Nylssa Rocio Rodríguez Calixto
Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto
Actuaciones
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito, Nylssa Rocío Rodríguez Calixto, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022, mediante la cual RESUELVE EL INCIDENTE DE INCREMENTOS SALARIALES, SIN INTEGRAR DEBIDAMENTE LA LITIS, INTRODUCIENDO CUESTIONES AJENAS A DICHA INCIDENCIA, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Acto que el impetrante de amparo estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y Trámite. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, quien no formuló alegatos; se emplazó al tercero interesado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la jurisdicción que tiene este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables es el siguiente: La resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil veintidós dictada por el tribunal responsable dentro del incidente de incrementos salariales derivado del juicio laboral 282/2012. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior es así, no obstante que al rendir informe justificado la autoridad responsable manifestó que es cierto parcialmente el acto que se le atribuye, pues indica que lo acepta en el sentido que el siete de julio del año actual se dictó la interlocutoria que se le atribuye; por otra parte niega haber vulnerado la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con la documental allegada por la autoridad responsable adjunta al informe justificado, documental pública que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. En ese sentido, se cita la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de descartarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. Conceptos de violación. En ese tenor, se procede al examen de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa los que se tienen aquí reproducidos para todo efecto legal, sin que sea necesaria su transcripción, debido a que no existe en la Ley de Amparo precepto legal alguno que así lo exija. Sustentado lo anterior, en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En la especie, se surte a favor de la quejosa la prerrogativa procesal consistente en la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo, pues se trata de la parte trabajadora, la cual, de ser el caso, operará al estudiar los conceptos de violación. Los motivos de disenso contenidos en la demanda de amparo, para su estudio, se sintetiza en los siguientes términos: En el primer concepto de violación, la quejosa aduce que el tribunal responsable no resolvió el incidente de liquidación de incrementos salariales de acuerdo a la realidad jurídica ni en base a la Litis integrada en el juicio natural, sin que la patronal acreditara las cantidades que señaló en su planilla y mucho menos que hubiera cubierto todas las prestaciones conforme a lo dictado en el laudo. Asimismo, sobrevaloró la planilla de liquidación de incrementos salariales de la quejosa, estableciendo que el monto cuantificado por ésta, era inverosímil sin que existiera un razonamiento lógico y jurídico soportado de una debida fundamentación y motivación; así como carente de congruencia y exhaustividad. Además, la quejosa aduce que la autoridad responsable realiza una cuantificación incorrecta al resolver el incidente de liquidación de incrementos salariales, ya que no contabiliza de forma adecuada los periodos y tampoco establece los incrementos aplicables a los mismos, así como la sumatoria y el resultado total aterrizados en la realidad. Los conceptos de violación son infundados, sin que este órgano jurisdiccional advierta queja deficiente que suplir. En principio, conviene precisar que los incidentes en materia laboral -liquidación, revisión de actos del presidente ejecutor y reclamación-, aun cuando tienen objeto y contenido propios, sólo tienen el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles relativos a determinados puntos que no se pudieron dilucidar en el fallo (liquidación) y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución (revisión de actos del presidente ejecutor y reclamación). Además, no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en el laudo, pues ello sería antijurídico e ilegal, toda vez que atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de litis, congruencia y cosa juzgada, debido a que en el laudo dictado en el juicio natural el tribunal responsable decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, sea en forma específica o general; en cambio, el incidente no puede tener como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la resolución definitiva u otorgar uno no concedido, porque no debe perderse de vista que el incidente no es una nueva oportunidad para ampliar la controversia o introducir elementos ajenos a la misma. Es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/10 de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, página 2381 septiembre de 2007, novena época, con número de registro 171449, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio". Así como la jurisprudencia I.2o.T. J/27 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la octava época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, página 49, con registro 209862, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU CONTENIDO. El incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, por lo que la actividad de la Junta respectiva debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, en la inteligencia de que la circunstancia de que el demandado no objete la multicitada liquidación no implica que la acepte, porque ninguna disposición legal lo ordena así". Asimismo, conviene tener presente que el resolutivo SEGUNDO del laudo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal obrero determinó lo siguiente: ".RESUELVE: [.].. SEGUNDO.- Que el demandado H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, no acredito sus excepciones y defensas que hizo valer en el presente juicio, razón por la cual se le condena a reinstalar a la trabajadora a la fuente de trabajo, pago de salarios caídos, y las acciones autónomas, así como las prestaciones reclamadas por el tiempo del juicio, aguinaldo, prima vacacional, incrementos salariales, que se indican en el considerado de este laudo." (Sic). (Énfasis añadido) Por otra parte, del considerando segundo del laudo antes referido, en esencia se advierte lo siguiente: ".Consecuencia de lo anterior, al resultar procedente el despido injustificado del que se duele el trabajador, procede a condenar al demandado, al pago de la cantidad que resulte por concepto de prima vacacional y aguinaldo por el tiempo del juicio, ordenándose a la apertura del incidente de liquidación para determinar los incrementos salariales que se generen durante la secuela del presente juicio, para cuantificar salarios caídos, prima vacacional en base al 25% y aguinaldo en base a 40 días por año." (Énfasis añadido) Sobre esas bases, para resolver sobre el incidente de liquidación, se deberá partir de la condena y términos indicados en el laudo firme. Ahora, se tiene que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, sustentó su la resolución incidental de liquidación de incrementos salariales, bajo los siguientes argumentos: ".derivado de las pruebas desahogadas y las cuales ya fueron analizadas, no se acredita que efectivamente el incremento el salario del actor haya obtenido un incremento diario en el año 2012 de $100; en el año 2013 de $100; en el año 2014 de $100; e el año 2015 de $100; en el año 2016 de $100; en el año 2017 de $100; en el año 2018 de $100 y en el año 2019 de $100; es decir tuvo un incremento cada año de $100.00 a partir de la fecha del despido; en primer lugar, como ya se dijo, por ser un salario inverosímil, es decir, resulta totalmente infundado que incrementado cada año de $100.00 a partir de la fecha de despido, razón por la cual con la inspección desahogada a favor del actor, no se acredita que el salario diario del accionante percibido hasta antes de ser despedido obtuviera los incrementos cada año de $100.00 pesos; pero tomando en cuenta que los incrementos al salario se encuentran implícitos a la condena del laudo y al no haber pruebas suficientes que demuestren que en efecto el incremento a la categoría de la actora se incrementó de $500.00 en el año 2012 a $600 pesos diarios; en el año 2013 a $700 pesos diarios; en el año 2014 $800 pesos diarios; en el año 2015 $900 pesos diarios; en el 2016 $1,000 pesos diarios; en el 2017 $1,100 pesos diarios; en el 2018 $1,200 pesos diarios y en el año 2019 $1,300 pesos diarios; por ello este Tribunal procede a condenar al demandado, para que cubra a la actora el incremento que se dio al salario mínimo que se dio al salario mínimo general por el periodo comprendido a partir de la fecha de despido hasta un día antes de la fecha en que se llevó a cabo la reinstalación de la actora; incrementos con los cuales se deberán cuantificar las prestaciones de ley como salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional." (Sic). Asimismo, el tribunal obrero realizó la cuantificación acorde a los que arroja la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se ilustra a continuación: Respecto a la cuantificación del incremento salarial: PERIODO SALARIO DEL ACTOR INCREMENTO AL SALARIO (%) INCREMENTO APLICADO AL SALARIO 16 de abril al 31 de diciembre de 2012 $521 4.20% $21 2013 $541.31 3.90% $20.31 2014 $562.42 3.90% $21.11 2015 $586.04 4.20% $23.62 2016 $610.65 4.20% $24.61 2017 $634.46 3.90% $23.81 2018 $659.20 3.90% $24.74 2019 $766.05 16.21% $106.85 En lo que atañe a la cuantificación del incremento salarial resultante: PERIODO DÍAS SALARIO INCREMENTO AL SALARIO DIFERENCIA SALARIAL (salario diario acreditado menos $500 diarios) TOTAL (días / por la diferencia salarial) 16 de abril al 31 de diciembre de 2012 260 $521 $21 $21 $5,460.00 2013 365 $541.31 $20.31 $41.31 $15,078.15 2014 365 $562.42 $21.11 $62.42 $22,783.30 2015 365 $586.04 $23.62 $86.04 $31,404.60 2016 365 $610.65 $24.61 $110.65 $40,387.25 2017 365 $634.46 $23.81 $134.46 $49,077.90 2018 365 $659.20 $24.74 $159.20 $58,108.00 2019 297 $766.05 $106.85 $266.05 $79,016.85 TOTAL $301,316.05 En lo que concierne a la cuantificación del aguinaldo: PERIODO DÍAS INCREMENTO AL SALARIO DEL ACTOR TOTAL 2012 40 $21 $840 2013 40 $41.31 $1,652.40 2014 40 $62.42 $1,496.80 2015 40 $86.04 $3,441.60 2016 40 $110.65 $4,426.00 2017 40 $134.46 $5,378.40 2018 40 $159.20 $6,368.00 TOTAL $23,603.20 Por cuanto hace a la cuantificación de la prima vacacional: PERIODO DÍAS INCREMENTO AL SALARIO DEL ACTOR TOTAL 2012 20 $21 $105 2013 20 $41.31 $206 2014 20 $62.42 $312.10 2015 20 $86.04 $430.20 2016 20 $110.65 $553.25 2017 20 $134.46 $672.30 2018 20 $159.20 $796 TOTAL $3,075.40 En ese tenor, el tribunal obrero en dicha interlocutoria condenó al demandado para que cubriera la cantidad de $327,994.65 (trescientos veintisiete mil novecientos noventa y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) por concepto de diferencia salariales. Lo anterior revela que la determinación de siete de julio de dos mil veintidós, se encuentra ajustada a derecho, porque de la lectura de la citada resolución se advierte que la autoridad responsable precisó las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, adecuando los hechos que fueron probados y la subsunción de ambos, exponiendo las razones por las cuales estos encuadraban en los supuestos legales. Como se adelantó son infundados los motivos de disenso manifestados por la quejosa en el sentido de que el tribunal responsable no analizó acorde a la realidad jurídica la planilla de liquidación propuesta, no realizó una valoración correcta de las pruebas y no contabilizó de forma adecuada los periodos. Lo anterior es así porque del análisis de la resolución incidental se advierte que el tribunal laboral especificó cuál fue el salario tomado como base para la condena al pago de cada una de las prestaciones; el periodo a que corresponden; las pruebas con las que quedaron demostrados, las cantidades que aquéllas arrojaron individualmente y las operaciones aritméticas que efectuó para llegar a las cantidades anotadas. En este contexto, es palpable que el tribunal obrero cumplió con lo previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues emitió razonamientos lógico-jurídicos, así como las operaciones aritméticas conforme a las cuales la llegó a las conclusiones anotadas. Contrario a lo manifestado por la impetrante la responsable sí realizó una cuantificación correcta de los conceptos sobre los que se ordenó aperturar el incidente de liquidación, pues sobre este aspecto consideró por cuanto hace al pago de incrementos salariales el salario base acreditado y los incrementos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; razón que resulta suficiente para colmar el requisito de motivación; que la quejosa conozca el motivo de la decisión y esté es posibilidad de producir su defensa. Véase, el contenido formal del derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional relativo a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, con número de registro 175082, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, página 1531, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.- El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". Máxime que la parte quejosa no expone mayores argumentos para demostrar que el actuar de la responsable fue incorrecto, a efecto de que este Juzgado de Distrito realice el análisis correspondiente y este órgano jurisdiccional no advierte queja deficiente que suplir. Ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de estrados publicada el dieciocho de agosto siguiente, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Nylssa Rocío Rodríguez Calixto, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta urbe, por las razones expuestas en el considerando QUINTO del presente fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.", y anótese en el libro de registro.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y las certificaciones secretariales de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés conviniera del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a la debida integración del presente sumario y que la partes tengan conocimiento del contenido del informe justificado aludido en el párrafo anterior, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercera interesada, por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, misiva signada por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que se acompañan en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. ... Ahora bien, con las constancias que remite, fórmense por separado un tomo de pruebas, respetando folio; mismos que quedan a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas al celebrar la audiencia constitucional, aun cuando no exista petición expresa de las partes para ello. En la inteligencia que de necesitar cualquiera de las partes, revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signados por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, por el cual se le tiene remitiendo copia certificada del informe justificado rendido por la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el juicio de amparo número 300/2021 de su índice; constancias que fueron solicitadas por esta autoridad judicial mediante proveído de uno de agosto de la presente anualidad; en su atención, acúsese recibo del estilo correspondiente. Por otra parte, incorpórese a los autos el oficio número 110/F/B/6572/2022, signado electrónicamente por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por esta autoridad mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, remitiendo al efecto copia certificada del oficio número 110/F/B/7825/2021. Luego, visto el contenido de dicho oficio, se advierte que la citada autoridad refiere que la información enviada se trata de información de carácter reservada y confidencial por tanto, resguárdense la misma en la Secretaría de la Mesa I de trámite de este Juzgado Federal y una vez que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, devuélvanse las mismas dicha autoridad responsable. Con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis I.5o.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Nuvia Lizzette Rivera Soto y Otros.29/2019
- Nuvia Lizzette Rivera Soto y Otros.1524/2019
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto523/2021
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto584/2023
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto1727/2022
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto1057/2019
- Nylssa Rocio Rodríguez Calixto65/2020
- Nylssa Rocio Rodríguez Castillo579/2021
- Obal Carpio Gallardo942/2023
- Obdulia Flores Cruz847/2014
- Obec Casarrubias Ramirez.446/2012
- Obed Valdovino Galeana1129/2019