Octavio Cortez Velázquez

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Octavio Cortez Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que mediante auto de once de enero de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional; mientras que por resolución interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se negó la definitiva; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), del acuerdo que nos ocupa, se establece que el presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Toda vez que carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo correspondiente, procédase a su destrucción. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en este proveído causó estado; en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE JESÚS DAVID DURÁN MORENO (EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DEL QUEJOSO OCTAVIO CORTEZ VELÁZQUEZ) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se le dejó en el domicilio señalado en autos el CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Apatzingán, Michoacán, a quien reclamó la omisión de informar sobre la carpeta de ejecución 1966/2022-I, que le fue remitida por el Juez de Ejecución de Penas de Jalisco, por haberse declarado incompetente para conocer de la misma. Por lo que, mediante auto de veintisiete de febrero pasado, se tuvo al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Apatzingán, Michoacán, en alcance a su informe justificado rendido en autos, informando que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia planteada por el Juez de Control del Sistema de la Región de Apatzingán, Michoacán, respecto al expediente 1966/2022-T, dándose inicio a la carpeta de ejecución POSI-5/2023 formada con motivo de las sanciones impuestas al garantista de mérito, remitiendo copia certificada de la constancia de notificación practicada al citado quejoso ********************, de la que se advierte que el dos de febrero de dos mil veintitrés, le notificó dicha determinación. Información y documentales, con las que se dio vista a las partes, por el término de ocho días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; sin que lo hayan hecho. Bajo ese orden de ideas, se advierte de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Cabe precisar que la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la causa de improcedencia antes descrita, arribó a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia de mérito, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, nuestro Máximo Tribunal de Justicia del país, arribó a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Bajo esa guisa, es evidente que han cesado los efectos de la omisión de la autoridad responsable de la omisión de informar sobre la carpeta de ejecución 1966/2022-I, que le fue remitida por el Juez de Ejecución de Penas de Jalisco, por haberse declarado incompetente para conocer de la misma, y que constituye el acto reclamado, como ha quedado de manifiesto en párrafos que anteceden; toda vez que fue destruido en forma total e incondicional con el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Apatzingán, Michoacán quien aceptó la competencia planteada por el Juez de Control del Sistema de la Región de Apatzingán, Michoacán, respecto al expediente 1966/2022-T, dándose inicio a la carpeta de ejecución POSI-5/2023 formada con motivo de las sanciones impuestas al garantista de mérito, remitiendo copia certificada de la constancia de notificación practicada al citado quejoso ********************, de la que se advierte que el dos de febrero de dos mil veintitrés, le notificó dicha determinación. En consecuencia, se reitera que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, es aplicable la diversa jurisprudencia número 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Bajo ese orden de ideas, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijadas para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que de autos se advierte que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán; en esas condiciones, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en legal y debida forma en el dicho centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso de mérito el presente proveído, debiéndole dar vista con el informe y constancias de cuenta. En el entendido de que el funcionario correspondiente deberá elaborar acta circunstanciada en forma clara, precisa y conforme a las disposiciones legales aplicables, de la diligencia que practique. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio 562/2023-O suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en autos, remite copia certificada de la constancia de notificación practicada al aquí quejoso ********************, respecto del proveído que dictó el veinticuatro de enero pasado. Asimismo, téngase a la autoridad responsable informando que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se inhibió de seguir conociendo de la carpeta de ejecución POSI-5/2023 y declinó competencia a favor del Juez de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco. Información y constancias de las que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con lo anterior, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que de autos se advierte que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán; en esas condiciones, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en legal y debida forma en el dicho centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso de mérito el presente proveído, debiéndole dar vista con el informe y constancias de cuenta. En el entendido de que el funcionario correspondiente deberá elaborar acta circunstanciada en forma clara, precisa y conforme a las disposiciones legales aplicables, de la diligencia que practique. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO ********************, EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN; ASÍ COMO A SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL.

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