Octavio Cortes Velazquez
Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Octavio Cortes Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 22642/2021, que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual remite copia del exhorto 37/2021, orden 219/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 215/2021-2, de su índice, en razón de que en el acto de la notificación, el quejoso Octavio Cortez Velázquez se desistió del presente juicio; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano su demanda causó estado y el pasado veintiuno de junio, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado vía electrónica por Juventino Rosas Aceves; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido como Defensor Público Federal del quejoso Octavio Cortez Velázquez; para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza al Defensor Público Federal del quejoso el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "juroace" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, el ocursante proporciona correos electrónicos para recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando los mismos para tal efecto, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de párrafos precedentes. No obstante a lo anterior, téngase al Licenciado Juventino Rosas Aceves, defensor público del quejoso Octavio Cortez Velázquez proporcionando los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx y nicolas.dimas.perez@correo.cjf.gob.mx, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; y personalmente al Defensor Público Federal el presente auto, así como el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
- Principal
En razón de que la parte quejosa licenciado Juventino Rosas Aceves Defensor Público de Quejoso Octavio Cortez Velázquez o sus autorizados, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el siete de junio del presente año, en el que también se les hizo saber el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de tres de junio y veintitrés de abril, ambos del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS que dicen: Uruapan, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno.RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 1304/2021, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual transcribe el proveído de trece de abril pasado, dictado en el juicio de amparo indirecto 215/2021-2, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró declinar la competencia legal para tramitar la demanda de amparo promovida por Octavio Cortez Velázquez, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México y otras autoridades, asimismo, remite el expediente electrónico. Acúsese recibo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de trece de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Octavio Cortez Velázquez, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del mencionado escrito inicial de demanda; lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto que se reclama, es decir, donde tiene ejecución. DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por Octavio Cortez Velázquez, contra actos que atribuye al Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México y otras autoridades; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 221/2021. Ahora bien, del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en: La reubicación en el dormitorio en el que se encuentra. La falta de acceso a terapia ocupacional, como lo son juegos de mesa, deportes y trabajo social. La omisión de proporcionales radio o televisión comunitaria. Le sirven la comida fría. La omisión de darle información sobre el padecimiento psicológico que tiene. La omisión de informarle si será trasladado al hospital psiquiátrico. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *****Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano.En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo.El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. *****Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ****improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ****Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.*****"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley."Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado.Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia:"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. *****Principio de definitividad que el promovente debió observar frente a los actos reclamados consistentes en las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido -la reubicación de dormitorio, la falta de acceso a terapia ocupacional, la omisión de darle información sobre el padecimiento psicológico que tiene, entre otros-, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1.En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados.Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que la personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. No obsta lo anterior, el hecho de que el ocursante refiere que los internos del mencionado centro de reclusión están siendo objeto de tratos crueles e inhumanos con los actos reclamados, toda vez que del propio acto reclamado y los conceptos de violación expuestos, se desprende que sus peticiones van encaminadas a combatir las condiciones de internamiento en que se encuentra. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: *****"PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. *****"PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. *****No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá.Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión.Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018.Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal.Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita.Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán y notifique personalmente al quejoso Octavio Cortez Velázquez el presente proveído. Además, lo requiera para que al momento de la notificación o, bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio. Ahora bien, por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de los quejosos como del funcionario que les notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la aclaración que este Juzgado de Distrito, en los casos de considerarlo necesario, practicará la notificación personal en el lugar donde se encuentra recluido. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Uruapan, Michoacán, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado vía electrónica por Juventino Rosas Aceves; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido como Defensor Público Federal del quejoso Octavio Cortez Velázquez; para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza al Defensor Público Federal del quejoso el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "juroace" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, el ocursante proporciona correos electrónicos para recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando los mismos para tal efecto, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de párrafos precedentes. No obstante a lo anterior, téngase al Licenciado Juventino Rosas Aceves, defensor público del quejoso Octavio Cortez Velázquez proporcionando los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx y nicolas.dimas.perez@correo.cjf.gob.mx, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; y personalmente al Defensor Público Federal el presente auto, así como el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
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