Nydia América Lara Trejo
Expediente 531/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nydia América Lara Trejo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que *************, en su carácter de mandatario judicial de ***************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; toda vez que no desahogó dicho requerimiento, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 260/2022, que le fue enviado para que notificar a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, quien se ostenta como mandatario judicial de **************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la ratificación de mandato judicial de fecha once de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte que en los autos del juicio ordinario civil C324/2020, tiene reconocido tal carácter, contra actos de la Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 531/2022-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La determinación de veinticinco de abril del año en curso, dictada por la Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en los autos del toca de apelación ************, a través de la cual confirmó la diversa de veintidós de febrero del presente año, emitida en los autos del juicio ordinario civil **********, de la estadística Juzgado Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, que declaró improcedente el incidente que promovió, de recusación del perito designado por la parte demandada para el desahogo de la prueba pericial que esta última ofreció en el referido controvertido. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución definitiva en el juicio de origen, si esté es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. En ese orden, el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de abril del año en curso, dictada por la Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que confirmó la diversa de veintidós de febrero del presente año, a través de la cual el Juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, declaró improcedente el incidente de recusación del perito designado por la parte demandada para el desahogo de la prueba pericial que ésta ofreció, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto último se afirma, toda vez que no impide a la aquí promovente el libre ejercicio de algún derecho de forma presente. De ahí que la referida determinación tomada por la responsable constituye un mero pronunciamiento que no causa un agravio de imposible reparación a la parte quejosa, pues consiste en una estimación procesal que no afecta derechos sustantivos de la promovente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En otro orden, tomando en consideración que la parte quejosa señaló para recibir notificaciones un domicilio ubicado en Guanajuato, capital, esto es, fuera de esta ciudad; en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 fracción II y 116, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, así como 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena: Girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 10, 11, 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en la calle ****************** de esa ciudad, y notifique la presente determinación a José Arturo Vega Aboytes; en la diligencia también deberá requerirlo para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se le tiene autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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