Octavia Juárez Hernández

Expediente 410/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
410/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2017

Partes del expediente

  • Octavia Juárez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 410/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Octavia Juárez Hernández, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta población (fojas 2-6), que por razón de turno tocó conocer a este órgano judicial, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, que hizo consistir en: el requerimiento contenido en el oficio OP/DG/895/2017, de tres de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la autoridad responsable, y como consecuencia, la falta de pago de la pensión a la que tiene derecho la quejosa, notificada mediante oficio OP/DG/495/17, de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete; que se estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 7-8), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, bajo el número 410/2017, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, después de haber realizado un estudio integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional procede a la fijación de la litis, así del que se advierte los actos reclamados se traducen en: el requerimiento contenido en el oficio OP/DG/895/2017, de tres de abril de dos mil diecisiete, suscrito por la autoridad responsable, y como consecuencia, la falta de pago de la pensión a la que tiene derecho la quejosa, notificada mediante oficio OP/DG/495/17, de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto impugnado, pues al respecto refirió que mediante oficio OP/DG/895/2017 de tres de abril de dos mil diecisiete, derivado del trámite que la quejosa inició con motivo de la autorización que el Consejo Directivo de esa dependencia le concedió en sesión ordinaria de trabajo celebrada el diecisiete de febrero de del año en curso; lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió como justificación del mismo, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62, de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. En la especie, este órgano jurisdiccional, estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, por violación al principio de definitividad, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En razón de que previo a la promoción del presente asunto, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 1, primer párrafo, 66, 70, 185 y 186 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mismo que no requiere mayores requisitos para la obtención de la suspensión de los actos impugnados que los que exige la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, los que para mayor claridad se transcriben enseguida: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca". "Artículo 66.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes, ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta Ley". "Artículo 70. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado o Municipal. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión". "Artículo 185. El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. exto, se advierte, que el derecho a la jubilación y a la pensión, son imprescriptibles, es decir, que no pueden extinguirse bajo ninguna condición legal. Por ello, no prescribe el derecho para obtener la fijación correcta de la pensión, en tanto que la acción para combatir su incorrecta cuantificación puede y debe intentarse en el momento en que el pensionado advierta que no fue cuantificada legalmente. Entonces, se debe considerar que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, permite al pensionado, en cualquier tiempo, la promoción del juicio de nulidad en contra de la indebida integración del monto de la pensión". En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 410/2017, promovido por Octavia Juárez Hernández. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, en auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por lo que no ha transcurrido el término de ocho días con la vista a las partes a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Octavia Juárez Hernández, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    PREVIO CITATORIO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa dentro del incidente de objeción de documentos admitido en autos; en tal virtud, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para la continuación de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por la quejosa Jovita Comonfort Bautista o Jovita Comonfot Bautista, en atención a su contenido y como lo solicita, se le tiene designando como nuevo perito de su parte a Jassiel Elioenai Aragón Hernández; por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación haga comparecer a dicho experto, para los efectos de aceptación y discernimiento del cargo respectivo; apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido su derecho para designar perito y pro conforme con el dictamen que emita el perito oficial. Por otra parte, glósense los escritos signados por Josué Reyes Mora, apoderado legal de Operadora de Recursos Universal S.C. de R.L. de C.V. tercera interesada; en atención al primero, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de abril del presente año, exhibiendo cuatro copias más del recurso de queja que interpone en contra de la determinación tomada en la audiencia constitucional de cuatro de abril actual por el que se ordenó dar trámite al incidente de objeción de documentos planteado por la parte quejosa; y en cuanto al segundo, interpone recurso de queja contra el proveído de veintiuno del presente, en el que no se da trámite a su incidente de objeción de documentos; por lo que al respecto se provee: con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo los recursos de queja en contra de los citadas autos; glósese a los autos una copia de los escritos de expresión de agravios, y notifíquese a las demás partes la interposición de los recursos, corriéndoles traslado con copia de los mismos, para que en el plazo de tres días señalen las constancias respectivas que en copia certificada se enviarán al Tribunal de Alzada, mismo requerimiento que se hace a la parte quejosa, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se remitirán sólo las que este juzgado estime pertinentes, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ríndase el informe con justificación al Tribunal de Alzada. Finalmente, adjúntese el oficio suscrito por la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, del que se advierte ordenó la notificación del oficio número 17808/2017 girado en el presente juicio de amparo al perito oficial licenciado Miguel Ángel Guzmán García; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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