Obdulio Magdaleno Sánchez

Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
439/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Obdulio Magdaleno Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Quejoso solicita devolución de documento. Agréguese a los autos el escrito del quejoso *************, mediante el cual solicita la devolución de su credencial que anexó a su demanda de amparo. Se autoriza devolución de documentos. En ese tenor, tal como se ordenó mediante proveído de veinticinco de junio del año en curso, se autoriza la devolución del documento que exhibió en su escrito inicial de demanda, para lo cual se deberá dejar en autos la razón de recibo correspondiente. En el entendido que el quejoso deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional a fin de que se le entreguen los referidos documentos; lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado remite escrito. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por medio del cual remite el escrito de *************, en virtud de que el mismo no corresponde a dicho juzgado, por lo tanto, glósese el mismo, al presente juicio de amparo. Quejoso solicita devolución de documento. Glósese a los autos el escrito del quejoso ****************, por medio del cual solicita le sea devuelto el original de su credencial para votar que anexó a su escrito inicial de demanda. Se autoriza devolución de documentos. En ese tenor, se autoriza la devolución del documento que exhibió en su escrito inicial de demanda, para lo cual se deberá dejar en autos la razón de recibo correspondiente. En el entendido que la quejosa deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional a fin de que se le entreguen los referidos documentos; lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de junio de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Existencia de documentos (no originales). No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 439/2021-III. Se desecha la demanda de amparo. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es notoria e indudablemente improcedente, y, por tanto, debe desecharse con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se observa que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que se establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.]." El precepto transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Ello es así, pues de la interpretación conjunta y armónica de los artículos 41, 94, 99 y 105, fracción II, de la Constitución, que contienen el sistema integral de justicia en materia electoral, en relación con el artículo 103 de la propia Ley Suprema, que establece el juicio de amparo, se sigue que éste es improcedente en contra de normas, actos o resoluciones de contenido materialmente electoral; ello en tanto que la evolución del juicio de amparo ha sustraído el control del poder judicial sobre actos de naturaleza electoral, a fin de permitir que tribunales especializados en la materia resuelvan sobre la regularidad constitucional de actos que versen sobre la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal. Empero, no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido general sea de carácter electoral, para que resulte improcedente el juicio de garantías, sino que es necesario que el contenido de la norma tenga tal carácter, esto es, que materialmente constituya una norma electoral. Por tanto, la correcta interpretación de la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de amparo, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Debe precisarse que tratándose de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, el juicio de amparo siempre resultará improcedente con independencia del contenido material de esas resoluciones, esto es, aun cuando ese contenido no verse estrictamente sobre la materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva directamente del artículo 99 de la Constitución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice "Registro digital: 162431 Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323 AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Ahora, en el caso en estudio debe indicarse que en la demanda de amparo el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Congreso del Estado de Tlaxcala de tomar protesta al ciudadano ******* como Diputado Local del Distrito 3 en el Estado de Tlaxcala. Empero, para acotar debidamente el acto que se tilda de inconstitucional, debe retomarse que de los antecedentes narrados se observa lo siguiente: El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Tlaxcala otorgó licencia al Diputado **********Mediante sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio para la protección de derechos político electorales TET-JDC-046/2021, el Tribunal Electoral de Tlaxcala ordenó al Congreso del Estado de Tlaxcala tomar protesta a Rogelio Ramos Ramos, como Diputado otorgándole el plazo de cuarenta y ocho horas para realizar dicha protesta. De lo antes señalado, se aprecia que la omisión que aquí reclama el quejoso deriva de la falta de cumplimiento de la sentencia de diecisiete de mayo del año en curso, a través de la cual el Tribunal Electoral de Tlaxcala determinó que la Mesa Directiva del Congreso del Estado debía, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, convocar a la totalidad de sus integrantes y llevar a cabo la toma de protesta constitucional al ciudadano Rogelio Ramos Ramos, respecto del cargo de diputado. Al respecto, importa destacar que los artículos 51 y 56 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, establecen lo siguiente: ....Artículo 51. Las sentencias que pronuncie el Tribunal Electoral deberán constar por escrito y contendrán: La fecha y lugar en que se emitan; El resumen de los hechos o los puntos de derecho controvertidos; El análisis de los agravios señalados; El examen y valoración de las pruebas; Los fundamentos jurídicos; Los puntos resolutivos, y En su caso, el plazo para su cumplimiento. .... Artículo 56. La notificación de la resolución que se haga a la autoridad o partido político responsable, requerirá su cumplimiento dentro del plazo que se fije. En caso de incumplimiento, sin causa justificada, se impondrán los medios de apremio y correcciones disciplinarias que señala la ley. El incumplimiento podrá dar lugar a la inmediata separación del cargo, sin perjuicio de quedar a disposición del Ministerio Público para la iniciación del procedimiento penal respectivo y la aplicación de las demás sanciones que correspondan conforme a las disposiciones aplicables. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de conductas evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. .... Por tanto, puede decirse que la omisión reclamada de forma destacada, al margen de que se atribuye a un órgano legislativo, involucra el cumplimiento de una resolución en materia electoral, mediante la que un tribunal en esa materia, ordena que se tome la protesta al ciudadano que ostenta el cargo de suplente de Diputado. En el entendido de que no es dable considerar que la omisión reclamada y la mencionada sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala se trata de actos autónomos e independientes, dado que el justiciable no estaría en aptitud de reclamar el acto omisivo que señala, si el referido tribunal no hubiera determinado en una sentencia definitiva que al ciudadano *********debe tomársele la protesta constitucional correspondiente respecto del cargo de diputado. Acotado lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente electoral, pues a pesar de que está involucrado un órgano del Estado con atribuciones legislativas -cuyo examen a través del juicio de amparo es generalmente procedente- la cuestión a dilucidar en el presente caso no está referida a la emisión de una norma de carácter general, sino que se trata del acatamiento de una sentencia que tutela la protección de los derechos políticos electorales de un ciudadano quien ostenta el cargo de suplente de Diputado. Luego, si el acto reclamado involucra el examen de normas de naturaleza electoral, en tanto que la cuestión a dilucidar radicaría en resolver si conforme a diversos hechos que se rigen por normas electorales, es dable o no tomar la protesta constitucional a quien tiene el cargo de suplente; por ende, es factible estimar que el juicio constitucional resulta improcedente, en la medida que respecto el fondo del asunto involucra el examen de hechos relacionados con la elección de un propietario y suplente al cargo de Diputado, así como sobre el procedimiento que prevén las leyes locales en materia electoral para determinar en que caso la licencia del propietario implica que el suplente deba protestar el cargo como Diputado. Tiene aplicación al caso, la tesis P.LX/2008 del Pleno del máximo tribunal del país, que dice: "Época: Novena Época Registro: 168997 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. P.LX/2008 Página: 5 "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por *********** Del domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Autorizado en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación a las partes para la realización del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista.

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