Norma Yadira Memije Alarcón
Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norma Yadira Memije Alarcón
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo******************** que se remitieron por la incompetencia, e informa que aceptó la competencia planteada. Por tanto, remítase el informe respectivo de la suspensión de plano que rindió la Directora de la Clínica Hospital Chilpancingo así como los que con posterioridad rindan las autoridades responsables e infórmesele que en proveído de trece de marzo del año en curso se dio vista a la parte quejosa con la razón levantada por la actuaria adscrita a este órgano constitucional, por lo que una vez que transcurra el termino otorgado se le informará lo conducente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el cuaderno en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado en los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, es DESTRUIBLE. En términos del diverso artículo 15 del citado Acuerdo General, el presente cuaderno no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ****************************, quien promueve contra actos contra actos del Delegado del Estado de Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero y otras. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 268/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA En principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; . Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: a) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, pues la negativa de atención médica se atribuye a una unidad médica ubicada fuera la jurisdicción de este Juzgado. En la demanda de amparo la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ".De las ordenadoras, la negativa y falta de atención médica por parte Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, por el Servicio de Neurocirugía para realizarme un cirugía por hernia de disco L4, L5, 51; cirugía que fue prescrita por diagnóstico de 24 de febrero del año dos mi veinte, siendo la última negación a realizarla el día trece de febrero del año dos mil veintitrés; negativa realizada por cada una de las ordenadoras en el ámbito de sus jurisdicciones médicas que representan.. De la Ejecutora, LA NEGATIVA Y FALTA DE ATENCIÓN MEDICA por parte del médico autorizado por el servicio de neurocirugía para realizarme una cirugía por hernia de disco L4, L5, 51 adscrito al Hospital Regional tipo B "Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata" (Alta Especialidad)" Establecido lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía la negativa por parte del Director del Hospital Regional Tipo B Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata (alta especialidad), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, de realizar la cirugía por hernia de disco L4, L5, 51 prescrita por diagnóstico desde el veinticuatro de febrero de dos mil veinte y la omisión a realizarla el trece de febrero de dos mil veintitrés; en ese sentido, se aprecia que la negativa reclamada no se está ejecutando ni tendrá ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ejerce jurisdicción, ya que la ejecución de los actos reclamados se ejecutarán en el Estado de Morelos que es donde se encuentra ubicada la autoridad a quien le atribuye la negativa de realizar la cirugía prescrita a la quejosa *********************************. Ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Por consiguiente, las consecuencias del acto reclamado se realizarán y se ejecutarán en la jurisdicción de Morelos por las consideraciones ya expuestas, lugar donde este órgano federal carece de competencia legal de acuerdo al ámbito territorial de jurisdicción. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, toda vez que es en aquél territorio donde la autoridad responsable ejecutora Hospital Regional Tipo B Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata (alta especialidad), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, realizará la cirugía prescrita a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena la remisión de los autos, al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que se considera es el competente para conocer de este asunto. En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes para constancia legal. SUSPENSIÓN DE PLANO. No obstante lo anterior, toda vez que de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ".De las ordenadoras, la negativa y falta de atención médica por parte Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, por el Servicio de Neurocirugía para realizarme un cirugía por hernia de disco L4, L5, 51; cirugía que fue prescrita por diagnóstico de 24 de febrero del año dos mi veinte, siendo la última negación a realizarla el día trece de febrero del año dos mil veintitrés; negativa realizada por cada una de las ordenadoras en el ámbito de sus jurisdicciones médicas que representan.. De la Ejecutora, LA NEGATIVA Y FALTA DE ATENCIÓN MEDICA por parte del médico autorizado por el servicio de neurocirugía para realizarme una cirugía por hernia de disco L4, L5, 51 adscrito al Hospital Regional tipo B "Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata" (Alta Especialidad)". Además, se advierte que la parte quejosa manifiesta que existe una negativa del Director del Hospital Regional Tipo B Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata (alta especialidad), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, de realizar la cirugía por hernia de disco L4, L5, 51, prescrita por diagnóstico desde el veinticuatro de febrero de dos mil veinte aun cuando se fijó el trece de febrero de dos mil veintitrés para llevarla a cabo. En ese sentido, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan a la quejosa en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete a la parte quejosa a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. En consecuencia, es inconcuso que este órgano jurisdiccional debe pronunciarse de oficio sobre la suspensión de plano de tales actos. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado toda vez que de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, se advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la quejosa *****************************, al grado de equipararse tal situación a un tormento debido a que presenta un problema médico en la hernia de disco L4, L5, 51 prescrita por diagnóstico desde el veinticuatro de febrero de dos mil veinte al grado que se concluyó que necesita una operación, la cual se fijó el trece de febrero de dos mil veintitrés sin que desde esta data se hubiere llevado a cabo. Por las razones jurídicas que sostiene, es aplicable la jurisprudencia 55/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente: Época: Décima Época Registro: 2020430 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Página: 1270: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En ese orden, la suspensión de plano se concede para los efectos siguientes: Las autoridades responsables velen por la salud física de ********************************, es decir, tomen todas las medidas que legalmente estén a su alcance, a fin de que la quejosa reciba la atención médica que requiera, asimismo, se abstengan de realizar actos que violen sus derechos humanos, para lo cual deberá ser programada de manera urgente la cirugía que requiere y fue programada para el trece de febrero de dos mil veintitrés. Se requiere a las autoridades responsables [1] Delegado del Estado de Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, [2] Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado Chilpancingo, [3] Unidad Médica de Neurocirugía de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y [4] Director del Hospital Regional Tipo B Centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata (alta especialidad), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; para que informen el estado de salud de **********************, sustentado con documentación fehaciente dicho informe. Para lo cual, las referidas responsables deberán presentar ante este juzgado, dentro de término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, el informe donde hagan del conocimiento a este juzgado federal la forma en que dieron cumplimiento a lo ordenado, apercibidas que de hacer caso omiso podrán ser responsables por la violación a este mandato, que equivale a la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con el presente mandato judicial, se les impondrá una multa equivalente a CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), tal determinación se apoya en los artículos 2381 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Brígida Bravo de la Cruz y Bryan Fermín Molina Gatica, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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