Norma Salome Chávez
Expediente 639/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norma Salome Chávez
- Norma Salome Chávez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de seis de junio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y sí existen documentos que devolver a la parte quejosa, de acuerdo a la certificación que antecede. En ese orden, de autos también se aprecia que obran copias certificadas exhibidas por la parte quejosa anexas a su demanda de amparo; por tanto, notifíquesele personalmente el presente proveído, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, previo acuse de recibo que se deje en autos; apercibido, que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados, las constancias referidas podrán ser destruidas juntas con el presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado César Hernández Serrano, secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; autorización otorgada mediante oficio CCJ/ST/2558/2018, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 12-16), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación de referencia, así como las subsecuentes, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale nuevo domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído y el de seis de junio de dos mil dieciocho, como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). 6 JUNIO 2018.- Visto el escrito presentado por *******, por su propio derecho, y como esposa e hijos del fallecido Abdón Castrejón Legideño, quienes promueven demanda de amparo contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 639/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que los quejosos reclaman la negativa por parte de las autoridades de otórgales lo correspondiente a las prestaciones de seguridad social, generadas del fallecimiento de Abdón Castrejón Legideño. Respecto de lo cual, el suscrito advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del texto trascrito se desprende que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, deviene improcedente cuando se reclama un acto contra el cual proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es necesario citar el artículo 4 en relación con el 29, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; (.) IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." En relación con lo anterior, los numerales 3, 65, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." Del contenido de los anteriores preceptos, se desprenden dos situaciones: Primero, que las Salas Regionales conocen de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual en sus artículos 4º y 29, entre otras fracciones dispone que aquéllas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos, fiscales y de resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como de aquellas que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal. Segundo, que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público o deje sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. En efecto, en la situación sujeta a estudio procede la suspensión con la sola presentación de la demanda, si lo solicita el recurrente o incluso de manera oficiosa en los casos que la propia codificación establezca, sin que para el caso se exija garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, por lo que es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley local; es decir, el juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad estatal y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo por el promovido se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Así, se considera que si el quejoso reclama en la presente instancia constitucional la negativa por parte de las autoridades de otórgales lo correspondiente a las prestaciones de seguridad social, generadas del fallecimiento de Abdón Castrejón Legideño, al ser actos estatales deben ser impugnados mediante el juicio ordinario contencioso administrativo, por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. Sin que obste que los quejosos solicitaron de manera verbal los derechos que por ley les correspondía, en virtud de que el derecho de petición es distinto al derecho a la acción administrativa, ya que se trata de medios autónomos que tiene fines diversos. A saber, una acción de carácter administrativo permite a los gobernados pedir un determinado resultado con fundamento (devolución de prestaciones), el cual, en caso de no darse, puede exigirlo por la vía recursal administrativa o jurisdiccional, mientras que una petición no lo permite. De lo anterior se concluye que, el derecho de petición no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos a nivel legal o reglamentario para la atención de ciertas materias, ni tampoco constituirse como un medio paralelo para requerir a la autoridad, como es el caso, la devolución de prestaciones por fallecimiento. Así, un derecho de petición no puede generar la posibilidad de requerir a la autoridad que devuelva dinero o bienes, puesto como ya se dijo, se debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado; en el caso, fue la quejosa Norma Salome Chávez, quien se presentó ante la autoridad que señala como responsable como esposa del finado Abdon Castrejón Legideño, a pedir de manera verbal la devolución de prestaciones que marca le ley. Sin embargo, esa petición verbal no puede tener como consecuencia que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, le haga entrega de las prestaciones que por ley le corresponden en razón del fallecimiento de su difunto esposo; por lo que debe instar, como se dijo antes, en la vía administrativa a fin de que se obligue a la autoridad a responsable sobre la problemática aludida. En relatadas circunstancias, previo a acudir a la justicia federal, los quejosos debieron agotar el recurso ordinario establecido en los precitados artículos 4º, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3°, 65, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, lo que en el caso que nos ocupa no hicieron. Por lo que, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren para tal efecto; empero, no ha lugar a tenerles como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan, toda vez que en el escrito de cuenta donde otorgan dicha autorización, no proporcionan los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo prevé el citado artículo que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En tal virtud, a todas las personas que señalan sólo se les tienen por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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