Norma Verónica Olvera Diaz

Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
377/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Norma Verónica Olvera Diaz
  • Administración General de Recaudación del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó la protección constitucional, que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con veinte minutos del doce de julio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo, con el pedimento ministerial presentado por el representante social, mediante el cual ofrece la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos de su intención. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 169/2021 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Norma Verónica Olvera Díaz, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV.- ACTOS RECLAMADOS-. Se reclaman los siguientes actos: --- 1.- Del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclaman los siguientes actos de discusión, aprobación y expedición de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 2.- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza se reclama la promulgación de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 3.- Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclama el refrendo de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 4.- El Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reclama su participación en el proceso de aprobación y expedición de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 5.- La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, se reclama la recaudación de los ingresos del Estado por el cobro de derechos por inscripción de documentos en el registro público de la propiedad en cumplimiento con los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 6.- La Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, se reclama la determinación en cantidad liquida, así como la recaudación de impuestos por el cobro de los derechos por la inscripción, transmisión o modificación de créditos en el registro público de la propiedad en cumplimiento con los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.--- 7.- la Administración General de Recaudación del Estado de Coahuila, la recaudación de impuestos, derechos y contribuciones del Estado en el registro público de la propiedad en cumplimiento con los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 8.- La Administración Local de Recaudación de la ciudad de Torreón, Coahuila, se reclama la recaudación de los la recaudación de impuestos, derechos y contribuciones del Estado en el registro público de la propiedad en cumplimiento con los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. --- De todas y cada una de las autoridades anteriormente mencionadas se reclama las consecuencias que de hecho y por derecho se puedan suscitar de la aplicación de los artículos 54 fracción II y 60 fracción II de la ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 377/2021-VII-A, asimismo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación, entre otras cosas. De conformidad con lo establecido en la circular SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. 1. La aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de los artículos 54 fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. De la Secretaría de Finanzas, Administración Fiscal General, Administración General de Recaudación, todos del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de referencia 764588268 y 764588411, fechados el nueve de marzo de dos mil veintiuno, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Secretario de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman relativos a la aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si la autoridad negó la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por otra parte, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por sí y en representación de la Administración Fiscal General y Administración General de Recaudación, ambos del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dichas autoridades reconocieran los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de las precitadas autoridades sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por el justiciable fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, de ahí que, el pago por concepto de derechos de registró se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por las citadas autoridades, es decir, simplemente la parte quejosa se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos con números de referencia 764588268 y 764588411, documentales cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, la autoridad responsable Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado invocó la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aduce que las pruebas de la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, se desestiman los motivos de improcedencia invocados por la autoridad en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegó los recibos electrónicos con números de referencia 764588268 y 764588411, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, los indicados recibos tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Por otro lado, respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en el refrendo de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento de la refrendo de la norma reclamada en el que tiene participación la autoridad en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la publicación atribuida al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Pues bien, la parte quejosa expone medularmente los siguientes conceptos de violación: 1) Sostiene que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, trasgreden en su perjuicio el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las normas en cita vulneran en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al prever como determinación del derecho que se causa un elemento ajeno a la prestación del servicio de inscripción de documentos, ello, pues en el monto se incluyen como elementos de la contribución los impuestos adicionales, lo que no constituye el costo del servicio. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa, ya que, sostiene que por actos registrales análogos se establecen diversas tarifas en la propia ley, por lo que no atiende al costo real del servicio prestado por el Estado, el cual debe ser el mismo para todos los que hagan uso de un servicio igual. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. De inicio, debe considerarse que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintiuno, los cuales disponen: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado." "ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Además, los preceptos en cita también disponen que la cuota fija establecida atiende a los costos generados por revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Establecido el origen de las contribuciones reclamadas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con los siguientes apartados.  INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. Resulta infundado el argumento del promovente consistente en que los numerales 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar dicha aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido de los numerales 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2021, se advierte que dichos preceptos no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de un contrato de compraventa, títulos de propiedad, resoluciones judiciales, así como cualquier otra en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique, extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o se registren créditos hipotecarios, se cubrirá la misma cuota de -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), independientemente del monto de la operación. En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura de los citados preceptos, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio no se cobra con base algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido por la parte quejosa. Por tanto, en las condiciones anotadas, como se mencionó es infundado el concepto de violación en que señala que dicha contribución trasgrede los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a lo anterior, resulta inoperante el argumento hecho valer por el quejoso en el sentido de que en la cuota fija de -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)- señalada en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, se establecen como elementos ajenos a la contribución los conceptos de impuestos de fomento a la educación y seguridad e impuestos adicionales, pues afirma que los mismos forman parte de los elementos esenciales que integran la contribución establecida por el pago de servicios de inscripción y se determinan atendiendo al monto de la operación. Como se dijo, dicho argumento resulta inoperante por partir de una premisa falsa, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, los impuestos adicionales señalados no son parte de los elementos que constituyen la contribución en estudio (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago), pues no se incorporan como parte de la misma, si no que se trata de impuestos diversos e independientes del concepto de pago de derechos registrales. Lo anterior, pues en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplican los impuestos adicionales (que en el caso no le fueron aplicados). Por lo que dichos impuestos no inciden o repercuten en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, porque éstos no integran ni forman parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo los impuestos referidos, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que los impuestos adicionales no están adheridos a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa, por lo que se considera que tales contribuciones no constituyen o determinan un elemento extraño a tomar en consideración al momento de realizarse el cobro de la cuota fija por servicios de inscripción, pues no forman parte de la misma. TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el argumento de la parte quejosa referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, el solicitante del amparo fue omiso en aportar medios de convicción a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas al respecto, las documentales consistentes en los recibos de pago 764588268 y 764588411, fechados el nueve de marzo de dos mil veintiuno, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, a nombre de la parte quejosa, los cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta la quejosa su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, la afirmación de que el costo del servicio es desproporcional, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por el impetrante. Encuentra sustento lo anterior en las jurisprudencias sustentadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que respectivamente se leen bajo los rubros: "IMPUESTOS, EL AUMENTO CONSIDERABLE EN EL MONTO DE LOS, NO DEMUESTRA NECESARIAMENTE QUE SEAN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben reunir los requisitos de proporcionalidad y equidad, sin embargo, no se puede estimar que el aumento considerable en el monto de un impuesto demuestre que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, pues, en la determinación del mismo, son múltiples los factores que se deben tener en cuenta, como la capacidad contributiva, las necesidades colectivas que deben satisfacerse, la redistribución de la riqueza, etcétera, por lo que el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente, de un año a otro, no significa, necesariamente, que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución." "IMPUESTOS, INCREMENTO EN MAS DE CIEN POR CIENTO A LOS, NO LOS CONVIERTE EN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. La circunstancia de que el impuesto especial sobre consumo de energía eléctrica decretado en el artículo 32, transitorio, de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982, sea superior al cien por ciento a la cantidad designada en años anteriores, no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, ya que un tributo puede superar, en mucho, a las cantidades cubiertas en ocasiones anteriores por determinados conceptos, sin que se incurra, por ese solo hecho, en violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución." Aunado a lo anterior, respecto a la justificación de la modificación a la norma impugnada, es de considerarse que, como se ha estudiado en la presente ejecutoria, las leyes gozan de la presunción de validez formal que las hace constitucionales a partir de la legitimidad de su proceso de creación, por lo que, si se reclama la inconstitucionalidad de las mismas, es preciso aportar los elementos que permitan realizar el estudio de esa inconstitucionalidad material que les es atribuida, elementos que no pueden considerarse razonablemente justificados con la sola expresión de que la norma resulta desproporcional o que la autoridad responsable omitió en la expresión de motivos aportar toda la fundamentación y motivación necesaria que justifique la creación de la porción normativa impugnada. Resultan aplicables las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 232351 y 389599, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." En consecuencia, la afirmación de que el incremento anual del costo del servicio es desproporcional y que la autoridad fue omisa en justificar en la fundamentación y motivación de la ley las razones del costo del servicio de inscripción, no resulta ser un elemento objetivo de valoración para sostener el argumento de inconstitucionalidad planteado por la parte quejosa, toda vez que no proporciona un parámetro razonable que pueda utilizarse para realizar el estudio correspondiente. En diverso concepto de violación, la parte quejosa refiere que la desproporcionalidad de la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por la inscripción de documentos se patentiza al existir en el artículo 60 fracción I, de la misma legislación, tarifas inferiores por actos registrales análogos como lo son los del examen de documentos para su inscripción, que sean devueltos y se rehúse su inscripción por no ser procedente. Sin embargo, es de precisarse, que contrario a lo manifestado por el justiciable los servicios establecidos en el citado precepto son distintos, pues en tanto los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, establecen la inscripción de documentos relativos a la transmisión de propiedad y créditos, respecto de los cuales procede su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan; el diverso 60, fracción I, dispone el costo únicamente de la revisión que no concluye en el registro, y por tanto no se inscribe, ni se asigna un asiento registral y tampoco implica el sistema de archivo y conservación perene, pues como el propio precepto lo dispone, son solicitudes de inscripción que no logran concluirse por no haberse cumplido con los requisitos legales para tal efecto, por lo que no es posible equiparar la actividad y costos de los servicios previstos en dichos numerales. En esa medida, de acuerdo con el principio de tracto sucesivo que, entre otros, rigen la función del Registro Público de la Propiedad, la inscripción de un contrato de traslación de propiedad de inmueble o relativo a un crédito, requiere constatar previamente que el objeto de ese contrato no esté ya inscrito a nombre de persona distinta al solicitante, por lo que, es evidente que aquel no amerita una simple inscripción como lo sostiene la parte quejosa, sino un análisis exhaustivo para determinar la procedencia y validez de aquel, aunado al registro, asignación de asiento registral, resguardo y conservación tanto digital como material perene de los registros resguardados. En cambio, en las demás revisiones que no constituyen un registro, su realización sólo implica localizar la inscripción principal relativa, no conllevan el mismo procedimiento a realizar para la oficina registral, el cual implica el procedimiento completo de inscripción y no solamente la revisión. Expuesto lo anterior, se puede advertir con claridad que el sólo hecho de que existan cuotas distintas ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, como incorrectamente señala la parte quejosa, en la medida de que, son distintos los procedimientos a efectuar. Esto es así, porque aun cuando pueda apreciarse de un análisis preliminar una contraposición de cuotas, ello no es suficiente para determinar que la cuota contenida en la aplicación de la norma reclamada sobrepasa los gravámenes que la prestación del servicio de inscripción ocasiona al Estado, esto es, la simple comparativa que hace la parte quejosa no patentiza la inconstitucionalidad debatida. En otro entorno, la parte quejosa refiere que para los artículos aquí analizados, resulta aplicable jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de rubro y que, con motivo de ello, debería de suplirse la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En ese sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 25/2006-PL, sostuvo que es deber de los órganos de control constitucional suplir la deficiencia de la queja cuando las normas combatidas se ubiquen en un tema ya resuelto por ese Alto Tribunal a través de una jurisprudencia temática, siendo innecesario el estudio de los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo ante la obligación del juez constitucional, entre otras cosas, de hacer prevalecer la Constitución en cuanto a la ley suprema; de privilegiar el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido por la Suprema Corte; y, de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas. En ese contexto, se concluye que el presente caso no existe jurisprudencia temática que haga concluir la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, pues si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se trata de derechos existe vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria cuando en la mecánica de su pago dependa del monto de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, y no por el costo real del servicio que presta el Estado, generando con ello, un trato desigual a los que reciben servicios análogos, pues se produce el efecto que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registral. Lo que se evidencia, pues como se desarrolló en el cuerpo de la presente sentencia, en la legislación en estudio no se establece un elemento extraño para determinar el costo del servicio que presta el Estado, como lo podría ser, el valor de la operación o el tipo de documento a inscribir, por el contrario, en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente, se estableció una cuota fija para el pago de derechos registrales; tema disímil que trata la juriprudencia relativa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ella se estableció como inconstitucional cuando el cobro es desigual no obstante que se trata del mismo servicio; mientras que, en la ley que nos ocupa, precisamente existe el mismo costo para todos los que reciben idéntico servicio. En ese sentido, si bien las jurisprudencias temáticas son de aplicación obligatoria para los Jueces de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la ley de la materia, para ello es necesario que los supuestos que se prevén en éstas sean efectivamente aplicables al caso concreto, lo que no se satisface en la especie; de tal suerte que, contrario a lo solicitado, no procede suplir la deficiencia de la queja en los términos que refiere la parte quejosa y, por tanto, los conceptos de violación deben analizarse conforme al principio de estricto derecho que rige a la acción de amparo. Aunado a lo anterior, y contrario a lo referido por el quejoso la interpretación más favorable a la persona en el orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, sino que ello sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Consecuentemente, no es dable relevar a la parte quejosa de la carga de acreditar la inconstitucionalidad de las normas que tilda de inconstitucionales pues la aplicación de los principios nacidos del artículo 1° de la Constitución, no implica que este juzgador pierda de vista las condiciones constitucionales y legales de procedencia del juicio de amparo. Máxime si se trata de la inconstitucionalidad de una ley que por su proceso de creación fundado constitucionalmente, tiene la presunción de ser constitucional, por lo que el que asevera lo contrario tiene la carga de acreditarlo, al no ser la norma impugnada por si misma inconstitucional, por no advertirse la aplicación de categorías sospechosas que ameriten un escrutinio estricto de constitucionalidad. En apoyo, se invoca la jurisprudencia clave 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicaba en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Norma Verónica Olvera Díaz, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Norma Verónica Olvera Díaz, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el administrador de la Oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad y, en cuanto a su contenido, dígasele que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos relativo al requerimiento de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que menciona, toda vez que ya obra en autos el informe justificado solicitado en dichos oficios. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el administrador de la Oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad y, en cuanto a su contenido, dígasele que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos relativo al requerimiento de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que menciona, toda vez que ya obra en autos el informe justificado solicitado en dichos oficios. Notifíquese.

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