Norma Roman Salazar
Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Norma Roman Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que la notificación a la parte a la que le pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se hizo a la parte quejosa por la vía electrónica, el día veinticinco de junio siguiente. Por tanto, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer punto resolutivo se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Norma Román Salazar, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Igualmente, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que negó la medida cautelar solicitada. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado Federal, el anexo remitido por la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del expediente de origen 624/2018, devuélvanse a dicha autoridad responsable, las constancias de mérito, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 440/2021-V-A, promovido por *****, contra los actos que reclama de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día diecisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ****, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. El siete de mayo pasado, se recibió un escrito de la parte quejosa registrado con el número 6869, con el que amplió su demanda de amparo. Por tanto, en proveído de diez de mayo siguiente, por una parte, no se tuvo por ampliada la demanda por cuanto a los actos que señaló en su escrito, empero, por otra parte, se admitió la ampliación por cuanto a los nuevos conceptos de violación formulados, motivo por el cual, se solicitaron informes a las autoridades responsables, y se difirió la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa le reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 624/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y sus consecuencias, tal como la orden de embargo emitida respecto del predio número seiscientos nueve, de la calle cincuenta y nueve, letra "J", del fraccionamiento Las Américas, de esta ciudad. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Igualmente, son ciertos los actos reclamados a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, pues no obstante que lo negaron al rendir sus informes justificados, de las manifestaciones efectuadas en el mismo, así como de las constancias que la Jueza remitió junto con su informe, se evidencia su existencia. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Así, al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual se le negará el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En sus conceptos de violación la quejosa alega que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que fue ilegalmente emplazada al juicio de origen, lo que ocasionó que se llevara a cabo a sus espaldas, sin tener la oportunidad de defenderse. En primer término, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Jueza responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que en fecha doce de julio de dos mil dieciocho, la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil que promovió Martha Patricia Uc González, en contra de María Basilia Tun Pisté y Norma Román Salazar (aquí quejosa), de quien reclamó el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número de expediente 624/2018, y se ordenó, entre otras cuestiones, el emplazamiento de las demandadas en el domicilio proporcionado para ello por la actora. 2. Mediante diligencia actuarial de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, previo citatorio, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares señalada como responsable, hizo constar que se constituyó en el predio número seiscientos nueve, de la calle cincuenta y nueve, letra J, por setenta y cuatro y setenta y seis, del Fraccionamiento Las Américas, en Mérida, Yucatán, a fin de emplazar a la demandada Norma Román Salazar, y verificó y/o realizó su emplazamiento, tal y como se desprende de las constancias levantadas. 3. Por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, la Jueza responsable, por una parte, tuvo a la parte actora desistiéndose de la demandada María Basilia Tun Pisté; y por otra parte, en atención a que la demandada Norma Román Salazar no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tuvo por perdido su derecho para hacerlo; asimismo se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora. 4. Que seguido el juicio en sus diversas etapas procesales, en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Jueza responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la demandada Norma Román Salazar, al pago de diversas prestaciones. Sentado lo anterior, debe precisarse que el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que las rige. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, Volumen 115-120, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232627, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, publicada en la página ciento treinta y tres, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Lo reseñado, pone de relieve que en el particular, la notificadora responsable observó lo dispuesto en el numeral y criterios jurisprudenciales transcritos, tal y como enseguida se demuestra. En principio, es necesario hacer alusión a lo establecido por los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio aplicable al momento que inició el juicio natural y que rigen la materia del acto reclamado, los cuales señalan las reglas para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado en el juicio ejecutivo mercantil; refiriendo que, una vez presentada la demanda, se dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que sea requerido de pago el deudor, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda principal y accesorios. Asimismo, se señala que al momento de realizar la diligencia en comento, de no encontrarse al deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, previo cercioramiento de ser el domicilio de aquél, debe dejarse citatorio, fijándose hora hábil dentro del lapso de las seis y setenta y dos horas posteriores y de no esperar, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas que para el embargo señala el Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, el último artículo en mención, cita que la diligencia de embargo se iniciaría con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entendiera la diligencia, y que de no hacerse el pago, debe requerirse al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo, el derecho para señalarlos pasará al actor. Acto seguido se emplazará al demandado, entregándole cédula en la que se contendrá la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás anexos. Siendo lo anterior, las únicas formalidades establecidas por el Código de Comercio vigente en el tiempo en que se inició el procedimiento mercantil de origen. Establecido lo anterior, debe decirse que la actuaria responsable sí cumplió con los requisitos establecidos en los artículos antes transcritos, ya que se cercioró que efectivamente en el lugar donde se constituyó, tenía su domicilio la demandada, aquí quejosa, y para poner de manifiesto tal afirmación, se transcribe lo asentado en las diligencia de veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mismas que son del tenor siguiente: "CONSTANCIA DE CITATORIO En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con diez minutos del día veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, Yo, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho HEIDI RINELDA PECH CABRERA, y en funciones de ministro ejecutor, en ejercicio de mis funciones y en unión de la parte actora, ANLLY MELLINA DIAZ MAGAÑA, como endosatario en procuración de MARTHA PATRICIA UC GONZÁLEZ, quien en éste acto se identifica con licencia de conducir de automovilista con fotografía con número de folio 010159461 expedida por la Secretaria de Seguridad Pública, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la persona con la que entiendo la diligencia, mismo que después de cotejarla se le devuelve en este acto, me constituyo al PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO SEISCIENTOS NUEVE, DE LA CALLE CINCUENTA Y NUEVE J, POR SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, DE ESTA CIUDAD; domicilio señalado en autos para notificar a la ciudadana NORMA ROMAN SALAZAR, previamente cerciorado de que se trata de domicilio antes mencionado, en virtud de la nomenclatura pública puesta por el Municipio de esta Ciudad en placas metálicas de color azul instaladas en las esquinas de las calles en el que me encuentro mismas que me indican el numero de la calle, sus cruzamiento y el nombre del fraccionamiento referidos y por el número correlativo de los predios vecinos contiguos, por el dicho de los vecinos de la calle principal señalada, de igual forma por tener dicho inmueble su nomenclatura puesta en su fachada; así como de que efectivamente en dicho predio vive, habita y tiene su domicilio la parte demandada, por el dicho de una persona que se encuentra en el interior del predio y que dice llamarse bajo formal protesta de decir verdad llamarse ANA MARÍA SALAZAR HERNÁNDEZ y ser MADRE de la persona buscada, quien en éste acto se identifica con su credencial para votar con fotografía no vigente expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de clave SLHRAN42030613M500, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la persona con la que entiendo la diligencia, y ante quien me he identificado como actuaria judicial con mi gafete oficial, y al requerirle la presencia de la persona buscada, me dice mi informante que la citada demandada, vive, habita y tiene su domicilio en el predio en donde estamos constituidos y que mi informante vive juntamente con la demandada buscada, pero que no se encuentra presente en ese momento, toda vez que se encuentra trabajando, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo mil trescientos noventa y tres Reformado del Código de Comercio en vigor, procedo a dejarle citatorio para que me aguarde en este su domicilio el día VEINTIOCHO DE AGOSTO del año dos mil DIECIOCHO, a las TRCE (sic) horas con DIEZ minutos, bajo el apercibimiento a que se contrae el mencionado numeral de que de no aguardar a la cita procederé a entender la Diligencia con cualquier persona que se encuentre presente, citatorio que entrego a mi informante quien lo recibe de conformidad y sin impedimento alguno, haciéndole saber la obligación legal que tiene de hacerlo llegar en forma oportuna a la parte demandada, y no firma por no querer hacerlo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, firmo nuevamente la presente acta, no lo hace la parte Actora por no querer hacerlo. Anexo copia del citatorio de referencia, misma que no firma mi informante por no querer hacerlo. Doy fe.-" "CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con diez minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho, Yo, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho HEIDI RINELDA PECH CABRERA, y en funciones de ministro ejecutor, en ejercicio de mis funciones y en unión de la parte actora, ANLLY MELLINA DIAZ MAGAÑA, como endosatario en procuración de MARTHA PATRICIA UC GONZÁLEZ, quien en éste acto se identifica con licencia de conducir de automovilista con fotografía con número de folio 010159461 expedida por la Secretaria de Seguridad Pública, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la persona con la que entiendo la diligencia, mismo que después de cotejarla se le devuelve en este acto, me constituyo al PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO SEISCIENTOS NUEVE, DE LA CALLE CINCUENTA Y NUEVE J, POR SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, DE ESTA CIUDAD; domicilio señalado en autos para notificar a la ciudadana NORMA ROMAN SALAZAR, previamente cerciorado de que se trata de domicilio antes mencionado, en virtud de la nomenclatura pública puesta por el Municipio de esta Ciudad en placas metálicas de color azul instaladas en las esquinas de las calles en el que me encuentro mismas que me indican el numero de la calle, sus cruzamientos y el nombre del fraccionamiento referidos y por el número correlativo de los predios vecinos contiguos, por el dicho de los vecinos de la calle principal señalada, de igual forma por tener dicho inmueble su nomenclatura puesta en su fachada; así como de que efectivamente en dicho predio vive, habita y tiene su domicilio la parte demandada, por el dicho de una persona que se encuentra en el interior del predio y que dice llamarse bajo formal protesta de decir verdad llamarse ANA MARÍA SALAZAR HERNÁNDEZ y ser MADRE de la persona buscada, quien en éste acto se identifica con su credencial para votar con fotografía no vigente expedida por el Instituto Federal Electoral con número de clave SLHRAN42030613M500, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la persona con la que entiendo la diligencia, y ante quien me he identificado como actuaria judicial con mi gafete oficial, y al requerirle la presencia de la persona buscada, me dice mi informante que la citada demandada, vive, habita y tiene su domicilio en el predio en donde estamos constituidos y que mi informante vive juntamente con la demandada buscada, pero que no se encuentra presente en ese momento, toda vez que se encuentra trabajando, y que tampoco se encuentra en ese momento su Representante Legal, Mandatario o Procurador, no obstante el citatorio que previamente le dejé, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo mil trescientos noventa y tres Reformado del Código de Comercio en vigor, procedo a entender la Diligencia con mi informante, leyéndole íntegramente el auto de Exeqüendo de fecha doce de julio de dos mil dieciocho dictado por la Juez Tercero Mercantil de este mismo departamento, al efecto poniéndole a la vista la copia certificada del pagaré base de la acción ejercitada, en virtud de que el original se encuentra en resguardo del juzgado, le requiero para que en el acto pague a nombre de la parte demandada a la parte actora presente; A).- La cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, como suerte principal, B).- Los intereses moratorios al tipo pactado del seis por ciento mensual, computados a partir del día de vencimiento del pagaré base de la acción y que lo fue el veinte de marzo el año dos mil dieciséis, más los intereses moratorios que se generen hasta el momento en que la demandada haga pago total de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. C).- Los gastos y costas que se generen en el presente procedimiento o en su defecto señale bienes de la propiedad de la propia parte demandada para su embargo que sean bastantes para cubrir las prestaciones reclamadas bajo apercibimiento de que de no hacer tal señalamiento el derecho para hacerlo pasará a la parte actora, a lo que la persona requerida manifiesta que no paga y que tampoco señala bienes para embargar. Seguidamente la parte Actora, haciendo uso del derecho que le corresponde señala para su embargo y bajo su responsabilidad, como la propiedad de la parte demandada NORMA ROMAN SALAZAR, el cien por ciento del PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO SEISCIENTOS NUEVE, DE LA CALLE CINCUENTA Y NUEVE J, DEL FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA, inscrito a folio electrónico 630285 del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán; seguidamente, Yo, la Actuaria, en funciones de ministro ejecutor declaro trabado formal embargo sobre el bien anteriormente relacionado, asimismo, confirmo el nombramiento de depositario judicial que hace bajo su responsabilidad la parte actora a favor de la parte demandada, quien no estando presente le tengo por hecha dicha designación para todos los efectos legales pertinentes, misma que le informo a la persona requerida y con la cual entendí la diligencia; de igual manera la citada parte actora señala que se reserva el derecho para señalar más bienes propiedad de la parte demandada para su embargo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de los mismos, acto continuo, le notifico a la parte demanda, por medio de cédula que entrego a la persona con la que entiendo la Diligencia, que tiene el término de ocho días para ocurrir ante el Juzgado que conoce del presente Juicio a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si para ello contare con excepciones y defensas que hacer valer, y le hago entrega a la propia persona requerida de un juego de copias de la demanda exhibida y del pagaré bese de la acción y demás documentos, los cuales están debidamente cotejados y sellados, la cual recibe de conformidad juntamente con la cédula de notificación a que antes se ha hecho referencia, haciéndole saber la obligación legal que contrae de hacer llegar dicha documentación en forma oportuna a la parte demandada. Asimismo, entrego a la parte actora una copia sellada de la presente actuación. Con lo que doy por concluida la Diligencia, levantando para constancia la presente Acta que previa su lectura en alta voz, no firma la persona requerida por no querer hacerlo, por lo que con fundamento en los dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, firmo nuevamente la presente acta. Tampoco firma la presente acta la parte Actora por no querer hacerlo, anexo copia de la cédula de referencia, la cual NO firma de recibido la persona con la cual entendí la diligencia. Finalmente, en lo que corresponde a la notificación de la demandada MARÍA BASILIA TUN PISTE, la parte actora del presente juicio, me manifiesta que es voluntad de no llevar acabo la notificación respecto a la referida demandada por convenir a sus intereses, hasta que confirme le dirección señalada en autos.- Doy fe.-" De dichas constancias se desprende que la funcionaria señalada como responsable, cumplió con los requisitos establecidos en los numerales antes transcritos, pues respecto del citatorio, asentó en su razón que a las trece horas con diez minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se constituyó en el predio número seiscientos nueve, de la calle cincuenta y nueve, letra J, por setenta y cuatro y setenta y seis, del Fraccionamiento Las Américas, de esta ciudad, en donde se cercioró previamente de encontrarse en el domicilio correcto, y que en ese domicilio vivía, habitaba o tenía su domicilio la demandada Norma Román Salazar, ya que fue atendida por Ana María Salazar Hernández, quien manifestó ser madre de su buscada, la cual se identificó con su credencial de elector, y quien le informó que en ese lugar habitaba y tenía su domicilio, pero al requerirle la presencia de la demandada, le manifestó que no se encontraba, motivo por el cual, le dejó citatorio a efecto de que la esperara en su domicilio el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a las trece horas con diez minutos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, realizaría la diligencia con cualquier persona que se encontrara presente. Luego, el veintiocho de agosto siguiente, a las trece horas con diez minutos, la funcionaria nuevamente se constituyó en el predio número seiscientos nueve, de la calle cincuenta y nueve, letra J, por setenta y cuatro y setenta y seis, del Fraccionamiento Las Américas, de esta ciudad; siendo que en dicha diligencia expresó la actuaria que se cercioró del referido domicilio por la nomenclatura oficial puesta por el municipio, en placas metálicas color azul instaladas las esquinas de las calles, las cuales indican el número de calle, sus cruzamientos y el nombre del fraccionamiento referido y por el número correlativo de los predios vecinos contiguos, así como el dicho de los vecinos de la calle principal, y por tener el inmueble su nomenclatura puesta en su fachada y por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia. Asentó, que nuevamente fue atendida por Ana María Salazar Hernández, madre de la demandada, quien se identificó con su credencial para votar y al requerirle la presencia de la buscada, le dice que ahí vive, habita y tiene su domicilio, ya que vive juntamente con ella, pero que no se encontraba pues estaba trabajando, que tampoco se encontraba en ese momento su representante legal, mandatario o procurador, no obstante el citatorio que previamente le dejó. También, que debido a que la demandada no se encontraba, procedió a efectuar la notificación del auto de exequendo con la persona que en ese momento se encontraba en el lugar, a quien le requirió para que en el acto de la diligencia pagara a la actora las sumas reclamadas, o que en su defecto señalara bienes de su propiedad para su embargo, suficientes para cubrir las citadas prestaciones, más las costas y gastos del procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho pasaría a la parte actora. También se advierte que la funcionaria judicial, asentó que la madre de la demandada manifestó que no pagaba y que tampoco señalaba bienes para su embargo, y que la parte actora, en uso del derecho conferido, señaló como bienes a embargar el cien por ciento del predio marcado con el número seiscientos nueve, de la calle cincuenta y nueve, letra J, del Fraccionamiento Las Américas, de la localidad y municipio de Mérida, además de reservarse su derecho de señalar más bienes. Acto seguido la actuaria hizo del conocimiento de la persona que lo atendió, que la demandada tenía ocho días, para constituirse ante el juzgado de origen para pagar lo reclamado o para oponerse a su ejecución y le entregó copias simples de la demanda y de los documentos base de la acción y, aun cuando no especificó cuales eran los demás anexos exhibidos debidamente cotejados, que también le entregó; lo cierto es, que los necesarios para entablar su defensa sí fueron detallados por el fedatarios, que son precisamente el documento base; aunado a que también le entregó la cédula de notificación, documentación la cual, asentó la funcionaria judicial, recibió la persona que lo atendió, la cual no firmó por no querer hacerlo. Luego, si como se dejó visto, la actuaria judicial cumplió al pie de la letra lo expresado en el numeral 1394 del Código de Comercio aplicable, es inconcuso que, contrario a lo estimado por la quejosa, la actuación de aquella funcionaria fue legal, pues la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado por la parte actora en el juicio de origen, y al haberse cerciorado de que efectivamente en el mismo vivía la demandada, aquí quejosa, misma que no la esperó a pesar del citatorio que previamente le dejó, procedió a llevar a cabo la diligencia condigna con dicha persona, para lo cual, le notificó el auto de exequendo dictado por la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y le requirió del pago de las prestaciones reclamadas o que en su defecto señalara bienes propiedad de la demandada, la apercibió con que de no hacerlo, ese derecho pasaría a la actora, por lo que al no hacer el pago y no señalar bienes de su propiedad para embargarlos, el actor tuvo tal derecho, el cual hizo efectivo al señalar un bien inmueble para su embargo; y acto seguido emplazó a la demandada, entregándole la cédula de notificación, corriéndole traslado con las copias de la demanda así como con copia del documento base de la acción. Sin que la ahora quejosa haya aportado probanza alguna que evidenciara que la funcionaria judicial no se hubiera apersonado a ese domicilio, a lo cual se encontraba obligada, tomando en consideración que los actuarios están investidos de fe pública, aunado a que sus actuaciones se tratan de documentos públicos y por tanto, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en la época en que se llevó a cabo la diligencia combatida. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en le página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Así como la tesis I.6o.T.93 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página trescientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, que indica lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." Por lo que se insiste, dicha actuación hace prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En sus conceptos de violación la quejosa aduce que la actuaria al dejar el citatorio, debió razonar debidamente si podía ser atendida su presencia en la misma hora pero veinticuatro horas después de haber hecho la primera busqueda, cuando de las circunstancias de la primera busca ya se sabía que la quejosa se encontraba trabajando a esa hora. Por lo que al no hacerlo así, se duele no veló por sus derechos humanos mediante el control ex officio, pues debía llevar a cabo una interpretación en sentido más amplio, para que le diera oportunidad de acudir al citatorio en aras de no vulnerar su derecho humano a la tutela judicial efectiva. Resulta infundado su argumento, toda vez que el artículo 1393 del Código de Comercio, establece que al dejar un citatorio deberá ser en un lapso comprendido entre las seis y setenta y dos horas posteriores a la primera busca, y de no encontrarse, la diligencia se entendería con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier persona que viva en el domicilio; de ahí que al señalar la funcionaria las veinticuatro horas siguientes para llevar a cabo la diligencia, resulta apegado a derecho. Sin que en el caso, resulte necesario efectuar un control ex officio como hace valer la impetrante del amparo, pues la circunstancia de que labore en dicho horario, lo cual además, la persona con la que se entendió la diligencia en momento alguno indicó que no podría asistir a la cita establecida, de ninguna manera justifica la inaplicación de la norma, pues la sola cita a que la esperara a las veinticuatro horas siguientes no implica una vulneración a sus derechos humanos. Máxime que se le indica en el citatorio, que de no encontrarse en la fecha y hora indicadas, se llevaría a cabo la diligencia con la persona que se encontrare en el lugar, a fin que sea debidamente emplazada al juicio de origen; siendo que la quejosa si bien argumenta que la hora en la que se le citó no podría encontrarse en el domicilio, esto no justifica que no tuviere conocimiento de la diligencia efectuada y que en la misma se le informó que tenía el plazo de ocho días para ocurrir ante el Juzgado que conocía del Juicio a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a su ejecución, lo que no hizo. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos sesenta y siete, del libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010958, del rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LA APLICABILIDAD DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL. El control de convencionalidad exige, como presupuesto lógico para su ejercicio, sobre todo cuando lo que se busca es declarar la inaplicación de una norma de derecho interno, que ésta sea aplicable, es decir, que efectivamente regule el caso concreto. De ahí que para considerar que se realizó un control de convencionalidad no basta la simple consideración de la autoridad de que la norma contradice un derecho humano, sino que previamente debe verificarse la condición de aplicabilidad de ésta. Lo anterior deriva en dos conclusiones: 1) la autoridad no puede declarar la inaplicación de una norma cuyo contenido no es aplicable al caso concreto; y, 2) no cualquier inaplicación de alguna norma que la autoridad afirme realizar constituye un genuino control de convencionalidad." Por tanto, al resultar infundado el concepto de violación esgrimido por la impetrante del amparo, y haber quedado de manifiesto que los actos reclamados no resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la unión impetrados. Negativa que se hace extensiva a los actos posteriores al emplazamiento, ya que del análisis de la demanda de amparo, no se advierte una real intención de la quejosa de reclamar la sentencia definitiva de manera destacada, sino sólo como consecuencia del ilegal emplazamiento, por lo que en el caso no opera la figura de la jurisdicción escalonada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, en la página 1785, con número de registro 2003568, que señala lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y Directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, respecto de los nuevos conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que respecta al anexo consistente en las copias certificadas conducentes del expediente número 624/2018, remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe de cuenta; déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
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