Norma Verónica Mejía González
Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Norma Verónica Mejía González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de trece de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VII)
- Principal
Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.(VII)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de trece de febrero dos mil diecinueve...Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la aquí quejosa Norma Verónica Mejía González reclama del Juez Primero de lo Civil del Estado, la falta de emplazamiento dentro del juicio de Procedimiento Especial Civil 1544/2015 de su índice. Del libro de gobierno aparece registrado el juicio de amparo 48/2019-VII, del índice de este Juzgado, mismo que se trae a la vista por ser un hecho notorio que se tramita ante este órgano jurisdiccional, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece en la página 295 del tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Del citado juicio se advierte que: 1. La quejosa es Norma Verónica Mejía González. 2. La autoridad señalada como responsable es el Juez Primero de lo Civil del Estado. 3. El acto reclamado es la falta de emplazamiento dentro del juicio de Procedimiento Especial Civil 1544/2015. En el particular, están satisfechos los requisitos supracitados, en razón de lo siguiente: I. En ambos juicios de amparo la quejosa es Norma Verónica Mejía González. II. La autoridad señalada como responsable es el Juez Primero de lo Civil del Estado. III. El acto que en ellos se reclama es la falta de emplazamiento dentro del juicio de Procedimiento Especial Civil 1544/2015. IV. Además, en el diverso juicio de amparo previo, número 48/2019-VI, se encuentra pendiente de resolución puesto que si bien en fecha veintiocho de enero del año en curso, se resolvió desechar la demanda de amparo, por carecer de interés jurídico, lo cierto es que esa resolución aún no ha causado estado, pues en su contra procede el recurso de queja, el cuál puede ser interpuesto hasta el último minuto del día de hoy trece de febrero en curso; por tanto, aquél juicio de amparo se encuentra en trámite. De ese modo, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución emitida en el juicio de amparo indirecto 48/2019-VI, del índice de éste juzgado, atendiendo a la naturaleza jurídica de la causal de improcedencia que operó en ese juicio, el derecho ejercitable que aduce el quejoso se le viola, podrá hacerlo valer, una vez que quede firme la citada resolución Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis XI.2o.8 k Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Primer Circuito, localizable .en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de 1996, página 817, que dice: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. -Se da vista al Ministerio Público- Finalmente, de las manifestaciones realizadas por la quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo y en su ocurso aclaratorio, este juzgador advierte la posible comisión de hechos que la ley señala como delito. Es importante destacar que la Ley de Amparo faculta a los órganos jurisdiccionales de amparo para hacer del conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos que podrían ser constitutivos de delitos y que conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien en ejercicio de funciones públicas -como es el caso de los juzgadores de amparo- tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Ante lo que se colige que los juzgadores de amparo, no sólo están en aptitud si no que se encuentran obligados a hacer del conocimiento del ministerio público, en cuanto se percaten de hechos presumiblemente comisivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, cualquiera que sea el trámite, la incidencia o el estado procesal del mismo, a fin de que la representación social, de manera inmediata, proceda a la realización de la investigación respectiva. Las anteriores consideraciones se encuentran fundamentadas en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." En el presente asunto, este juzgador advierte que la quejosa y eventualmente su abogado autorizado, cometieron hechos presumiblemente constitutivos del delito previsto en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, consistente en afirmar en la demanda hechos falsos en relación con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida. Lo anterior es así, pues en la demanda de amparo y ocurso aclaratorio que dieron origen al juicio de amparo 48/2019-VI, de este índice -invocado en supralíneas como hecho notorio y en el que la quejosa reclama el mismo acto de autoridad que reclama en el juicio en que se actúa-, se manifestó bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue "el día ocho de Enero del año dos mil diecinueve"; mientras que en la demanda de amparo y ocurso aclaratorio del presente juicio, manifestó bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del mismo acto reclamado fue el "dieciocho de Enero del año dos mil diecinueve". Haciendo, por tanto, respecto del mismo hecho (la fecha en que tuvo conocimiento del mismo acto reclamado), afirmaciones distintas, con el posible propósito de obtener una ventaja procesal indebida (el acuerdo admisorio y el otorgamiento de la suspensión provisional). Se dice lo anterior, es decir, que tales hechos fueron cometidos por la quejosa y por su abogado autorizado, porque aquella es quien se ostenta como titular de la suscripción de las demandas de amparo, y porque posiblemente el citado profesionista, dado su carácter de asesor jurídico de la quejosa, podría haber participado en la preparación o ejecución de ese comportamiento, lo cual será, en su caso, materia de investigación ministerial. Por lo anterior se da vista al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, para que por su conducto, si lo considera procedente en ejercicio de sus facultades, realice las diligencias correspondientes ante la posible actualización de hechos que puedan tener el carácter de ilícitos; se autoriza a dicho representante social adscrito la expedición de copias certificadas de todo lo actuado, en caso de que lo estime necesario, las cuales estarán a su disposición en la secretaría de este Juzgado, para serle entregadas previa firma que de recibido obre en autos. (VII)
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente.(VII)
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