Obelia Rodríguez Ríos
Expediente 337/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Obelia Rodríguez Ríos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del quince de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda presentado por OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos; fórmese el expediente 337/2019-VI, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En relación con el acto reclamado se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Ello es así, porque del contenido de los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente al existir tesis de jurisprudencia definida, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es obligatoria para los juzgados de distrito, como en el caso, dado que al respecto, se encuentra la decretada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 12, de número de registro 393973, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Dicha jurisprudencia determina que es improcedente un acto que derive de otro consentido, como en la especie acontece. Es decir, el amparo es improcedente respecto de los actos que son una consecuencia de otros consentidos, ya que ningún sentido tendría considerar improcedente el juicio de amparo promovido en contra de un acto consentido si tanto los actos que derivan de él, como sus consecuencias, pudieran ser objeto de análisis en una diversa litis constitucional. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo emitido el veinte de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 653/2013, correspondiente al juicio agrario, que promovió contra Cirilo Colín Marbán y Albina Bahena Sánchez, en el que se le tuvo a la aquí quejosa por hechas las manifestaciones en atención a su escrito registrado con el folio 000951, además de que se le dijo "una vez que exhiba la cantidad económica a la que se le condenó a pagar, más su actualización, se proveerá lo conducente respecto de la ejecución material que solicita, mientras tanto, deberá estarse a lo ordenado en segmento de la audiencia de fecha veintiocho de noviembre del año próximo pasado." Cabe precisar, que de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: ".4.- El veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la cual en los puntos resolutivos se establece lo siguiente: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.- La parte actora en el principal y reconvenida OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS, quien acudió a juicio por conducto de su apoderado legal el Licenciado JOSÉ MANUEL RÍOS ESTRADA probo parcialmente los elementos constitutivos de su acción por lo que resulta procedente declarar que le asiste el derecho como titular de la superficie de 7,084 metros cuadrados (siete mil ochenta y cuatro metros cuadrados metros cuadrados) sic que corresponden a la parcela número 109 Z-1 P-3, ubicada en el ejido de TLAQUILTENANGO, municipio de Tlaquiltenango, Morelos, asimismo, resulta procedente que dicha superficie le sea restituida, sin que haya lugar a condenar a los demandados en el principal por el pago de gastos y costas en el juicio conforme a lo argumentado en la parte considerativa del presente fallo. SEGUNDO.- Se condena a la demandada en el principal y reconvecionista ALBINA BAHENA SÁNCHEZ a la entrega real y material de la superficie 7,084 metros cuadrados (siete mil ochenta y cuatro metros cuadrados) que corresponden a la parcela 109 Z-1 P-3, ubicada en el ejido de TLAQUILTENANGO, municipio de Tlaquiltenango Morelos. TERCERO.- Los demandados en el principal y reconvecionista CIRILO COLÍN MARBÁN Y ALBINA BAHENA SÁNCHEZ, quienes acudieron a juicio por conducto de su apoderada legal Gloria Salinas García probaron parcialmente los elementos constitutivos de su acción en el juicio reconvencional, determinándose la procedencia del pago por la cantidad de $810,900.00 (ochocientos diez mil novecientos pesos 00/100 M.N.) señalada como valor de la superficie materia del juicio por el perito tercero en discordia en materia de valuación, la cual deberá ser actualizada y determinada desde el mes de junio del 2017 y hasta se efectué el pago, es decir hasta el momento de ejecutarse la presente sentencia, sin que haya legar a condenar a OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS por el pago de daños y perjuicios, de conformidad a lo expuesto y razonado en la partes considerativa del presente fallo. CUARTO.- Se condena a la reconvenida OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS al pago por la cantidad de $ 810,900.00 (ochocientos diez mil novecientos pesos 00/100 M.N.) la cual deberá ser actualizada y determinada desde el mes de junio del dos mil diecisiete y hasta que se efectúe el pago, es decir hasta el momento de ejecutarse la presente sentencia, en favor de ALBINA BAHENA SÁNCHEZ. QUINTO.- Notifíquese a las partes entregándoles copia certificada de esta resolución. SEXTO.- Publíquese en los Estrados del Tribunal la información relativa al dictado de esta sentencia. Hágase las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente expediente. 5.- Una vez que causó ejecutoria la sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por auto de veintiocho de septiembre de ese año, se señaló el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, la audiencia de avenencia a efecto de conciliar conforme lo dispone el numeral 191 de la Ley Agraria los términos en que ha de ejecutarse la sentencia definitiva, y en virtud de que las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio en dicha audiencia no se solicitó una prórroga para que ambas partes dialogaran, la autoridad responsable emitió un acuerdo que textualmente dice: Por tanto, hasta en tanto no se exhiba convenio que pudiera suscribir entre las partes, o no se exhiba la cantidad económica que se condenó a OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, a entregar en favor de la demandada ALBINA BAHENA SÁNCHEZ, esta continuara en posesión de la superficie que es materia del juicio." De lo expuesto, se considera que el acto reclamado deriva del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el que se estima consentido en términos de la Ley de Amparo al no haberlo controvertido en el momento oportuno; en el entendido que en el aludido acuerdo que reclama, se le indicó que deberá estarse a lo ordenado en el segmento de la audiencia de veintiocho de noviembre del año próximo pasado; pues fue en éste en el que se procedió a acordar en torno a la ejecución de la condena y a partir del mismo, en acatamiento al fallo definitivo se reiteraron las condiciones necesarias para materializar su cumplimiento. Se sostiene el consentimiento tácito aludido, porque la ahora quejosa OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, omitió reclamar el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la vía de amparo indirecto a pesar de que tuvo conocimiento del mismo, tan es así que la propia quejosa lo aduce en su demanda, como se advierte de lo anteriormente transcrito del capítulo de antecedentes. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, salvo excepciones ahí precisadas que en el particular no acontecen. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado a la quejosa la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". En consecuencia, si la impetrante de amparo, omitió reclamar lo acordado en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, a pesar de que tuvo conocimiento de lo proveído en la propia audiencia, no existiendo prueba en contrario, debe concluirse, que el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso y por ello que se encuentra consentido. En este contexto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a que el acto reclamado en este juicio es un acto derivado de otro consentido en la medida que lo combatido, no constituye una actuación autónoma sino derivada con sustento en lo previamente determinado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, como la misma quejosa transcribió en su demanda, en específico en el capítulo de antecedentes; habida cuenta que en el propio acto reclamado se alude al proveído de noviembre citado, pues fue en éste en el que se aperturó y a la vez condicionó para la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de origen; de ahí que no podría efectuarse estudio alguno respecto a la constitucionalidad del acto ahora consentido, pasando por alto el consentimiento tácito que ostenta el acuerdo génesis del reclamo; en la medida que se insiste, fue éste (acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho) en el que se reiteró los aspectos o condiciones que debía satisfacer para ejecutar la condena, constituyendo una simple reiteración de lo ahí ordenado, el acuerdo ahora combatido; por tanto, se desecha la demanda de amparo, promovida por OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, por su propio derecho. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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