Norma Veronica González Cadena
Expediente 1115/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Norma Veronica González Cadena
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Primero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Juicio de Amparo 1115/2022-IV-A En cinco de octubre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es destruible dentro del plazo de tres años, en términos del numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales . Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de septiembre de dos mil veintidós. Aclaración. Se ordena agregar a sus antecedentes el escrito signado por la quejosa Norma Verónica González Cadena, mediante el cual desahoga la aclaración formulada por este órgano jurisdiccional. Desechamiento. La quejosa reclama la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 158/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Gómez Palacio, Durango, en la cual hace mención a personas ajenas a dicho juicio. De la demanda de amparo y escritos aclaratorios de la misma, así como de sus anexos, se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, en el que no se ha dictado sentencia y que la suerte principal reclamada es de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). En virtud de lo anteriormente relatado se advierte que respecto de la citada audiencia reclamada, la demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." La fracción invocada en líneas que anteceden, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De los actos reclamados, el Código de Comercio prevé los recursos de revocación o apelación, según sea la cuantía del negocio, y toda vez que de la demanda de amparo se advierte la suerte principal, se procede al estudio de los recursos que dependiendo de la cuantía tiene a su disposición la parte quejosa antes de interponer el juicio de amparo indirecto. Si la suerte principal en el juicio de origen, es mayor a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional), procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, ahora, si la suerte principal en el juicio que dio origen al acto reclamado, es menor a la señalada, procede el recurso de revocación de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio. En razón de que al hacerse una lectura armónica de los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio con los principios que rigen la materia e instancia en que se actuó, se advierte que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a la cantidad mencionada, por concepto de suerte principal; sin embargo, por su parte, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con lo cual se está estableciendo el medio de impugnación ordinario contra aquellos autos que no fueren apelables. Así leído, atendiendo al criterio del monto del negocio, el propio código señala que el medio ordinario contra proveídos dictados en juicios mercantiles de cuantía menor, es el recurso de revocación. Dicho de otro modo, que de una interpretación armónica de los preceptos invocados, se concluye que todos los autos dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 2011695, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 979, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." De igual forma de sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 163734, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." En tal virtud, como ha quedado asentado, la quejosa no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que al ser parte demandada en el juicio de origen, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con él obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados; y si no los agotó antes de acudir al amparo, dichos actos carecen de definitividad, motivo por el cual surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso numeral 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 1013/2020, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 180/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación, el sobreseimiento del amparo precisado en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia impugnada. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos precisados en el octavo considerando de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos que se indican en el último considerando de fallo recurrido". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte promovente, mediante el cual pretende desahogar los requerimientos realizados por este juzgado federal en proveídos de siete, veintiséis de julio y nueve de agosto de dos mil veintidós, a fin de que aclarara su escrito de demanda. Acuerdo. Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que no dio cumplimiento a la prevención en comento; lo anterior es así, atendiendo a las siguientes consideraciones: Si bien es cierto, cumplió con los incisos ii y iii, del requerimiento de siete de julio de este año, sin embargo, no da cumplimiento al diverso inciso i, pues no ha manifestado los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación al juicio ejecutivo mercantil 158/2021, o que sirvan de fundamento a sus conceptos de violación, lo anterior, bajo protesta de decir verdad, el cual constituye la materia de la prevención. Atento a lo anterior, dígase a la parte promovente que le subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de siete de julio del año en curso, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, mayo de 2012, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo texto es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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