Obdulio Librado López López

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
28
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Obdulio Librado López López
  • Obdulio Librado López López y Otros.
  • Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    I 198/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso g), y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la resolución engrosada el veintiocho de julio del año en curso, en el que se declaró sin materia e infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 198/2023 de la estadística de este Juzgado, sin que se haya interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida resolución. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la resolución emitida se declaró sin materia e infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 198/2023, mesa 6 Vistos para resolver el juicio de amparo 198/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de este año ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado, por razón de turno, el veintiocho de febrero siguiente, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente *** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese mismo acuerdo (ocho de marzo del año en curso) se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, A) ***, B) ***, C) *** y D) ***, mediante despacho enviado al juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; quienes quedaron emplazados el veintisiete de marzo pasado y se apersonaron mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de abril de este año. Previo los tramites respectivos, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos reclamados se atribuye a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades ordenadoras: 1. De la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: A. El acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***. 2. De la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México: B. La ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. 3. Del director Jurídico del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México: C. La autorización para la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. Autoridades ejecutoras. 4. Subdirector de Control de Pagos dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México. 5. Director o subdirector o encargado del Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. 6. Subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México (denominación correcta del director o subdirector o encargado de Pensiones Alimenticias del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México) (folio 3825): D. El cumplimiento que pretenden dar a los descuentos ordenados en forma ilegal y arbitraria en la ampliación del oficio ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que emitió un acuerdo el trece de febrero de dos mil veintitrés en el expediente familiar ***, en el que ordenó dar vista a la parte actora (aquí terceros interesados) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También manifestó que derivado a la "alteración" que se realizó en el oficio en el que se ordenó la ejecución de la sentencia (pues erróneamente se indicó que se realizara la cancelación de la pensión alimenticia decretada en autos con efecto retroactivo a partir de enero de dos mil veintiuno), en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se ordenó girar un nuevo oficio a la subdirectora jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, para que dejara sin efecto el oficio apócrifo 1851/2022, de veinte de octubre de dos mil veintidós, y se realizara la cancelación de la pensión alimenticia en los términos decretados en autos. Además, que se ha remitido diversos oficios recordatorios y que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés ordenó girar oficio a la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, al que adjuntó la copia certificada del oficio 2086/2022, por el que se le ordenó la cancelación de la pensión alimenticia con el fin de que estuviera en condiciones de dejar sin efecto el diverso 1851/2022; lo anterior, con motivo del oficio DPE/1.0.2.1/28267/2022 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el cual la última de las mencionadas solicitó ese oficio en original o copia certificada. Las diversas autoridades responsables, a) director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México; b) directora de Prestaciones Económicas, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; c) el subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ; así como en representación de la d) jefa de Departamento de Nomina adscrita a la Subdirección de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas de dicho Instituto; todos con sede en la Ciudad de México, no manifestaron expresamente si aceptan o niegan los actos que les atribuye la parte quejosa. Sin embargo, de la lectura de los informes se advierte que todas las autoridades han tenido algún tipo de injerencia en la pensión alimenticia decretada por el referido Juzgado Familiar; por tanto, se tiene como cierto los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables. CUARTO. Causal de improcedencia respecto de los actos reclamados identificados con los incisos B, C y D del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. En el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, se tramitó el expediente familiar ***, en el que 1) ***, 2) ***, 3) *** y 4) ***, demandaron la pensión alimenticia provisional y definitiva al aquí quejoso ***. 2. En dicho juicio se decretó la pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora y se fijó un monto del cincuenta y cinco por ciento de sueldo y demás prestaciones. 3. Seguido el juicio en su trámite, el dos de septiembre de dos mil veintidós se dictó sentencia en el expediente familiar ***, en la que se absolvió al demandado *** del pago de la pensión alimenticia definitiva y mediante oficio 1851/2022 se ordenó dejar sin efectos el oficio ***, en el que se fijó la pensión alimenticia provisional; sentencia que fue declarada firme el siete de octubre de dos mil veintidós. 4. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se precisó que el contenido del oficio 1851/2022 enviado a fin de dar cumplimiento a lo anterior, era totalmente distinto al contenido correcto, pues se indicó en el oficio apócrifo que se realizara la cancelación de la pensión alimenticia decretada en autos con efecto retroactivo a partir del mes de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, se ordenó nuevamente girar un oficio (2086/2022) a la subdirectora jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, para que dejara sin efecto el oficio apócrifo 1851/2022 de veinte de octubre de dos mil veintidós y se realizara la cancelación de la pensión alimenticia en los términos decretados en la sentencia respectiva. 5. Además, remitió diversos oficios recordatorios y el dieciséis de enero de dos mil veintitrés ordenó girar oficio a la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, al que adjuntó la copia certificada del oficio 2086/2022 por el que se le ordenó la cancelación de la pensión alimenticia, con el fin de que estuviera en condiciones de dejar sin efecto el diverso 1851/2022; lo anterior, con motivo del oficio *** de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que la última de las mencionadas solicitó ese oficio en original o copia certificada. 6. Posteriormente, mediante ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México (acto reclamado), se estableció que se continuaría realizando el descuento ordenado en el oficio *** (relativo a la pensión alimenticia provisional); además, informó que: ? Mensualmente efectuaría un descuento por concepto del deber del retiro y demás percepciones del quejoso, para ser entregadas a 1) ***, 2) ***, 3) *** y 4) ***. ? A partir del mes de marzo de dos mil veintitrés se entregaría a la acreedora alimenticia una cantidad adicional de *** pesos, *** centavos, por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, relativo a la parte proporcional de aguinaldo de 2021 y 2022. 7. Por lo anterior, en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés la juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercera interesada), con el fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues precisó que existía una cantidad por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 8. Mediante oficio con terminación 8153/2023, el director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, informó que el ocho de junio de dos mil veintitrés recibió copia certificada del oficio 2086/2022 y 618/2023, por los que se ordenó y reitero dejar sin efecto el diverso oficio apócrifo 1851/2022. 9. Por lo anterior, por oficio *** de doce junio de dos mil veintitrés se remitieron tales constancias a la Dirección de Prestaciones Económicas de ese Instituto, a fin de que procediera a realizar el trámite correspondiente. 10. Así, a través del oficio *** de doce de junio de dos mil veintitrés se informó que a partir de la nómina del mes de mayo de dos mil veintitrés, se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***. Lo anterior, se corrobora del recibo de pago realizado en la nómina del quejoso relativo al mes de mayo, en el cual no se realizó ninguna deducción relativa al concepto de pensión alimenticia, como se advierte a continuación: (Imagen escaneada) Además, que derivado de esa cancelación de pensión alimenticia en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso, la mensualidad correspondiente al mes de abril. Aspecto que acreditó con el oficio firmado por la titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México (y que obra en el incidente de suspensión relativo a este juicio ), mediante el cual informó que realizó la devolución a la parte quejosa de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional) correspondientes al descuento que realizó en el mes de abril, en el rubro *** (Haberes de Retiro o Pensiones), como se advierte a continuación: (Imagen escaneada). Como se ve, la cantidad retenida al quejoso en el mes de abril del año en curso, consistente en la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional) fue devuelta en el mes de julio actual. Así, con tales actuaciones y con lo descrito se patentiza la cesación de los actos reclamados, pues la parte quejosa se duele de a) la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés; b) la autorización para la ampliación de tal oficio y c) el cumplimiento de los descuentos ordenados en la ampliación de ese comunicado, mismo que se emitió en los términos siguientes: (Imagen escaneada). Sin embargo, mediante oficio ***. de doce de junio de dos mil veintitrés se informó que a partir de la nómina del mes de mayo de dos mil veintitrés se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***. Además, que derivado de esa cancelación de pensión alimenticia en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso, la mensualidad correspondiente al mes de abril, consistente en la devolución de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional). Es decir, mediante ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, se estableció que se continuaría realizando el descuento ordenado en el oficio ***, relativo a la pensión alimenticia provisional; pero por oficio ***, de doce de junio de dos mil veintitrés se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***, por lo cual no se seguirá descontando de la nómina de la parte quejosa por concepto de pensión alimenticia provisional; aspecto que ya se empezó a aplicar a partir de la nómina del mes de mayo; en tanto que, respecto al descuento que se realizó en el mes de abril, en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso la mensualidad correspondiente consistente en la devolución de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional). Por otro lado, en la ampliación del oficio marcado con el número *** de treinta de enero de dos mil veintitrés se precisó que se incluiría para la acreedora alimentaria una cantidad adicional de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia. Sin embargo, en diverso oficio ***, de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, le informó al director jurídico de ese instituto que existían cantidades no cobradas correspondientes al periodo que engloba del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta de marzo de dos mil veintitrés, incluyendo gratificación anual 2021 y 2022, a fin de que la "autoridad competente" indicara a ese departamento a quién deberían integrarse dichos importes. Como se ve, tal descuento aún no se ha efectuado, pues el mismo se encuentra retenido y pendiente de ser cobrado o reintegrado a la parte correspondiente hasta en tanto se informe a la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a quién deberá integrarse; aspecto que aún no ha ocurrido. Por otro lado, no es inadvertido que mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***, la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercero interesado) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; sin embargo, de tal acuerdo no se aprecia que tal juzgado haya ordenado al instituto antes mencionado el tipo o cantidad de integración que se deberá realizar a la parte actora; tampoco giró algún oficio a fin de indicarle al instituto a quien deberá efectuarse el pago, pues únicamente otorgó una vista a la parte actora; de ahí que hasta que se realice tal cobro o descuento será el momento en el que se establecerá si los cálculos de las deducciones le fueron aplicados a la parte quejosa de manera correcta; aspecto que no reclamó como acto destacado. Así, se concluye que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas aún no ha determinado a quién deberá integrarse o devolverse el mismo; pues únicamente le hizo del conocimiento a la juez natural sobre la existencia de la cantidad de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia; sin que hasta el momento exista una determinación emitida que obligue a las autoridades correspondientes a integrar o pagar la cantidad referida a la parte procesal respectiva. Por lo anterior, se demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de los actos reclamados, en la medida de que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". QUINTO. Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso A del considerando segundo de esta sentencia. Se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Federal, que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: - -- (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - -- (.)" CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - - - (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - - - - - (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." (Transcripción) De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto . A fin de dar claridad a la determinación que se toma, es conveniente tomar en cuenta lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 , en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación, si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, la parte quejosa reclama de la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés emitido en el expediente familiar ***, en el que ordenó dar vista a la parte actora (aquí terceros interesados) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por otro lado, en diverso oficio ***, de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, le informó al director jurídico de ese instituto que existían cantidades no cobradas, correspondientes al periodo que engloba del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta de marzo de dos mil veintitrés, incluyendo gratificación anual 2021 y 2022, a fin de que la "autoridad competente" indicara a ese departamento a quién debería integrarse dichos importes. En ese sentido, se determina que el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ***, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues se advierte que la juez responsable únicamente ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercero interesado) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se encontraban sin ser cobradas. Sin embargo, la juez natural no ordenó al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, que el mismo sea pagado a alguna de las partes, ni este último ha determinado a qué parte deberá integrarse la cantidad adicional de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia. Por lo que será hasta que se determine a quién deberá integrarse tal cantidad cuando podrá existir una afectación en los derechos del quejoso, pues ese descuento aún no se ha efectuado, ya que el mismo se encuentra retenido y pendiente de ser cobrado o reintegrado a la parte correspondiente hasta en tanto se informe a la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a quién le corresponde el mismo. Como se ve, en el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés no se ordenó tal aspecto, pues solo se dio una vista a la parte actora con tal oficio a fin de que realice el cobro, pues, como lo señaló la autoridad responsable, "dedujo" que la cantidad que aún no se ha cobrado y que refirió el director jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, era por retroactivo de la pensión alimenticia, sin que tenga certeza de ello; por tanto, será hasta que exista una determinación que ordene claramente a la parte a quien le corresponde integrarse o cobrarse esa cantidad cuando le causará perjuicio a la parte quejosa, pues, se insiste, en el acuerdo combatido no se aprecia que tal juzgado haya ordenado al instituto antes mencionado el tipo o cantidad de integración que se deberá realizar a la parte actora; tampoco giró algún oficio a fin de indicarle al referido instituto a quién deberá efectuarse el pago, pues únicamente otorgó una vista a la parte actora; por ello, se reitera, hasta que se realice tal cobro o descuento será el momento en el que se establecerá si los cálculos de las deducciones le fueron aplicados a la parte quejosa de manera correcta; aspecto que, se reitera, no reclamó como acto destacado; motivo por el cual, el auto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. SÉPTIMO. Precisión sobre engrose de sentencia. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el juez reanudó sus funciones a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de ahí que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; entonces, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: 1. De la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: A. El acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***. 2. De la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. B. La ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. 3. Del director Jurídico del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México: C. La autorización para la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. Autoridades ejecutoras. 4. Subdirector de Control de Pagos dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México. 5. Director o subdirector o encargado del Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. 6. Subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México (denominación correcta del director o subdirector o encargado de Pensiones Alimenticias del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México) (folio 3825): D. El cumplimiento que pretenden dar a los descuentos ordenados en forma ilegal y arbitraria en la ampliación del oficio ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS, PREVIO AVISO. - Número de expediente: 198/2023 Acuerdo: P 198/2023, mesa 6 Vistos para resolver el juicio de amparo 198/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de este año ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado, por razón de turno, el veintiocho de febrero siguiente, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente *** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese mismo acuerdo (ocho de marzo del año en curso) se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, A) ***, B) ***, C) *** y D) ***, mediante despacho enviado al juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; quienes quedaron emplazados el veintisiete de marzo pasado y se apersonaron mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de abril de este año. Previo los tramites respectivos, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos reclamados se atribuye a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades ordenadoras: 1. De la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: A. El acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***. 2. De la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México: B. La ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. 3. Del director Jurídico del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México: C. La autorización para la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. Autoridades ejecutoras. 4. Subdirector de Control de Pagos dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México. 5. Director o subdirector o encargado del Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. 6. Subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México (denominación correcta del director o subdirector o encargado de Pensiones Alimenticias del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México) (folio 3825): D. El cumplimiento que pretenden dar a los descuentos ordenados en forma ilegal y arbitraria en la ampliación del oficio ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que emitió un acuerdo el trece de febrero de dos mil veintitrés en el expediente familiar ***, en el que ordenó dar vista a la parte actora (aquí terceros interesados) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También manifestó que derivado a la "alteración" que se realizó en el oficio en el que se ordenó la ejecución de la sentencia (pues erróneamente se indicó que se realizara la cancelación de la pensión alimenticia decretada en autos con efecto retroactivo a partir de enero de dos mil veintiuno), en acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se ordenó girar un nuevo oficio a la subdirectora jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, para que dejara sin efecto el oficio apócrifo 1851/2022, de veinte de octubre de dos mil veintidós, y se realizara la cancelación de la pensión alimenticia en los términos decretados en autos. Además, que se ha remitido diversos oficios recordatorios y que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés ordenó girar oficio a la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, al que adjuntó la copia certificada del oficio 2086/2022, por el que se le ordenó la cancelación de la pensión alimenticia con el fin de que estuviera en condiciones de dejar sin efecto el diverso 1851/2022; lo anterior, con motivo del oficio DPE/1.0.2.1/28267/2022 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el cual la última de las mencionadas solicitó ese oficio en original o copia certificada. Las diversas autoridades responsables, a) director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México; b) directora de Prestaciones Económicas, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; c) el subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ; así como en representación de la d) jefa de Departamento de Nomina adscrita a la Subdirección de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas de dicho Instituto; todos con sede en la Ciudad de México, no manifestaron expresamente si aceptan o niegan los actos que les atribuye la parte quejosa. Sin embargo, de la lectura de los informes se advierte que todas las autoridades han tenido algún tipo de injerencia en la pensión alimenticia decretada por el referido Juzgado Familiar; por tanto, se tiene como cierto los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables. CUARTO. Causal de improcedencia respecto de los actos reclamados identificados con los incisos B, C y D del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. En el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, se tramitó el expediente familiar ***, en el que 1) ***, 2) ***, 3) *** y 4) ***, demandaron la pensión alimenticia provisional y definitiva al aquí quejoso ***. 2. En dicho juicio se decretó la pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora y se fijó un monto del cincuenta y cinco por ciento de sueldo y demás prestaciones. 3. Seguido el juicio en su trámite, el dos de septiembre de dos mil veintidós se dictó sentencia en el expediente familiar ***, en la que se absolvió al demandado *** del pago de la pensión alimenticia definitiva y mediante oficio 1851/2022 se ordenó dejar sin efectos el oficio ***, en el que se fijó la pensión alimenticia provisional; sentencia que fue declarada firme el siete de octubre de dos mil veintidós. 4. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se precisó que el contenido del oficio 1851/2022 enviado a fin de dar cumplimiento a lo anterior, era totalmente distinto al contenido correcto, pues se indicó en el oficio apócrifo que se realizara la cancelación de la pensión alimenticia decretada en autos con efecto retroactivo a partir del mes de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, se ordenó nuevamente girar un oficio (2086/2022) a la subdirectora jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, para que dejara sin efecto el oficio apócrifo 1851/2022 de veinte de octubre de dos mil veintidós y se realizara la cancelación de la pensión alimenticia en los términos decretados en la sentencia respectiva. 5. Además, remitió diversos oficios recordatorios y el dieciséis de enero de dos mil veintitrés ordenó girar oficio a la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, al que adjuntó la copia certificada del oficio 2086/2022 por el que se le ordenó la cancelación de la pensión alimenticia, con el fin de que estuviera en condiciones de dejar sin efecto el diverso 1851/2022; lo anterior, con motivo del oficio *** de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que la última de las mencionadas solicitó ese oficio en original o copia certificada. 6. Posteriormente, mediante ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México (acto reclamado), se estableció que se continuaría realizando el descuento ordenado en el oficio *** (relativo a la pensión alimenticia provisional); además, informó que: ? Mensualmente efectuaría un descuento por concepto del deber del retiro y demás percepciones del quejoso, para ser entregadas a 1) ***, 2) ***, 3) *** y 4) ***. ? A partir del mes de marzo de dos mil veintitrés se entregaría a la acreedora alimenticia una cantidad adicional de *** pesos, *** centavos, por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, relativo a la parte proporcional de aguinaldo de 2021 y 2022. 7. Por lo anterior, en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés la juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercera interesada), con el fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues precisó que existía una cantidad por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 8. Mediante oficio con terminación 8153/2023, el director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, informó que el ocho de junio de dos mil veintitrés recibió copia certificada del oficio 2086/2022 y 618/2023, por los que se ordenó y reitero dejar sin efecto el diverso oficio apócrifo 1851/2022. 9. Por lo anterior, por oficio *** de doce junio de dos mil veintitrés se remitieron tales constancias a la Dirección de Prestaciones Económicas de ese Instituto, a fin de que procediera a realizar el trámite correspondiente. 10. Así, a través del oficio *** de doce de junio de dos mil veintitrés se informó que a partir de la nómina del mes de mayo de dos mil veintitrés, se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***. Lo anterior, se corrobora del recibo de pago realizado en la nómina del quejoso relativo al mes de mayo, en el cual no se realizó ninguna deducción relativa al concepto de pensión alimenticia, como se advierte a continuación: (Imagen escaneada) Además, que derivado de esa cancelación de pensión alimenticia en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso, la mensualidad correspondiente al mes de abril. Aspecto que acreditó con el oficio firmado por la titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México (y que obra en el incidente de suspensión relativo a este juicio ), mediante el cual informó que realizó la devolución a la parte quejosa de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional) correspondientes al descuento que realizó en el mes de abril, en el rubro *** (Haberes de Retiro o Pensiones), como se advierte a continuación: (Imagen escaneada). Como se ve, la cantidad retenida al quejoso en el mes de abril del año en curso, consistente en la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional) fue devuelta en el mes de julio actual. Así, con tales actuaciones y con lo descrito se patentiza la cesación de los actos reclamados, pues la parte quejosa se duele de a) la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés; b) la autorización para la ampliación de tal oficio y c) el cumplimiento de los descuentos ordenados en la ampliación de ese comunicado, mismo que se emitió en los términos siguientes: (Imagen escaneada). Sin embargo, mediante oficio ***. de doce de junio de dos mil veintitrés se informó que a partir de la nómina del mes de mayo de dos mil veintitrés se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***. Además, que derivado de esa cancelación de pensión alimenticia en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso, la mensualidad correspondiente al mes de abril, consistente en la devolución de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional). Es decir, mediante ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, se estableció que se continuaría realizando el descuento ordenado en el oficio ***, relativo a la pensión alimenticia provisional; pero por oficio ***, de doce de junio de dos mil veintitrés se dejó sin efecto el descuento por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo de ***, por lo cual no se seguirá descontando de la nómina de la parte quejosa por concepto de pensión alimenticia provisional; aspecto que ya se empezó a aplicar a partir de la nómina del mes de mayo; en tanto que, respecto al descuento que se realizó en el mes de abril, en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés se procedió a reintegrar al "Haber de Retiro" del quejoso la mensualidad correspondiente consistente en la devolución de la cantidad de $*** (***, con ***, moneda nacional). Por otro lado, en la ampliación del oficio marcado con el número *** de treinta de enero de dos mil veintitrés se precisó que se incluiría para la acreedora alimentaria una cantidad adicional de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia. Sin embargo, en diverso oficio ***, de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, le informó al director jurídico de ese instituto que existían cantidades no cobradas correspondientes al periodo que engloba del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta de marzo de dos mil veintitrés, incluyendo gratificación anual 2021 y 2022, a fin de que la "autoridad competente" indicara a ese departamento a quién deberían integrarse dichos importes. Como se ve, tal descuento aún no se ha efectuado, pues el mismo se encuentra retenido y pendiente de ser cobrado o reintegrado a la parte correspondiente hasta en tanto se informe a la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a quién deberá integrarse; aspecto que aún no ha ocurrido. Por otro lado, no es inadvertido que mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***, la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercero interesado) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; sin embargo, de tal acuerdo no se aprecia que tal juzgado haya ordenado al instituto antes mencionado el tipo o cantidad de integración que se deberá realizar a la parte actora; tampoco giró algún oficio a fin de indicarle al instituto a quien deberá efectuarse el pago, pues únicamente otorgó una vista a la parte actora; de ahí que hasta que se realice tal cobro o descuento será el momento en el que se establecerá si los cálculos de las deducciones le fueron aplicados a la parte quejosa de manera correcta; aspecto que no reclamó como acto destacado. Así, se concluye que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas aún no ha determinado a quién deberá integrarse o devolverse el mismo; pues únicamente le hizo del conocimiento a la juez natural sobre la existencia de la cantidad de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia; sin que hasta el momento exista una determinación emitida que obligue a las autoridades correspondientes a integrar o pagar la cantidad referida a la parte procesal respectiva. Por lo anterior, se demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de los actos reclamados, en la medida de que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". QUINTO. Causal de improcedencia respecto del acto reclamado identificado con el inciso A del considerando segundo de esta sentencia. Se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Federal, que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: - -- (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - -- (.)" CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - - - (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - - - - - (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." (Transcripción) De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto . A fin de dar claridad a la determinación que se toma, es conveniente tomar en cuenta lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 , en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación, si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, la parte quejosa reclama de la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés emitido en el expediente familiar ***, en el que ordenó dar vista a la parte actora (aquí terceros interesados) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por otro lado, en diverso oficio ***, de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, le informó al director jurídico de ese instituto que existían cantidades no cobradas, correspondientes al periodo que engloba del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta de marzo de dos mil veintitrés, incluyendo gratificación anual 2021 y 2022, a fin de que la "autoridad competente" indicara a ese departamento a quién debería integrarse dichos importes. En ese sentido, se determina que el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ***, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues se advierte que la juez responsable únicamente ordenó dar vista a la parte actora (aquí tercero interesado) con el oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, a fin de que estuviera en condiciones de realizar el cobro respectivo, pues refirió que existía una cantidad por pago de pensión alimenticia retroactiva del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que señaló la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se encontraban sin ser cobradas. Sin embargo, la juez natural no ordenó al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, que el mismo sea pagado a alguna de las partes, ni este último ha determinado a qué parte deberá integrarse la cantidad adicional de $*** (*** pesos con *** centavos, moneda nacional), por retroactivo del uno de enero de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y la parte proporcional del aguinaldo de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de conformidad a la fecha de baja y alta en situación de retiro del militar quejoso y a lo previsto en la ley adjetiva de la materia. Por lo que será hasta que se determine a quién deberá integrarse tal cantidad cuando podrá existir una afectación en los derechos del quejoso, pues ese descuento aún no se ha efectuado, ya que el mismo se encuentra retenido y pendiente de ser cobrado o reintegrado a la parte correspondiente hasta en tanto se informe a la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a quién le corresponde el mismo. Como se ve, en el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés no se ordenó tal aspecto, pues solo se dio una vista a la parte actora con tal oficio a fin de que realice el cobro, pues, como lo señaló la autoridad responsable, "dedujo" que la cantidad que aún no se ha cobrado y que refirió el director jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, era por retroactivo de la pensión alimenticia, sin que tenga certeza de ello; por tanto, será hasta que exista una determinación que ordene claramente a la parte a quien le corresponde integrarse o cobrarse esa cantidad cuando le causará perjuicio a la parte quejosa, pues, se insiste, en el acuerdo combatido no se aprecia que tal juzgado haya ordenado al instituto antes mencionado el tipo o cantidad de integración que se deberá realizar a la parte actora; tampoco giró algún oficio a fin de indicarle al referido instituto a quién deberá efectuarse el pago, pues únicamente otorgó una vista a la parte actora; por ello, se reitera, hasta que se realice tal cobro o descuento será el momento en el que se establecerá si los cálculos de las deducciones le fueron aplicados a la parte quejosa de manera correcta; aspecto que, se reitera, no reclamó como acto destacado; motivo por el cual, el auto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. SÉPTIMO. Precisión sobre engrose de sentencia. No es obstáculo para que el titular de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca dicte y firme esta sentencia, el hecho de que la audiencia constitucional la celebrara la secretaria del Juzgado encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el juez reanudó sus funciones a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, de ahí que cesó en sus funciones la sustitución de la secretaria; entonces, si con anterioridad a ese día no se había firmado la sentencia que debió dictarse en la audiencia constitucional, no es factible prolongar más allá del lapso vacacional las funciones de la encargada del despacho, por lo cual, corresponde al titular el dictado y firma de la misma. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 36/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30, Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: 1. De la juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca: A. El acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente familiar ***. 2. De la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. B. La ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. 3. Del director Jurídico del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México: C. La autorización para la ampliación del oficio marcado con el número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. Autoridades ejecutoras. 4. Subdirector de Control de Pagos dependiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México. 5. Director o subdirector o encargado del Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. 6. Subdirector de Control de Pago del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México (denominación correcta del director o subdirector o encargado de Pensiones Alimenticias del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México) (folio 3825): D. El cumplimiento que pretenden dar a los descuentos ordenados en forma ilegal y arbitraria en la ampliación del oficio ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, signado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Incidental

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS, PREVIO AVISO. - Número de expediente: 198/2023 Acuerdo: I 198/2023, mesa 6 Visto para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Suspensión de oficio. Mediante resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, se concedió la suspensión definitiva al quejoso ********************; misma que fue notificada a las autoridades responsables el diez de abril del año en curso. SEGUNDO. Tramite del incidente. Por escrito presentado electrónicamente en este Juzgado el nueve de mayo del año en curso, ***, autorizada legal de la parte quejosa, promovió incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el treinta de marzo del año en curso en el incidente de suspensión derivado el juicio de amparo ********************. Por auto de nueve de mayo del año en curso se admitió a trámite el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se requirió a las autoridades responsables informe respecto al cumplimiento a la suspensión definitiva y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Previos los tramites respectivos, la audiencia de pruebas y alegatos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, en razón de que esta cuestión incidental fue promovida con motivo de la suspensión definitiva dictada el treinta de marzo del año en curso en el incidente de suspensión derivado el juicio de amparo ********************. SEGUNDO. Objeto del incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Así, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión tiene como objeto que el órgano de control constitucional verifique que las autoridades responsables cumplan con la medida suspensional que fue otorgada. Sin embargo, si como resultado del incidente se demuestra que no ha acatado la misma, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial le requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió o, en su caso, que subsanen las deficiencias relativas a las garantías; con el apercibimiento que, de no hacerlo, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. TERCERO. Efectos de la concesión de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Mediante resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** de la estadística de este Juzgado, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En ese sentido, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables no ordenen la ejecución del oficio número D.P.E 1.0.2.2.1/1391/2023 P.A, de treinta de enero de dos mil veintitrés, esto es, para que no se efectúen los descuentos ordenados a la parte quejosa.". CUARTO. Estudio de los motivos de inconformidad. La parte quejosa, a través de su autorizada en términos amplios, licenciada Beatriz Lucía Angón Flores, manifestó que las autoridades responsables cumplieron defectuosamente la suspensión definitiva dictada el treinta de marzo del año en curso en el incidente de suspensión derivado el juicio de amparo ********************, porque continuaron realizando descuentos por concepto de pensión alimenticia en los meses de abril y mayo del año en curso. QUINTO. Se declara sin materia el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva relativo al descuento efectuado en el mes de abril. Al rendir el informe relativo al incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, la autoridad responsable, juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca (folio 5898), manifestó que no ha emitido determinación alguna para la ejecución del oficio número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés. Por su parte, al rendir el informe respectivo, el titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, por sí y en representación de la a) directora de Prestaciones Económicas, b) subdirector de Control de Pago y c) jefe de Departamento de Nóminas de ese Instituto (folio 6401), manifestó, en lo que interesa, que por lo que hace a la nómina del mes de abril de dos mil veintitrés, el pago de pensión alimenticia a favor de ***, por sí y en representación de sus hijos, se encontraba retenido, como se desprende del recibo de pago cancelado respecto de dicha acreedora alimentista, correspondiente al referido mes de abril, el cual sería reintegrado al quejoso, en la nómina del mes de julio de dos mil veintitrés, como se informó en el oficio ***. de dieciséis de mayo de este año, emitido por la Dirección de Prestaciones Económicas de ese Instituto, el cual anexó en copia certificada. Lo anterior, toda vez que las nóminas de pensionistas de ese Instituto son elaboradas con dos meses de anticipación, en virtud que los recursos utilizados para el pago de las mismas no son propios, sino que provienen del Erario Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley que rige este instituto. Así, como se puede advertir, las autoridades responsables aceptaron haber realizado un descuento a la pensión del quejoso en el mes de abril del año en curso; sin embargo, también explicaron que dicho descuento no fue para ser entregado a la contraparte del quejoso en el juicio familiar, sino que fue retenido porque la nómina se elabora con dos meses de anticipación, esto es, antes del dictado de la resolución interlocutoria; por ello, dicho descuento sería reintegrado a la parte quejosa en la nómina del mes de julio. Ahora, cabe precisar que la parte quejosa refirió que se le realizó un descuento en el mes de abril del año en curso, por la cantidad de trece mil pesos, con noventa y cinco centavos, moneda nacional ($13,000.95), como se advierte en la imagen siguiente: (Imagen escaneada). Sin embargo, en el diverso recibo de pago que exhibieron las autoridades responsables correspondiente a ***, se aprecia que la cantidad cancelada en el mes de abril fue de $*** (***, moneda nacional). (Imágenes escaneadas) Por lo que se concluye que la cantidad retenida al quejoso correspondiente al mes de abril fue de $*** (***) relativo a la clave 62, el cual corresponde al rubro de pensión alimenticia (pago a beneficiarios por disposición judicial). En ese sentido, en audiencia inicial se agregó un oficio firmado por la titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informó que realizó la devolución de la cantidad de $*** (***, moneda nacional) a la parte quejosa correspondientes al descuento que realizó en el mes de abril, en el rubro 51 (Haberes de Retiro o Pensiones), como se advierte a continuación: (Imagen escaneada). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; con la que se acredita que la cantidad retenida al quejoso en el mes de abril del año en curso, consistente en la cantidad de $*** (***, moneda nacional) fue devuelta en el mes de julio actual. Además, en el oficio ***, de dieciocho de abril del año en curso, firmado por la directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, se advierte una orden expresa al director de Asuntos Jurídicos del referido instituto para que no ejecute el oficio número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, lo que evidencia que ha quedado sin materia este incidente, respecto al descuento realizado en el mes de abril, porque la cantidad económica ya fue devuelta. En consecuencia, con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, SE DECLARA SI MATERIA EL INCIDENTE por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, respecto al descuento realizado en el mes de abril del año en curso. SEXTO. Se declara infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva relativo al descuento efectuado en el mes de mayo. Por otra parte, en relación al descuento correspondiente al mes de mayo, al rendir el informe relativo al incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, la autoridad responsable, titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, por sí y en representación de la a) directora de Prestaciones Económicas, b) subdirector de Control de Pago y c) jefe de Departamento de Nóminas de ese Instituto (folio 6401), manifestó que en la nómina del mes de mayo de dos mil veintitrés ya no aparece descuento alguno en el "Haber de Retiro" del incidentista, por concepto de pensión alimenticia señalada en el oficio ***. de treinta de enero de dos mil veintitrés, con motivo de la resolución decretada por el juez Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca, dentro del expediente ***, como se aprecia del recibo de pago del promovente, correspondiente a la nómina de dicho mes, mismo que adjuntó la autoridad responsable en copia certificada y como se ordenó en el oficio ***. de diecisiete de marzo del actual que remitió al rendir en su momento el informe previo (mismo que obra en autos). En atención a ello, mediante escrito recibido en este Juzgado el seis de junio del año en curso (folio 7000), la autorizada legal de la parte quejosa argumentó que las autoridades responsables incumplen la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa porque en el recibo correspondiente al mes de mayo se advierte una deducción de $*** (***, moneda nacional) y en el mes de junio del año en curso sólo realizó un depósito por la cantidad de $***, moneda nacional). En su atención, se estima infundado su argumento, toda vez que su pretensión excede el efecto la concesión de la suspensión definitiva, por las razones siguientes: Mediante resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintitrés dictada en este incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables no ordenen la ejecución del oficio número ***, de treinta de enero de dos mil veintitrés, esto es, para que no se efectúen los descuentos ordenados a la parte quejosa. De modo que la suspensión definitiva se concedió para que las autoridades responsables no ejecuten el descuento por concepto de pensión alimenticia contenido en el oficio número *** de treinta de enero de dos mil veintitrés, a saber: (Imagen escaneada). Sin embargo, la suspensión definitiva de treinta de marzo del año en curso no se concedió para el efecto de que las autoridades responsables no ejecuten diversos descuentos como créditos o de cualquier otro concepto; además, tampoco se concedió la suspensión para el efecto de que se pague exactamente la cantidad asignada al quejoso por "Haber de Retiro", pues incluso ese dato se desconoce, ya que no es materia del juicio de amparo, menos aún de la suspensión definitiva. En ese sentido, la directora Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México (folio 8132), informó que las deducciones que aparecen en el recibo de nómina del mes de mayo del año en curso con clave ***, relativo a descuentos A B C D Banjercito, corresponden a un crédito que adquirió el quejoso con Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el cual no tiene relación con la pensión alimenticia decretada en el expediente familiar ***, del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. En efecto, el descuento efectuado al quejoso en la nómina del mes de mayo del año en curso fue por la cantidad de $*** (***, moneda nacional), como se advierte a continuación: Entonces, si el concepto corresponde a la clave ***, es evidente que la deducción fue por concepto de un crédito: (Imagen escaneada) Mismo que fue adquirido por el quejoso el catorce de agosto de dos mil catorce por la cantidad de ***, moneda nacional ($ ***), como se aprecia del oficio *** -folio 8132-. Por ello, el proceder de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, no infringe (por exceso o defecto) el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, porque el descuento realizado en el mes de mayo de este año no corresponde a la pensión alimenticia decretada en el expediente familiar ***, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, sino a un crédito que solicitó el quejoso; por lo que, ese descuento no fue materia de la suspensión definitiva decretada a favor de la parte quejosa; de ahí que el argumento de la parte quejosa deviene infundado. Máxime que en el recibo de pago del mes de mayo del año en curso no se advierte descuento por la cantidad que refiere la quejosa en el escrito por el que promueve el incidente de "violación a la suspensión" (folio 5626). En consecuencia, con fundamento en el artículo 1° constitucional, en relación con los artículos 208, 209, 209 y 210 de la Ley de Amparo, se declara INFUNDADO EL INCIDENTE por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, respecto al descuento realizado en el mes de mayo del año en curso. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se declara sin materia el incidente promovido por el quejoso ********************, contra el defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el treinta de marzo de dos mil veintitrés dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** de la estadística de este Juzgado; en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se declara infundado el incidente promovido por el quejoso ********************, contra el defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el treinta de marzo de dos mil veintitrés dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** de la estadística de este Juzgado; en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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