Nury María Suemy Moguel Núñez
Expediente 1162/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nury María Suemy Moguel Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintidós de enero del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 1162/2020-VII-B, promovido por Nury María Suemy Moguel Núñez, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 1162/2020-VII-B y previa su aclaración, el diez de diciembre siguiente, ante el incumplimiento de la parte quejosa a las prevenciones que se le hicieran en el referido auto, se desechó de plano la misma respecto al acto reclamado señalado con el inciso b, esto es, la omisión en desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en autos del expediente 852/2019, al considerarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 1°, fracción I, 5°, fracción I, y 217, todos de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, de rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES". Por otra parte, se admitió a trámite respecto del acto sobre el que versará la presente determinación; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la puesta a la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la certeza del acto reclamado se acreditó con el informe justificado, en el cual la Junta responsable reconoció la existencia del mismo, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en autos del expediente 852/2019, que promovió en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, al que anexó copia certificada de las actuaciones conducentes del juicio natural 852/2019, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó a su informe justificado el Presidente de la Junta responsable, los cuales ya obran glosados en autos, y que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que el tres de diciembre de dos mil veinte, en autos del citado procedimiento, lo regularizó señalando nueva fecha y hora para la continuación del juicio laboral en su secuela legal correspondiente en la etapa de demanda y excepciones, lo cual además, le fue notificado a la peticionaria del amparo en forma personal por conducto de su asesor jurídico el seis de enero en curso. Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues la responsable ya fijó fecha y hora para que tenga verificativo la continuación del juicio natural en la etapa de demanda y excepciones, lo cual aconteció durante el trámite de este asunto, lo que se hizo del conocimiento de las partes, entre ellas de la parte quejosa, el seis de los corrientes. Esto es, al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma las autoridades responsables el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nury María Suemy Moguel Núñez, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veinte. INCUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada mediante acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso, SE ACUERDA: Haciendo efectivo el apercibimiento inserto en el referido auto, se tiene por presentada a la quejosa promoviendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, únicamente contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: a) La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en autos del expediente ***, que promovió en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). b) La omisión en desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por ello, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, respecto del acto reclamado que quedó precisado en el inciso b), se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 1°, fracción I, 5°, fracción I, y 217, todos de la Ley de Amparo; así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, que dice: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Los preceptos legales de mérito disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional. Por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Conforme a las disposiciones legales y a la interpretación jurisprudencial transcrita, debe entenderse que esta última ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio constitucional. En el primer supuesto, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional, verbigracia, que se afecte la libertad de quien reclama en el juicio de amparo, la emisión de un mandato de captura. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la página 202, del Tomo XI, de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, en la que se establece: "ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación". En cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir efecto alguno de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Al caso se cita la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Así, el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación, los cuales además de incidir en la esfera jurídica del gobernado, deben generar una afectación actual y no futura, ya que en el juicio constitucional el perjuicio debe ser actual y directo; esto es, previo a la presentación de la demanda pero no futuro, ya que aún no incide en la esfera jurídica del peticionario. Lo anterior es así, en virtud de que la finalidad del juicio de amparo es evitar que las autoridades del Estado afecten derechos de los gobernados, protegiendo el propio orden constitucional, pretendiendo que ese medio de impugnación sea eficaz para que los órganos públicos apeguen sus actos a los límites previstos en la Norma Suprema, o bien, de lo contrario, sean obligados a ello. Conforme a los razonamientos esgrimidos, la promoción del juicio de amparo se justifica cuando tenga por objeto remediar ese exceso posible de parte de las autoridades en su intento por ejercer sus funciones públicas, lo que implica además que la sentencia de amparo no puede tener por efecto paralizar la actividad del Estado con base en alguna creencia poco objetiva del gobernado de que las autoridades responsables afectarán su esfera jurídica, en uno u otro sentido, porque el medio extraordinario de defensa del que se habla, no puede otorgar inmunidad general o algún tipo de fuero con alcances universales. Pues su función no es escudar a los particulares para que desarrollen en forma ilimitada las actividades reguladas por el orden jurídico, al tener en cuenta que esa pretensión permitiría la posibilidad de que a través de la decisión de un Juez Federal se aísle al particular del sistema jurídico, de tal manera que resultara inmune, aunque por cierto tiempo, a las acciones del sector de autoridades respectivo, lo cual distorsionaría el objetivo de ese medio de impugnación, afectando la actividad del Estado e incluso, el orden público. Lo hasta aquí expuesto resulta de exacta aplicación al caso concreto, si se toma en cuenta que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en autos del expediente 852/2019, que promovió en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), una vez que señale la indicada fecha y hora para su desahogo. Lo cual, no se trata de un acto inminente y real, pues dependerá de la actividad de la propia Junta en fijar previamente la fecha y hora para que se verifique dicha audiencia, a la cual se le reclama también, precisamente, la omisión de hacerlo; y por tanto, debe considerarse como un acto futuro de realización incierta, pues no existe una certeza clara y fundada de que pueda llegar a existir. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." También se invoca, por las razones jurídicas que informa, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 56, que reza: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. ...." En consecuencia, al haberse actualizado la invocada causa de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo promovida respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión en desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en autos del expediente ***, que promovió en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, respecto del otro acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en: La omisión en señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en su etapa de demanda y excepciones, en autos del expediente ***, que promovió en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a cada una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que equivale a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos) conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4 2020, 6 2020, 8 2020, 10 2020, 13 2020, 15 2020 y 18 2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; de tal manera que de hacerlo de manera distintas se tendrá por no rendido. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda, del presente proveído y auto de prevención. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO Por otro lado, toda vez que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, la parte quejosa señala como terceros interesados al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) e Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, con transcripción del presente proveído, hágase de su conocimiento la existencia de este asunto, por medio de oficio que al efecto se les gire, debiendo anexarles copia autorizada del auto de prevención, así como copia simple de la demanda, a fin de que puedan apersonarse a este juicio si así les conviniere a sus intereses. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, que equivale a $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos, cuarenta centavos) conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la Materia, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. ESQUEMA EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25 2020, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21 2020, reformado por el similar 25 2020, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21 2020, reformado por el similar 25 2020, en relación al periodo de vigencia, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21 2020, reformado por el similar 25 2020, en relación al periodo de vigencia, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable y terceros interesados, para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1. Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª. J 176 2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ..." Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
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