procedimiento de origen. Resultan de apoyo las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a./J. 116/99 y 2a./J. 115/99, visibles en las páginas 447 y 448, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 193141 y 193142, que establecen: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En tal virtud, se reitera, resultaba necesario que la parte quejosa agotara el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues en el caso, el acto reclamado no está en el supuesto de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de persona extraña al procedimiento. En estas condiciones, y ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Octavio Cruz Robles, contra el acto del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida. Además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Ricardo Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena, y conforme al artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a las restantes personas que menciona, toda vez que no existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Correo electrónico y número de teléfono. Se toma conocimiento del referido correo electrónico y número telefónico que indica para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Octavio Cruz Robles, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente, y regístrese con el número con registro de este Juzgado 947/2023. DESECHAMIENTO Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Precisado lo anterior, se estima pertinente precisar el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad jurisdiccional responsable, a saber: La negativa de señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado y en consecuencia la negativa de disolver el vínculo matrimonial con Arcelia Pérez Gil; contenida en el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, notificado el treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 63/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional responsable. Así las cosas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, se tiene presente que los artículos 697, fracción IV, 664 Unvicies, 666, y 667, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, señalan: "Artículo 664 Unvicies. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo. "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia." Entonces, como se adelantó en la especie se considera que se actualiza la causa de improcedencia referida; toda vez que antes de promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación, previsto por los artículos 664 Unvicies, 666, y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia con registro digital: 2026560. Tesis: I5o.C.60 C (11a.) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro XVII, febrero de 2020, tomo I, página 597, de rubro y texto siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS DICTADOS ANTES DE QUE SE DECLARE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SALVO QUE INVOLUCREN LOS DERECHOS O INTERESES DE PERSONAS MENORES DE EDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto donde el Juez familiar admitió una demanda de divorcio incausado y fijó a cargo del quejoso -en su carácter de demandado- una pensión alimenticia provisional. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, porque consideró que no se agotó el principio de definitividad, pues estimó que contra el auto reclamado procedía la apelación en términos del artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México señalando, además, que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 116/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguía siendo aplicable a pesar de que interpretó un artículo reformado, ya que conforme al texto vigente del citado artículo 685 Bis, persistía el vacío sobre si los autos dictados antes de que se decretara la disolución del vínculo matrimonial, eran o no apelables, por lo que conforme a aquella jurisprudencia, esos autos seguían siendo recurribles en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra los autos y resoluciones interlocutorias dictados en un juicio de divorcio sin expresión de causa, emitidos antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto procede el recurso de revocación en términos del artículo 685 Bis citado, salvo que la resolución reclamada involucre los derechos o intereses de personas menores de edad. Justificación: Lo anterior es así, porque en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la resolución que decreta el divorcio no es un auto definitivo, sino que constituye una verdadera sentencia definitiva que, además, es inapelable por disposición legal. Por tanto, a partir de una interpretación sistemática, integral y funcional del artículo 685 Bis, con el diverso 685, párrafo segundo, del citado código, se colige que contra los autos e interlocutorias intraprocesales emitidos antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial procede el recurso de revocación, ya que si la sentencia de divorcio sin expresión de causa es inapelable, entonces la revocación debe proceder contra todo tipo de autos e interlocutorias, máxime que en el artículo 685 Bis el legislador no dispuso expresamente la irrecurribilidad de esas determinaciones, por lo que no hay razón para limitar la procedencia de ese medio de impugnación, ya que una interpretación en ese sentido contravendría la regla general que impera en materia de recursos ordinarios, en el sentido de que todas las resoluciones admiten algún recurso, siendo la excepción la irrecurribilidad cuando así lo disponga la ley. Por tanto, previamente a impugnar en amparo indirecto algún auto o resolución interlocutoria emitida antes de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, la parte perjudicada debe agotar el recurso de revocación; ello, salvo que la determinación judicial reclamada involucre los intereses de personas menores de edad, debido a que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que, en estos casos, si el medio ordinario de defensa no admite la suspensión del acto, se actualiza una excepción al principio de definitividad; lo que se surte tratándose del recurso de revocación, ya que en términos de los artículos 684, 685 y 685 Bis del referido código, la interposición de dicho recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida." Esto es así, en atención a que, como se dijo, la parte quejosa reclama la negativa de señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado y en consecuencia la negativa de disolver el vínculo matrimonial con Arcelia Pérez Gil; contenida en el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 63/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional responsable. De lo anterior, debe decirse que tal manifestación constituye una confesión expresa de la parte quejosa, que alcanza valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo anterior es así, dado que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, hacen prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." Lo anterior, lleva a considerar que si no se ha emitido pronunciamiento relacionado con señalar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación del escrito de demanda de divorcio incausado, lo que a su juicio la negativa se encuentra dictada en el proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés. En esa línea, se colige que la parte quejosa omitió agotar el recurso de revocación correspondiente, a lo que se encontraba obligada previo a ocurrir a esta instancia constitucional; pues aquél constituye un medio de defensa ordinario, en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el actuar de la autoridad responsable que en esta instancia constitucional reclama. Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que con dicho recurso ordinario, la parte quejosa podría lograr vencer la dilación o abstención que alude dentro del procedimiento de origen. Resultan de apoyo las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a./J. 116/99 y 2a./J. 115/99, visibles en las páginas 447 y 448, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 193141 y 193142, que establecen: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En tal virtud, se reitera, resultaba necesario que la parte quejosa agotara el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues en el caso, el acto reclamado no está en el supuesto de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de persona extraña al procedimiento. En estas condiciones, y ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Octavio Cruz Robles, contra el acto del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida. Además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en la página 921, Julio de 2006, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Así como, el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), visible en la página 1167, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Ricardo Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena, y conforme al artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a las restantes personas que menciona, toda vez que no existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Correo electrónico y número de teléfono. Se toma conocimiento del referido correo electrónico y número telefónico que indica para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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