Obdulia Alma Rosa Concha Viloria y Otros.
Expediente 1013/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Obdulia Alma Rosa Concha Viloria y Otros.
- Obdulia Alma Rosa Concha Viloria
Actuaciones
- Principal
PRAL.1013/2017-2A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de doce de septiembre del año en curso (fojas 41 a 45), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por 1) Obdulia Alma Rosa Concha Viloria, 2) Claudia Ivonne Ruíz Concha, en su carácter de albacea y heredera, respectivamente, del extinto Rogelio Claudio Ruíz Palacios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA PRAL. 1013/2017 M2-A#. ...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Municipio el día once del actual y turnada a este órgano jurisdiccional en esa fecha, promovida por 1) Obdulia Alma Rosa Concha Viloria, 2) Claudia Ivonne Ruíz Concha, en su carácter de albacea y heredera, respectivamente, del extinto Rogelio Claudio Ruíz Palacios, contra actos de Seguros Banamex, sociedad anónima de capital variable, integrante del Grupo Financiero Banamex y otra autoridad, con residencia en la ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1013/2017. Desechamiento de demanda. Vista la demanda de cuenta, se advierte que las quejosas 1) Obdulia Alma Rosa Concha Viloria, 2) Claudia Ivonne Ruíz Concha, en su carácter de albacea y heredera, respectivamente, del extinto Rogelio Claudio Ruíz Palacios, manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que señalan como acto reclamado: Mismo que reclaman a: 1) "Seguros Banamex, sociedad anónima de capital variable, integrante del Grupo Financiero Banamex", con residencia en la Ciudad de México, y 2) gerente de la Sucursal Banamex, Sucursal 0549, citibanamex C. F. Antequera, con residencia en Oaxaca de Juárez. Así planteados tales actos, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; [.]". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Conforme al referido artículo 61, fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley en la materia; en tanto que el diverso numeral 1º, fracción I, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los instrumentos internacionales. Como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional, se requiere que las vulneraciones a derechos fundamentales tengan origen o sean producto de actos de autoridad, entendiendo por éstos aquellos que son dictados, ejecutados, o tratan de ejecutar la voluntad del Estado, a través de cualquier órgano o ente. Serán actos (u omisiones) de autoridad aquellos que trasciendan o impacten al gobernado (a su esfera jurídica o situacional). Es decir, son actos de autoridad los que crean, modifican o extinguen cualquier situación de una persona, en plano de subordinación, y esto último se verifica cuando la voluntad del Estado tiene medidas impositivas o coercitivas (unilateralidad y obligatoriedad). Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este caso, la parte quejosa reclama de la institución bancaria, que señala como responsable, (BANAMEX) la falta de contestación a la solicitud para el cobro de seguro por muerte y la consiguiente liberación de hipoteca del crédito hipotecario 33647551012, con número de cliente 33647551, signado por el extinto Rogelio Claudio Ruíz Palacios. El acto descrito no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un acto generado entre particulares con motivo de un contrato celebrado (seguro de vida), en el que ambas partes actúan en un plano de coordinación. En efecto, de la lectura del escrito de demanda, se advierte lo siguiente (foja 4): 1) El diez de octubre de dos mil dieciséis, la parte quejosa inició el trámite de cobro del seguro y liberación de hipoteca 33647551012, con número de cliente 33647551, signado por el extinto Rogelio Claudio Ruíz Palacios, 2) Cuyos documentos relativos a ese trámite fueron ingresados a las oficinas de Seguros Banamex, sociedad anónima de capital variable, integrante del Grupo Financiero Banamex y otra autoridad, con residencia en la ciudad de México, sin que esa autoridad haya dado respuesta, a la fecha, sobre su solicitud planteada. Lo anterior, pone en evidencia que la institución bancaria no actúo con el carácter de autoridad, sino como un particular, de ahí que el acto que se le atribuye no debe ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no puede ser estudiado en un juicio constitucional, al tratarse de un conflicto entre particulares, en el que el banco actúo en un plano de coordinación con el extinto y no en una relación de supra a subordinación, cuya relación contractual continúa con la parte beneficiaria, aquí quejosa. Se invoca en apoyo la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2009375 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.2o.C.15 C (10a.) Página: 1959 BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular. En ese contexto, como se actualiza la causal de improcedencia invocada, se desecha la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio el lugar que indica en su demanda; y, a 1) Yanet Franco San Pedro, 2) Jesús Ángel Franco San Pedro, 3) Alexis Ignacio Paz Flores, 4) Víctor Kevin Martínez Martínez y 5) Quirino Alberto Pacheco Gopar, se les tiene únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de dicha ley, toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte no existe registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviniere, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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