Normilda Rabanales Barrios y/o Barrios Rabanales
Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Normilda Rabanales Barrios y/o Barrios Rabanales
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudiera recurrir en queja el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General señalado en líneas anteriores, requiérase a la parte quejosa, para que, en el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que quede notificada de este proveído, recoja la copia certificada del acta de contrato de sociedad conyugal anexa a su demanda de amparo, apercibida de que en caso de no hacerlo, la misma será destruida con el presente expediente. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales del citado Consejo, siendo esta de seis horas, como medida para evitar la concentración del personal con motivo de la pandemia, dividiéndose los órganos de cada edificio en grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, tendrá diferente horario de entrada y salida. En el caso, para este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, se fijó el turno matutino como jornada presencial, teniéndose como horario de entrada las 10:00 horas y como horario de salida las 16:00 horas, ello de lunes a viernes; además; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de documentos. Asimismo, dígasele que a efecto de que se encuentre en posibilidad de recibir físicamente los documentos que exhibió en el presente asunto, deberá solicitar cita para acudir a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, misma que puede generar en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales" que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual puede consultar en la siguiente página de internet: (.). En dicho portal, una vez generada la cita correspondiente, se le proporcionará un Código QR que deberá presentar ante este órgano jurisdiccional en el día y hora que dicho sistema le haya proporcionado para comparecer a este Juzgado, lo anterior de conformidad con los artículos 2, fracción VII, y 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***** SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 04/04/2022, RELATIVO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN DE 07/04/2022 ***** Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudiera recurrir en queja el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General señalado en líneas anteriores, requiérase a la parte quejosa, para que, en el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que quede notificada de este proveído, recoja la copia certificada del acta de contrato de sociedad conyugal anexa a su demanda de amparo, apercibida de que en caso de no hacerlo, la misma será destruida con el presente expediente. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales del citado Consejo, siendo esta de seis horas, como medida para evitar la concentración del personal con motivo de la pandemia, dividiéndose los órganos de cada edificio en grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, tendrá diferente horario de entrada y salida. En el caso, para este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, se fijó el turno matutino como jornada presencial, teniéndose como horario de entrada las 10:00 horas y como horario de salida las 16:00 horas, ello de lunes a viernes; además; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de documentos. Asimismo, dígasele que a efecto de que se encuentre en posibilidad de recibir físicamente los documentos que exhibió en el presente asunto, deberá solicitar cita para acudir a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, misma que puede generar en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales" que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual puede consultar en la siguiente página de internet: (.). En dicho portal, una vez generada la cita correspondiente, se le proporcionará un Código QR que deberá presentar ante este órgano jurisdiccional en el día y hora que dicho sistema le haya proporcionado para comparecer a este Juzgado, lo anterior de conformidad con los artículos 2, fracción VII, y 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; quince de marzo de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y como madre de los menores de iniciales *****, contra actos del Comisionado del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Actuaria de su adscripción y Particular Ejecutor. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 245/2022-IX-A. Es importante resaltar que si bien la promovente, reclama como acto destacado la sustracción de sus menores hijos de iniciales *****. de su domicilio; de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que dicho acto lo hace depender de la determinación de diecisiete de febrero del año en curso, emitida por el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, pues aduce que con motivo de dicha determinación, sus menores hijos fueron sustraídos de su domicilio: Por lo que este juzgador estima que dicho acto reclamado no se ubica dentro de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15, de la Ley de Amparo, que ameritan la concesión de la medida cautelar de oficio y de plano conforme al diverso 126 de la ley de la materia, pues no se acredita la existencia de dicha sustracción de menores o situación de cuestión urgente, regulada por los preceptos legales citados, lo anterior, toda vez, que si bien, señala que con motivo de la determinación de diecisiete de febrero de este año, sus menores hijos fueron sustraídos de su domicilio, lo cierto es que de las constancias que anexa a su demanda, se advierte que en el acto de notificación de la citada determinación, no existe ningún pronunciamiento relacionado con los menores, así como tampoco alguna documental que acredite lo anterior. Asimismo, se robustece lo vertido, ya que en su demanda de amparo, solicita que la autoridad responsable se pronuncie sobre la guardia y custodia, para que se le restituya, sin embargo, en el acuerdo reclamado motivo de la presente litis, no existe pronunciamiento al respecto, si bien existe únicamente una propuesta de Convenio realizada por el demandante, lo cierto es que en la resolución reclamada (determinación notificada el uno de marzo de este año, trece días antes de la presentación de la demanda), a la ahora quejosa sólo se le está emplazando a juicio, haciéndole saber que tiene nueve días para dar respuesta o pronunciarse sobre la demanda de origen, por consiguiente en el procedimiento de origen no existe acto consistente a una sustracción de menores, en todo caso se trata de una cuestión de guardia y custodia pendiente de determinarse. Tan no existe pronunciamiento por parte del juez responsable respecto a los menores de edad, que la propia quejosa en su demanda de amparo solicita que este juzgador de amparo le ordene realizar pronunciamiento al respecto, sin embargo, el juez señalado como responsable inició un juicio incausado donde precisamente ese es su objeto, llevar a cabo la tramitación correspondiente para pronunciarse sobre la disolución de un vínculo matrimonial y cuestiones accesorias como es la guarda y custodia, pero ello en el momento procesal oportuno y para ello la ahora quejosa debe comparecer al juicio de origen o bien De existir una situación relacionada a la sustracción de los menores realizada a su dicho el uno de marzo de dos mil veintidós (trece días antes de la presentación de la demanda) la parte quejosa está en su derecho de hacer la valer lo que en derecho corresponda, en el juicio de origen, que en esta vía pretende combatir o bien por la vía que estime indicada. Máxime, que la misma quejosa menciona que aún no ha dado contestación a la demanda 129/2022, del índice de la responsable, derivado del juicio de divorcio incausado. Por lo que se puede concluir que en este asunto, no se desprende ningún indicio de sustracción de menores, lo que se advierte es una problemática marital ante el Juez del Ramo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, quien en todo caso se tendrá que pronunciar sobre la guardia y custodia de los menores. Por lo anterior, es importante citar que acorde al artículo 126 de la Ley de Amparo, se concederá la suspensión de oficio y de plano cuando los actos que se reclamen vía acción constitucional, importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, respecto a los cuales el Juez de amparo deberá proveer sin demora, pues de lo contrario, podrían causarse al quejoso perjuicios graves de imposible reparación. En esa medida, si bien menciona la sustracción de menores, lo cierto es que el acto reclamado en sí es la determinación de diecisiete de febrero de este año por la cual se le está emplazado a juicio de divorcio encausado, y en esa determinación no se advierte ningún pronunciamiento de menores, circunstancia que por sí misma no pone en riesgo su vida o su integridad física, pues dicho acuerdo no está previsto como un acto prohibido por el numeral 22 constitucional. Aclarado lo anterior, se precisa como acto reclamado: La determinación de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio incausado 129/2022, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula. DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XX de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 113 y 112 de la legislación de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, en razón de su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable por su parte, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 196196, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Este juzgador advierte de oficio que respecto a dicho acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: (.). Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Éste derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí visualizada la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual fue considerado posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, surge una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. (.). Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad1 tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior alcanza comprensión al visualizar las controversias, porque éstas surgen por lo general entre dos partes (actor y demandado) cada una con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva - por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a ambas partes dado que los juicios están dispuestos para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución2 . Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que el contenido del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 129/2022, es un acto dentro de juicio que no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque queda justificado que se trata de un acto dentro de un juicio de divorcio incausado que se encuentra en trámite, pues la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que fue demandada por *****, mismo, que por auto de diecisiete de febrero del año que transcurre, se le hizo de su conocimiento (se le emplazó), y se le concedió nueve días para contestar dicha demanda, asimismo, se anexó a la determinación una propuesta de convenio, empero que en sus mismas manifestaciones indica que aún no ha dado contestación a la demanda de origen y que está en tiempo para realizarlo, por lo tanto, es evidente que el juicio *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, se encuentra en trámite. Ahora, el hecho de que en la notificación de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente *****, por el cual se le emplaza a juicio a la impetrante de amparo, se le hizo saber que puede dar contestación al escrito de demanda dentro de los nueve días después de su legal notificación (uno de marzo de este año), e desprende que constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Pues dicho acuerdo no le causa ningún perjuicio de imposible reparación, al contrario, en dicho acuerdo se le emplaza a juicio a efecto de que haga valer sus derechos u objeciones en el juicio donde la parte actora propone un convenio por el cual podría dar fin a su conflicto marital dentro del juicio *****, porque como se advierte de la demanda de amparo, la impetrante de amparo manifiesta que aún no ha dado contestación y que se encuentre en tiempo para responder lo que a su interés legal convenga respecto de la demanda de divorcio incausado, ahora de ser contestada la demanda y la quejosa pueda exhibir una contrapropuesta de convenio (o adherirse al convenio planteado por su contraparte), de ser su situación, la determinación final aún se encuentra pendiente de dictarse y la misma podría beneficiarla (de no ser así, precio al juicio de amparo debe agotarse el recurso ordinario). Por ende, es obvio que el acto que reclama no le afecta de manera directa ni le causa algún perjuicio, por lo que se considera que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que ese acto no trastoca derecho fundamental alguno. (.). Máxime, si se toma en cuenta que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aún en los casos en los que menores de edad se encuentren involucrados; pues el interés superior del menor no constituye una justificación válida para confundir los elementos y requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, tomo I, página 350, Diciembre de 2013, Registro digital: 2005039, de la siguiente literalidad (lo subrayado es propio): (.). En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial de demanda, actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 103, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo (sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autis) a *****, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: (.). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. (.). Notifíquese personalmente a la promovente.
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