Obelia Rodríguez Ríos
Expediente 667/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Obelia Rodríguez Ríos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 163/2019, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. MEAM
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual acusa recibo del escrito de agravios y copias certificadas que fueron remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto en el presente juicio de amparo; asimismo, informa que admitió dicho recurso el cual quedó registrado con el número 163/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.*NMTG*MEAM
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto citado. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. *NMTG*MEAM
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda presentado por OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS por su propio derecho contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve en el Estado de Morelos; fórmese el expediente 667/2019-VI. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo emitido el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente 653/2013, correspondiente al juicio agrario, que promovió contra Cirilo Colín Marbán y Albina Bahena Sánchez, en el que se le dijo a la quejosa: "PRIMERO.- Para los Efectos legales a que haya lugar se tiene por recibido el escrito de cuenta ordenándose su glose al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, de conformidad con lo establecido por los artículos 195, de la Ley Agraria, 219 y 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles; ocurso por el que la parte actora realiza una serie de manifestaciones en relación a la ejecución de la sentencia dictada en los autos del expediente que nos ocupa. Segundo.- En este aspecto dígase a la parte actora que deberá estarse a lo acordado en segmento de audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho y auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se estableció que hasta en tanto no exhiba Obelia Rodríguez Ríos la cantidad económica a la que se condenó entregar en favor de Albina Bahena Sánchez, esta continuara en posesión de la superficie que es materia de juicio, esto en razón de que, la consecuencia de declarar la nulidad del contrato de enajenación que celebro con la demandada, retrotrae la situación jurídica al estado previo a la enajenación destruyendo los efectos producidos por ellos, además en concordancia con los artículos 2239 y 2241 del Código Civil Federal, que en síntesis disponen que, la anulación del acto obliga a las partes a la restitución mutua de lo recibido en virtud o por consecuencia de este, y que hasta en tanto una de ellas no cumpla con la devolución de aquello a lo que está obligada, no puede ser compelida la otra a que lo haga, por lo que la anulación del contrato que reclamo, obliga a las partes a la restitución mutua de lo recibido en virtud o por consecuencia de este y que hasta en tanto una de ellas no cumpla con la devolución de aquello a lo que está obligada, no puede ser compelida la otra a que cumpla con la devolución de la parcela materia de juicio. Por lo que hasta en Tanto Obelia Rodríguez Ríos, no exhiba la cantidad económica a la que se le condeno entregar, no se podrá ordenar la ejecución materia de la sentencia que nos ocupa." Para mayor comprensión del asunto, conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado: .4.- El veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la cual en los puntos resolutivos se establece lo siguiente: "PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.- La parte actora en el principal y reconvenida OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS, quien acudió a juicio por conducto de su apoderado legal el Licenciado JOSÉ MANUEL RÍOS ESTRADA probo parcialmente los elementos constitutivos de su acción por lo que resulta procedente declarar que le asiste el derecho como titular de la superficie de 7,084 metros cuadrados (siete mil ochenta y cuatro metros cuadrados metros cuadrados) sic que corresponden a la parcela número 109 Z-1 P-3, ubicada en el ejido de TLAQUILTENANGO, municipio de Tlaquiltenango, Morelos, asimismo, resulta procedente que dicha superficie le sea restituida, sin que haya lugar a condenar a los demandados en el principal por el pago de gastos y costas en el juicio conforme a lo argumentado en la parte considerativa del presente fallo. SEGUNDO.- Se condena a la demandada en el principal y reconvecionista ALBINA BAHENA SÁNCHEZ a la entrega real y material de la superficie 7,084 metros cuadrados (siete mil ochenta y cuatro metros cuadrados) que corresponden a la parcela 109 Z-1 P-3, ubicada en el ejido de TLAQUILTENANGO, municipio de Tlaquiltenango Morelos. TERCERO.- Los demandados en el principal y reconvecionista CIRILO COLÍN MARBÁN Y ALBINA BAHENA SÁNCHEZ, quienes acudieron a juicio por conducto de su apoderada legal Gloria Salinas García probaron parcialmente los elementos constitutivos de su acción en el juicio reconvencional, determinándose la procedencia del pago por la cantidad de $810,900.00 (ochocientos diez mil novecientos pesos 00/100 M.N.) señalada como valor de la superficie materia del juicio por el perito tercero en discordia en materia de valuación, la cual deberá ser actualizada y determinada desde el mes de junio del 2017 y hasta se efectué el pago, es decir hasta el momento de ejecutarse la presente sentencia, sin que haya legar a condenar a OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS por el pago de daños y perjuicios, de conformidad a lo expuesto y razonado en la partes considerativa del presente fallo. CUARTO.- Se condena a la reconvenida OBELlA RODRÍGUEZ RÍOS al pago por la cantidad de $ 810,900.00 (ochocientos diez mil novecientos pesos 00/100 M.N.) la cual deberá ser actualizada y determinada desde el mes de junio del dos mil diecisiete y hasta que se efectúe el pago, es decir hasta el momento de ejecutarse la presente sentencia, en favor de ALBINA BAHENA SÁNCHEZ. QUINTO.- Notifíquese a las partes entregándoles copia certificada de esta resolución. SEXTO.- Publíquese en los Estrados del Tribunal la información relativa al dictado de esta sentencia. Hágase las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente expediente." 5.- Una vez que causó ejecutoria la sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por auto de veintiocho de septiembre de ese año, se señaló el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, la audiencia de avenencia a efecto de conciliar conforme lo dispone el numeral 191 de la Ley Agraria los términos en que ha de ejecutarse la sentencia definitiva, y en virtud de que las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio en dicha audiencia sino se solicitó una prórroga para que ambas partes dialogaran, la autoridad responsable emitió un acuerdo que textualmente dice: Por tanto, hasta en tanto no se exhiba convenio que pudiera suscribir entre las partes, o no se exhiba la cantidad económica que se condenó a OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, a entregar en favor de la demandada ALBINA BAHENA SÁNCHEZ, esta continuará en posesión de la superficie que es materia del juicio. 6.- Al no estar de acuerdo con lo que acordó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, insistió para que se le entregara la parcela materia del juicio, recayó auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve en el que esencialmente se le dijo: .se tiene a la ocursante por hechas sus manifestaciones, atento a su contenido, dígasele que una vez que exhiba la cantidad económica a la que se le condeno a pagar, más su actualización, se proveerá lo conducente respecto de la ejecución material que solicita, mientras tanto, deberá estarse a lo ordenado en segmento de audiencia de fecha veintiocho noviembre del año próximo pasado..." 7.- El once de abril de dos mil diecinueve, solicitó a la autoridad responsable motivara y fundara el por qué no se le ha entregado la Parcela Materia del Presente Juicio a lo que le recayó el que acto que ahora reclama. En relatadas circunstancias y, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. Ahora bien, en el caso en particular, se destaca que si bien es cierto el expediente 653/2013 del que emana el acto reclamado, se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia ejecutoriada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho se celebró audiencia de avenencia a efecto de conciliar conforme lo dispone el numeral 191 de la Ley Agraria, los términos en que habría de ejecutarse la referida sentencia definitiva; no menos cierto es que ésta no ha sido cumplida, aunado a que el acto combatido en la presente vía, no constituye imposible reparación porque no es la determinación que paraliza o impide la ejecución de la sentencia definitiva, porque como se observa éste deriva del diverso de veinte de febrero del año que transcurre; por tanto, en este momento dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, habida cuenta que como se ha precisado el acto reclamado deriva del diverso acuerdo emitido por la autoridad responsable el veinte de febrero de dos mil diecinueve, el cual a su vez emana de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, concerniente a la conciliación sobre la ejecución de la aludida sentencia definitiva; de ahí que en el caso en particular no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplida la sentencia. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Mayo de 2008, de la Novena Época, página 989, que a continuación se transcribe: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL." La determinación reclamada se traduce en una violación procesal que no afecta derechos sustantivos del quejoso, que incluso no condiciona la obtención de una resolución no favorable, y en el caso de serlo, podrá combatir tal violación procesal conjuntamente con la resolución final. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.12o.C.22 K (10a.), de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, pág. 2163, con registro 2018278 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO." De igual forma, es aplicable al caso por analogía, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 230, del rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS" Asimismo, es aplicable al caso, la Tesis I.8º.C.22 K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada Libro 50, enero de 2018, tomo IV, Materia: Común, número de registro 2015962, del rubro:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA." Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en el Tomo XXIII, Enero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 6, con número de registro 163152 de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. " Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por, OBELIA RODRÍGUEZ RÍOS, por su propio derecho. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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