Obdulia Era Cuahutle
Expediente 1194/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Obdulia Era Cuahutle
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede del Secretario de este juzgado, se desprende que el promovente dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se concedió a la promoventente Obdulia Era Cuahutle, para que cumpliera con la prevención que se le formuló en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que aclarara su demanda de amparo en los términos ahí indicados, sin que haya dado cumplimiento, no obstante encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de la constancia de notificación por lista de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, previo citatorio que obra agregada en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y con apoyo en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Finalmente agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Obdulia Era Cuahutle, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda de amparo; por lo tanto, se ordena su devolución, previa copia certificada que se deje en autos. Se tienen por autorizados a las personas que describe en su escrito de cuenta para recibir la documentación solicitada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó y se negó el amparo en el presente juicio, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes; y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el incidente de suspensión es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente conforme a lo indicado en los artículos 26 y 29 del citado Acuerdo General. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales y no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se requirió al quejoso ********************, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de las autoridades precisadas en el escrito recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, el seis de enero de dos mil veintitrés, estos son: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- ********************, ELEMENTO Y COMANDANTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA POLICÍA Y FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE AL SECUESTRO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 2.- ********************, ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 3.- ********************, ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4.- ********************, ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 5.- ********************, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE AL SECUESTRO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 6.- ********************, ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (AUTORIDAD RESPONSABLE) A quienes se les reclamó: 1.- La detención prolongada 2.- Abuso de autoridad. 3.- Incomunicación. 4.- Tortura física y psicológica. 5.- Privación ilegal de la libertad. 6.- Falsas declaraciones. 7.- Daño moral y perjuicios. 8.- Robo. Actos que el quejoso aduce se ejecutaron en su contra el veinticinco de agosto de dos mil veinte. Al respecto, mediante oficios registrados con los números de promoción 8666, 8667, 8669, 8992, 8993 y 12201, las autoridades responsables ********************, ********************, ********************y ********************, todos elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quienes ejecutaron la detención del aquí quejoso ******************** el veinticinco de agosto de dos mil veinte, y agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a cargo de la carpeta de investigación ********************correspondiente, rindieron su informe justificado, en el que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, mismos que se recibieron mediante proveídos de diez y quince de mayo, y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés (fojas 624, 627 y 688 de autos) No obstante, de las constancias que el juez de control remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que el aquí quejoso ********************, fue privado de su libertad el veinticinco de agosto de dos mil veinte, con motivo de la detención el flagrancia derivada de la carpeta de investigación ********************del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate al secuestro, del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 1 a 5 del tomo de pruebas II). Posteriormente, el agente del Ministerio Público puso al quejoso ********************, a disposición del Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la causa judicial ********************, por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de extorsión agravada y lesiones calificadas, sin que de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se adviertan las constancias relativas a la detención del citado quejoso (foja 10, 51 y 52 del tomo de pruebas II). Ahora, toda vez que el acto reclamado destacado en el presente juicio de amparo es la tortura física y psicológica, entre otros, que el quejoso ******************** aduce sufrió al momento de su detención, resulta necesario actuar conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 256/2015, cuya ejecutoria dio origen a la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2018533 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256 Tipo: Aislada "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. Amparo en revisión 256/2015. 3 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien indicó estar con el sentido, con salvedad en consideraciones. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jesús Rojas Ibáñez. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación." En tales condiciones, la suscrita se acoge al criterio apuntado y, mediante oficio que al efecto se gire, se requiere a las autoridades responsables ********************, ********************, ********************y ********************, todos elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como a la agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, ********************, para que dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban la notificación del presente acuerdo, rindan su ampliación de informe justificado, mismo que debe referirse de forma pormenorizada respecto a los hechos que el quejoso señala sucedieron durante su detención realizada el veinticinco de agosto de dos mil veinte, con independencia de la fecha en que se haya ejecutado, debiendo acompañar en su caso, copia certificada de las constancias deducidas de la carpeta de investigación ********************correspondiente, necesarias para apoyar dicho informe, mismas que deben incluir bitácoras, registros de detención, exámenes médicos y psicológicos, y cualquier otro documento que guarde relación con la detención del quejoso y su posterior puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público; ello conforme al principio de inversión de la carga de la prueba que opera cuando los quejosos reclaman en amparo actos de tortura, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que con independencia de presumirle cierto el acto reclamado, en caso de incumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá a cada autoridad omisa una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, toda vez que los quejosos ******************** y ********************, señalaron como acto reclamado del Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la falta de resolución sobre el auto de vinculación a proceso de la causa judicial ********************, atendiendo al tiempo que ha transcurrido desde la presentación de la demanda a la fecha en que se actúa, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, se requiere al Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal en que se encuentra la la causa judicial ******************** del índice del juzgado de su adscripción, y remita copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran dicha causa a partir del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Apercibida la autoridad requerida que de incumplir con lo ordenado en el presente acuerdo en el plazo señalado sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, conforme a los artículos 237 y 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a ello, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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