Nylssa Rocio Rodríguez Calixto

Expediente 1727/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1727/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Nylssa Rocio Rodríguez Calixto
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, el que registró como amparo en revisión ********************; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1727/2022, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Gobernadora del estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo). Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo). Residentes en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "A La primera responsable se reclama: LA OMISION DE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y HACER EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA DEMANDADA Y VINCULADAS SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO en términos de los artículos 125 y 138 de dicha ley de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la segunda y tercera responsables se reclama: LA OMISION INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO EN LOS TERMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR LA PRIMERA RESPONSABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 1, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 1727/2022, se admitió a trámite la misma, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se tuvo como tercero interesado al Congreso del Estado de Guerrero, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: A la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado reclama: La omisión de acordar la promoción exhibida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la responsable, en el expediente laboral 282/2012, en la que se solicitó que se requiera el cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se hagan efectivos los apercibimientos que fueron fijados y que se establezca como medida de apremio la destitución. A la a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, les reclama: La omisión de cumplir con el laudo en los términos en que les fue requerido en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 282/2012. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En esa tesitura, se tiene, que el acto reclamado consistente en la omisión de cumplir con el laudo en los términos en que les fue requerido en el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 282/2012, que le fue atribuido a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, resulta inexistente al momento de presentar la demanda de amparo, como a continuación se explicará. Resulta pertinente señalar que la certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, resultan de los elementos y datos que arrojan las constancias de autos, mismos que, en el caso que se analiza no se advierten, esto es, en el expediente en que se actúa, no existe medio de convicción del que se pueda observar la existencia del referido acto reclamado. También debe precisarse que en el caso, corresponde al peticionario del amparo la carga de la prueba, que tienda a demostrar ya sea directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y justificar que es inconstitucional, tal y como quedó sustentado en la Jurisprudencia VI.2º.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." A efecto de demostrar lo sostenido por este juzgado, es pertinente señalar el contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El numeral en comento, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, hace procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo. Una vez realizada la anterior acotación, es de indicarse que obra en autos las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en copia certificada del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós y las constancias de notificación realizada a Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, relativas al expediente laboral número 282/2012, a las que se les otorga valor probatorio en términos con antelación, de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, lo siguiente: Que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 92 y 93 de autos), se notificó a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se les vinculó al cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral número 282/2012, y se les requirió para que acataran el mismo, en los términos que les fue requerido. Lo anterior se traduce en la inexistencia del acto omisivo que se les reclama, en el sentido de que habían sido omisas en cumplir con el fallo definitivo dictado en el mencionado expediente laboral, toda vez que al momento de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de diciembre de dos mil veintidós), la omisión que le reclamó la parte quejosa era inexistente, debido a que, las autoridades responsables de mérito en esa data aún no habían sido requeridas para que cumplieran con el laudo, ya que ello aconteció hasta el dieciocho de abril de esta anualidad. La determinación de inexistencia del acto reclamado, encuentra sustento en el criterio de la Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible en la página 273, del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, respecto del reclamo efectuado a las autoridades responsables denominadas Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresaron el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. En otro orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de acordar la promoción que le fue exhibida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 282/2012, en la que le solicitó que se requiera el cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se hagan efectivos los apercibimientos que fueron fijados y que se establezca como medida de apremio la destitución, pues así lo admitió al rendir su informe justificado la Presidenta de dicho órgano de justicia laboral; certeza, que se corrobora con las copias fotostáticas certificada que anexó al informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. QUINTO. Al no haberse hecho valer ninguna causa de improcedencia del juicio ni advertirse de oficio por parte de quien esto juzga, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz de los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa. Como conceptos de violación, la parte impetrante de amparo expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda y de ampliación, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El peticionario de amparo se duele de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no acordar la promoción que le fue exhibida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 282/2012, en la que le solicitó que se requiera el cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se hagan efectivos los apercibimientos que fueron fijados y que se establezca como medida de apremio la destitución. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del examen del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa solicitó mediante escrito que exhibió ante la responsable el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 282/2012, en la que se solicitó que se requiera el cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se hagan efectivos los apercibimientos que fueron fijados y que se establezca como medida de apremio la destitución, sin que haya proveído al respecto, incurriendo así, en una dilación que sin lugar a dudas repercute en las demás etapas del procedimiento al existir una abierta paralización del procedimiento de ejecución del laudo, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo parágrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que estos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de los derechos humanos de justicia pronta, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. A lo anterior le es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo aplicado de manera supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 248, en términos del numeral 9, establece los términos y plazos a los que se debe ajustar la autoridad laboral en aquellos en que la norma no establezca uno categórico; dispositivo legal que literalmente dispone: "ARTICULO 735. Cuando la realización o practica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, este será el de tres días hábiles." De la transcripción anterior se advierte que la autoridad laboral está obligada a proveer respecto de las peticiones realizadas por la parte quejosa dentro de tres días siguientes a su formulación. Sin embargo, consta de los hechos de la demanda de amparo y de lo reconocido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado que recibió la promoción a que alude la parte quejosa, y que aún no acuerda la misma; circunstancia que, acontece hasta el momento del dictado de esta sentencia, pues no quedó de manifiesto que el citado órgano de justicia laboral ya hubiere acordado aquella. Todo lo anterior pone en evidencia que desde la fecha en que se presentó la promoción (veintidós de septiembre de dos mil veintidós), a esta data, ha transcurrido más de siete meses, sin que exista constancia alguna con la que se acredite que la responsable de mérito hubiera emitido la determinación respectiva, lo que sin lugar a dudas hace patente la dilación en que ha incurrido la responsable, en el expediente de origen traducida en una abierta dilación procesal al no permitir la continuación del procedimiento de ejecución; acto omisivo que es inconstitucional, al contravenir en forma directa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inobservar la autoridad de mérito los plazos y términos que fija la mencionada Ley Federal del Trabajo en su artículo 735, aplicado en forma supletoria a la Ley Burocrática Estatal 248, advirtiéndose una paralización total con relación al dictado del acuerdo correspondiente. Por último, se omite estudiar los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, debido a que aquellos no forman parte de la litis del juicio de amparo, además que no propuso alguna causal de sobreseimiento que obligara a este juzgador a realizar su estudio. Al respecto es aplicable por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Página 1534, que dice: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede otorgar la protección federal solicitada, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, para el efecto siguiente: Dentro del plazo establecido en el artículo 735, de la Ley Federal del Trabajo, emita el acuerdo respectivo a la promoción que le fue presentada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 282/2012. Notifique el acuerdo que dicte en cumplimiento al punto que antecede, a las partes. SÉPTIMO. Atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, el veintiuno del mes y año antes referido, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, respecto del acto reclamado a la Gobernadora del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo razonado en el considerando quinto y para los efectos señalados en el sexto punto considerativo de esta resolución. TERCERO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando séptimo de esta sentencia.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, téngasele desahogado el requerimiento que se le formuló en auto de cuatro de abril del año en curso, mediante el cual remite las constancias de notificación a la Gobernadora Constitucional del Estado y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Con las constancias antes referidas, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado."

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que resultan necesarias para resolver el fondo del presente asunto, las notificaciones del auto de nueve de septiembre de dos mi veintidós, realizadas a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual fueron vinculadas al cumplimiento del laudo en el expediente laboral 282/2012. Lo anterior es así, debido a que, la parte quejosa, en su escrito de demanda los designó con el carácter de autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de dicho laudo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación remita las notificaciones señaladas en párrafos precedentes, relativas al expediente laboral 282/2012. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización , lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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