Nsodia/Josue Siabu

Expediente 941/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
941/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Nsodia/Josue Siabu
  • Musaba Mungoma Georjunho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite el auto de nueve de noviembre de este año, en el que informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en donde este órgano de control constitucional efectivo el apercibimiento a la autoridad responsable en cita; el cual fue decretado en el diverso auto de diecinueve de septiembre del año en curso, mismo que quedó sin efecto por auto de cuatro de octubre de la presente anualidad; registrándolo con el número 622/2023, de su índice. Al efecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de cuatro de octubre de este año, se tuvo por recibo el oficio del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta población, en el cual remitió diversas constancias relativas a los actos reclamados. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Tomando en consideración que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado." Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...). Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno al quejoso ****, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (foja 89). 2. Acuerdo de catorce de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso***, y le asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual le fue notificado (fojas 94 y 95), y, 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor del quejoso *** (foja 104). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa; y por diverso auto de catorce del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor del quejoso ***, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa ***, circunstancia que le fue notificada personalmente el catorce de septiembre de este año; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto veintinueve de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidió la constancia cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, misma que le fue entregada en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...) Respecto a los quejosos ****, en proveído de cuatro de octubre del actual año, la autoridad responsable informó que desechó el trámite de los quejosos. Por lo que, remitió las siguientes constancias: 1. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó el trámite del quejoso ***, para obtener la condición de refugiado, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por el promovente (foja 81). 2. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó el trámite del quejoso ****, para obtener la condición de refugiado, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por el promovente (fojas 84). Constancias que en párrafos precedentes se les otorgó valor probatorio. Para el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la tesis aislada número 2a. CXI/96 , que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, en tanto que, se cuenta con la documental pública recibida en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, desechó el trámite de los quejosos ****, para obtener la condición de refugiados, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por los promoventes, debido a que la parte quejosa no se presentó ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiado, y con ello encontrarse imposibilitada para continuar con el procedimiento de los mismos. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica de la parte quejosa ***, quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los citados actos reclamados, pues como se estableció, la afectación de la que se duele la parte quejosa, es la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiados, lo cual les impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP); y ello conlleva el que se regularice su situación migratoria, se les otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, existe imposibilidad de hacer un pronunciamiento al respecto, si la autoridad responsable, ante un desinterés de la propia parte beneficiada, desechó el procedimiento administrativo de donde derivaban los actos reclamados. Lo anterior, dado a que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a esos actos sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo del auto dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa, instó la acción constitucional, por los actos que se describen en párrafos que anteceden, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión de la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable, desechó el trámite de donde emanan dichos actos reclamados, ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tenor, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis I.11o.C.61 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, Undécima Época, con registro digital 2025083, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambas de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese tenor, quien esto resuelve se encuentra imposibilitada para realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones que como conceptos de violación hace valer la parte quejosa y de los que pudiera adolecer los actos impugnados. Ello, en acatamiento a la tesis del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, tomo 187-192, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Registro: 232302, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, es aplicable al respecto, la tesis II.3o.J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Tomo 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En ese sentido, se considera innecesario hacer algún pronunciamiento o estudio de la diversa causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, esto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con la que se sustentó el sobreseimiento en este juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 194697, Novena Época, localizable en el Tomo IX, Enero de 1999, página 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.(...) Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad la remita a este órgano jurisdiccional. PROMOCIÓN 15587. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 69-71), en el cual se hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad responsable en cita; el cual fue decretado en el diverso auto de diecinueve de septiembre del año en curso, mismo que quedó sin efecto por auto de cuatro de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación. INFORME DE QUEJA. De conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, el cual se dejó sin efectos en acuerdo de cuatro de octubre del presente año (fojas 107-109), cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora bien, notifíquese a las partes sobre la interposición del recurso de queja, corriéndoles traslado con copia del ocurso de cuenta, a excepción de la autoridad oficiante. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días siguientes de la notificación de este auto, señalen las constancias que deben remitirse al Tribunal de alzada para resolver el recurso. En el entendido que de no hacerlo, este Juzgado remitirá copias certificadas de: 1. Proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se admitió la demanda de amparo. 2. Proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se requirió a la autoridad responsable. 3. Proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se hizo efectivo la multa a la autoridad responsable. 4. Proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvieron por recibidas las constancias y se dejó sin efecto el apercibimiento respectivo; y, 5. Proveído de esta data. Atento a lo anterior, una vez se encuentre debidamente integrado envíese el citado recurso, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para efectos de su substanciación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para lo cual se autoriza al Fedatario Judicial de la adscripción incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. No pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en su oficio, por lo que, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º, en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Por último, respectos a los autorizados y domicilio que indicada en sus oficios de cuenta, estos quedaron acordados en proveído de diecinueve de septiembre del presente año. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Población y anexos, por medio del cual hace del conocimiento de las cargas laborales existentes en la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y debido a la gran cantidad de personas que acudieron a esa dependencia para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en Tapachula, Chiapas se generó una excesiva carga de trabajo y con motivo de la limitada capacidad operativa de su representada no fue posible dar cumplimiento en tiempo a la medida cautelar concedida en favor de la parte quejosa; asimismo, solicita se realice una valoración de la situación real por la que atraviesa el país en materia migratoria, así como la situación que presenta su representada. De igual forma, en cumplimiento al requerimiento ordenado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 69-71), el cual le fue notificado mediante oficio 23137/2023, el veintisiete siguiente informa lo siguiente: ? Respecto al procedimiento de ***, mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Población, admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado y en auto de esa misma data emitió a su favor "Constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado" y "Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros". ? Conforme a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de lo informado por la citada autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. No pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en su oficio, por lo que, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º, en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Respecto a los autorizados y domicilio que indicada en su escrito de cuenta, estos quedaron acordados en el diverso auto de diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 62-65). Por otro lado, se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 69-71), se reservó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación y Servicios al Contribuyente, con residencia en esta Ciudad, para que haga efectivo el apercibimiento señalado en el diverso proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; no obstante, resultaría oficioso e infructuoso enviar dicho oficio, toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo a la citada autoridad responsable dando cumplimiento a la suspensión provisional y definitiva dictadas en el presente incidente derivado del juicio principal de amparo 941/2023; por tanto se levanta la reserva de mérito y se deja sin efecto el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de septiembre del año en curso; sin que ello implique revocar las propias determinaciones. Lo anterior, hágase del conocimiento del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Población. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta Ciudad, no ha sido notificada del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 69-71), por el cual se le hizo efectivo a la autoridad responsable referida el apercibimiento impuesto en el diverso auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 62-65) y se le requirió nuevamente para que dentro del término de tres días contados a partir de quedar notificada de cumplimiento al requerimiento ahí ordenado; sin embargo, se advierte que aún no ha sido notificada del referido proveído, en virtud que aún no corre agregado el acuse de recibo del oficio 23137/2023. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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