Norma Susana Cázares Ramírez

Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
489/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Norma Susana Cázares Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 149/2023, interpuesto por la parte quejosa *****************, en contra del proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Ahora bien, en estricto acatamiento a la resolución de Alzada, se provee lo siguiente: A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda es necesario establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: Juez Tercero Civil de Partido. Notario Público número 11. Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro. Registró Público de la Propiedad y del Comercio. Todos con sede en esta ciudad. Pues bien, en cuanto al Notario Público número 11 de esta ciudad, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha parcialmente la demanda respecto de dicha autoridad así como del acto que se le atribuye. Lo anterior es así, atendiendo a lo dispuesto en los precitados numerales que en la parte que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es necesario tener claro que en términos del citado arábigo 5°, se infiere que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria o, en su defecto, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios ha definido, que para efectos del amparo no sólo es autoridad responsable aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Asimismo, el artículo 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato dispone: Artículo 3. Notario es el profesional del Derecho a quien se ha investido de fe pública para ejercer la función notarial. Corresponde a los notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría." En esta tesitura, se desprende que el Notario Público número 11 de esta ciudad, no cuenta con las facultades que corresponden a una autoridad para efectos del juicio de amparo, al carecer del ius imperium para hacer cumplir sus determinaciones, toda vez que la naturaleza de sus funciones, sólo reviste características fedatarias, de ahí que la demanda en estudio resulte improcedente respecto a él. Cabe precisar que a juicio de esta autoridad, el criterio antes transcrito no pugna con las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que es aplicable en el presente caso, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto transitorio de la citada legislación, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará vigente en lo que no se oponga a dicha ley. Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II, último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo en vigor, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: Realice actos equivalentes a los de autoridad. Que se afecten derechos. Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora bien, en el caso, en el acto atribuido al referido notario no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que sus funciones, como se dijo, consisten en conferir autenticidad y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Por lo anterior, en la especie, se estima improcedente el juicio de amparo aunque el notario público señalado como responsable tenga el carácter de particular. En ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su INFORME JUSTIFICADO, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado, se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Pídase a las partes que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento legal. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. Se hace la precisión que, en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado, sin que resulte necesaria la formación del duplicado físico del mismo, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En razón de que el fiscal federal adscrito solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ****************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se reserva proveer lo conducente respecto al reconocimiento y emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables así como las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al promovente ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza. En atención a la tesis de Jurisprudencia 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).", se ordena al Secretario que realice la compulsa y certificación de las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, con las simples que se agreguen a los cuadernos incidentales. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, se da trámite en un solo tanto al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 489/2023-IV, promovido por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que, de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp A efecto de proveer lo referente a la suspensión provisional, primeramente, es menester señalar que la quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña en sentido estricto a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam **************, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en donde aduce fue afectado su derecho de propiedad y posesión respecto del **********, de esta ciudad, solar urbano amparado por el título de propiedad número ***********, de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta localidad, el nueve de octubre de dos mil catorce, bajo el Folio Real **********, cuya ubicación actual arguye es calle ******************; en virtud de que en dicho procedimiento se reconoció como poseedor del predio en cita a *************. Para demostrar su interés suspensional, la solicitante del amparo anexó a su escrito de demanda los siguientes documentos: TÍTULO DE PROPIEDAD" número **********, expedido por el Registro Agrario Nacional, respecto del lote **********, de esta ciudad, con una superficie de 197.18 m2 (ciento noventa y siete punto dieciocho metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al norte 5.816 (cinco punto ochocientos dieciséis metros), con solar 2; 2.123 (dos punto ciento veintitrés metros), con solar 3; al este 24.894 (veinticuatro punto ochocientos noventa y cuatro metros) con solar 28; al sur 7.940 (siete punto novecientos cuarenta metros), con calle Tucán; y al oeste 24.903 (veinticuatro punto novecientos tres metros) con solar 30. Impresión de la solicitud 1276678 de nueve de octubre de dos mil catorce, emitida por el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, relativa a la petición de inscripción del título de propiedad del solar urbano ubicado en el poblado Primera Fracción, de la Hacienda de Crespo, lote 29, manzana 1, zona 2, con una superficie de 197.18 m2 (ciento noventa y siete punto dieciocho metros cuadrados), con folio ***********. Original del "FORMATO UNICO", expedido por la Dirección de Control del Desarrollo, de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, de la Presidencia Municipal de esta ciudad, a solicitud de la ahora quejosa ***********, respecto del trámite denominado "ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL CASA - HABITACIÓN", relativo al inmueble ubicado en calle *********** de esta ciudad; con fecha de entrega de treinta de agosto de dos mil once. Original del oficio 582/DAHI/DGDU/2011, firmado por el Director de Asentamientos Humanos Irregulares de la Dirección de Desarrollo Urbano de este municipio, fechado el quince de agosto de dos mil once, en el que se asentó: En la Dirección de Asentamientos Humanos Irregulares de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica se encuentra en proceso de Regularización el L****************. (.)." Los cuales, de conformidad con lo estipulado en el numeral 143, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se admiten y son suficientes para acreditar de manera indiciaria su interés suspensional. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En el caso, se advierte que se encuentran colmadas las exigencias que prevé el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del mismo ordenamiento, se concede la suspensión provisional a *************, respecto del bien inmueble ubicado en lote ***************, de esta ciudad, con una superficie de 197.18 m2 (ciento noventa y siete punto dieciocho metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al norte 5.816 (cinco punto ochocientos dieciséis metros), con solar 2; 2.123 (dos punto ciento veintitrés metros), con solar 3; al este 24.894 (veinticuatro punto ochocientos noventa y cuatro metros) con solar 28; al sur 7.940 (siete punto novecientos cuarenta metros), con ***************. Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión, sin que ello implique la suspensión del procedimiento, puesto que al ser de orden público e interés social, resulta insuspendible. En términos de los numerales 132 y 136 de la ley reglamentaria, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, suma que se fija de manera discrecional, tomando en consideración que no se cuenta con mayores elementos para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de la Materia. La garantía exigida podrá exhibirla en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso a través de billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si vence antes, la medida suspensional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido de que con la sola expedición y exhibición del certificado de depósito respectivo, implícitamente se tendrá al depositante aceptando los términos a que se refieren los artículos 883 y 899 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, que disponen: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 899. Los titulares de los órganos jurisdiccionales, que por cualquier motivo reciban una garantía en efectivo o en valores, además de lo que se establezca en las disposiciones respectivas y en las Reglas de Operación del Comité, observarán lo siguiente: I. Que los depósitos se constituyan ante la o las instituciones bancarias autorizadas por el Comité; II. Cuando las garantías se constituyan en certificados de depósito, éstas se emitan por separado, es decir, una por cada uno de los conceptos y montos que fijen; III. Que las garantías en dinero o en valores que reciban y que no hayan sido puestas a disposición de un órgano jurisdiccional les sean transferidas para estar en posibilidad de incorporarlas al Fondo de Apoyo; IV. Coordinarse con la secretaría técnica del Fondo, para que, con apoyo de la Dirección General de Estadística Judicial, y con independencia de otros controles, se lleve a cabo el registro y supervisión de la documentación que ampare los depósitos realizados; y V. Dejar constancia en los expedientes judiciales, de los documentos a través de los cuales se hayan efectuado, hecho efectivos o cancelado depósitos." Finalmente, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que se descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite electrónicamente la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; el cual quedó registrado bajo el número 149/2023.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control electrónico de este juzgado bajo el número 489/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando las garantías individuales quebrantadas en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual vulnerada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam ********************de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, y como consecuencia todo lo actuado dentro de ese procedimiento, incluyendo la sentencia. Por su parte, el artículo 1252 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, estatuye: ARTÍCULO 1252. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrito en el Registro Público previa su protocolización. Cuando no se esté en el caso de deducir la acción que se menciona en el párrafo primero, por no estar inscrita en el Registro de la propiedad de los bienes en favor de persona alguna, se podrá demostrar ante el Juez competente, que se ha tenido la posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Del numeral transcrito se desprenden dos hipótesis distintas: por un lado, establece una vía contenciosa que puede presentarse cuando existe un propietario inscrito en el Registro Público y un poseedor pretende adquirir por prescripción el bien inscrito y, por otra parte, establece la posibilidad de que, si no existe ninguna persona inscrita en el Registro, se pueda demostrar la posesión. De igual forma, de los artículos 705 y 708 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato, se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción voluntaria y quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa. De ahí que, si se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza a las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Razón por la cual "quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en la segunda parte del referido artículo 708 a que quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará, transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro lado, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso. Así lo ponderó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia o de parte contendiente. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el Juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Al interpretar dicho precepto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el Alto Tribunal destacó que debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho. Bajo ese contexto legal, el suscrito considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite a los interesados, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, no obstante que ya haya concluido ese asunto no litigioso, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. En efecto, se estima que de concederse la oportunidad a la aquí quejosa de ser oída en el procedimiento con la finalidad de verter su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que -como se tiene visto-, ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. De ahí que si ********************, en el juicio de amparo pretende que se le llame a la jurisdicción voluntaria, a ningún efecto práctico conduciría otorgarle la protección constitucional, pues de cualquier forma tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa sus pretensiones. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 91/2005, visible en la página 86, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Civil,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro: "INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", consideró que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam: Sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello; y, No tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Por ello, se estime que a ningún fin práctico se llegaría en caso de concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la solicitante del amparo, ya que la propiedad del inmueble sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso y, por tanto, tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa que estime pertinente. Similar criterio sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión civil ********************, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística de este órgano federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **************** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, al contar con cédula profesional ************* registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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