Norma Verónica Mejía González
Expediente 48/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Norma Verónica Mejía González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. (VI)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de veintiocho de enero dos mil diecinueve...Visto el escrito signado por la quejosa Norma Verónica Mejía González, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de dieciséis de enero del año en curso. -Desechamiento de demanda- Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo , el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Así pues, la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio, y señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: La falta de emplazamiento, así como todos los autos decretos y resoluciones, sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio de Procedimiento Especial Civil número 1544/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil promovido por el C. Gustavo Ariel Chávez Gaona en contra del C. Luis Daniel Gaspar Cervantes, así mismo el auto que ordena ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el inmueble ubicado en la Avenida de la Convención Sur número 1235, de la Colonia Ojo de Agua, de esta ciudad, del que soy poseedora, pretendiendo desposeerme de dicho inmueble sin haber sido oída ni vencida en juicio; la ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado, así como el dictado de la sentencia que condenó a la desposesión, lanzamiento y entrega a la parte actora de la finca mencionada, sentencias dictadas en el expediente ya referido. Así como también el auto dictado en ejecución de sentencia que faculta al C. Ministro Ejecutoria dar posesión forzosa del bien inmueble materia de dicho juicio usando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras." Asimismo en el apartado identificado como "ANTECEDENTES", señala lo siguiente: ".ANTECEDENTES 1.- En fecha uno Enero del año dos mil quince, celebré contrato de arrendamiento con el C. Luis Daniel Gaspar Cervantes, respecto de una bodega ubicada en la Avenida de la Convención Sur número 1235 de la Colonia Ojo de Agua, de esta ciudad, en el que se pactó una renta mensual de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.)." Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Confesiones que se robustecen en el contrato de arrendamiento celebrado entre Luis Daniel Gaspar Cervantes, y Norma Verónica Mejía González, el uno de enero de dos mil quince, respecto del bien inmueble ubicado en la Avenida de la Convención Sur número 1235 de la Colonia Ojo de Agua, de esta ciudad, del cual no se advierte la participación de Gustavo Ariel Chávez Gaona -foja 11 de los autos-. Ahora bien, se destaca como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el juicio de amparo directo 303/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, promovido por Luis Daniel Gaspar Cervantes, toda vez que la sentencia dictada en ese juicio se encuentra debidamente registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia del Pleno, P./J. 16/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Décima Época, con registro electrónico 2017123, cuyo rubro y texto señala: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Del amparo directo antes señalado, se refieren diversos antecedentes del juicio de origen, mismos que serán destacados de la siguiente manera: 1.- Gustavo Ariel Chávez Gaona promovió juicio de desahucio en contra de Luis Daniel Gaspar Cervantes, el cual fue radicado en el Juzgado Primero de lo Civil en el Estado, bajo el número de expediente 1544/2015. 2.- El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se dictó dentro del referido juicio la sentencia definitiva en la que se determinó que Gustavo Ariel Chávez Gaona, sí probó su acción desahucio y la parte demandada, Luis Daniel Gaspar Cervantes, no acreditó encontrarse al corriente en el pago de las pensiones rentísticas pactadas en el contrato fundatorio de la acción instada en su contra. 3.- Inconforme con la sentencia, Luis Daniel Gaspar Cervantes promovió recurso de apelación en contra de la misma, la cual fue turnada a la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, formándose el toca civil 07/2018. 4.- Dentro de dicho toca, el uno de febrero de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia respectiva, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero de lo Civil en el Estado, en los autos del expediente 1544/2015, relativo al juicio especial de desahucio, que promovió Gustavo Ariel Chávez Gaona en contra de Luis Daniel Gaspar Cervantes. SEGUNDO. La Juez Primero de lo Civil en el Estado es competente para conocer del presente juicio. TERCERO. Se declara que la parte actora, Gustavo Ariel Chávez Gaona, sí probó su acción desahucio y la parte demandada, Luis Daniel Gaspar Cervantes, no acreditó encontrarse al corriente en el pago de las pensiones rentísticas pactadas en el contrato fundatorio de la acción instada en su contra. CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de las pensiones rentísticas adeudadas a partir del mes de julio de dos mil catorce y las que se sigan generando hasta la entrega real y material del inmueble objeto del presente juicio, a razón de ocho mil pesos mensuales moneda nacional -cada una-; cuantía que será regulada en el período de ejecución de sentencia. QUINTO. Se condena al demandado, Luis Daniel Gaspar Cervantes, a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en el número mil doscientos treinta y cinco de la Avenida de la Convención Sur de la colonia Ojo de Agua, de esta ciudad de Aguascalientes. SEXTO. No se hace pronunciamiento de la prestación reclamada misma que identificada con la letra C) por las razones dadas en el último considerando de la sentencia de primera instancia, dejándose a salvo los derechos del actor para su reclamo. SÉPTIMO. Se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas a favor de la actora; cuantía que será calculada en forma líquida en el periodo de ejecución de sentencia. OCTAVO. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, cuentan con el término de tres días para oponerse a la publicación de sus datos personales que se contengan en la ejecutoria. NOVENO. Con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos originales al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido." Asimismo, en la parte considerativa del citado amparo directo, la superioridad transcribió el agravio octavo del recurso de apelación de Luis Daniel Gaspar Cervantes, mismo que es al tenor siguiente: "OCTAVO AGRAVIO.- Agravia también a mi parte que el juzgador haga caso omiso a la referencia que hice en mi escrito de contestación de demanda de que tal inmueble lo subarrendé a otra persona, ella con el pretexto de que mi parte no ofreció pruebas al respecto, sin embargo, si se analiza lo actuado, se verá que tal apreciación del juzgador es errónea, pues mi parte exhibió contrato de arrendamiento que mi parte celebró con la C. Norma Verónica Mejía González, DOCUMENTO QUE NO FUE IMPUGNADO POR MI CONTRARIA y al que el Juez no le dio valor alguno con el pretexto de un tercero y no estar adminiculada esta probanza con ningún medio de prueba. Sin embargo, contrario a ello, mi parte exhibió la prueba documental privada relativa a una factura expedida por Telcel a nombre de esa con domicilio en el inmueble arrendado, negándole todo valor con el razonamiento que tal documento proviene de un tercero y tal probanza no está adminiculada a otra probanza, agregué además la cédula fiscal de dicha persona como prueba documental pública, a la cual tampoco le otorgó valor alguno infringiendo con ello el artículo 346 del Código Procesal Civil en vigor, documentales que en un número de tres, desvirtúa el criterio expresado por el Juez que éstas constituyen documentos no adminiculados entre sí, valoración indebida que infringe en mi perjuicio el artículo 346 del Código Procesal Civil." De igual manera, transcribió lo que la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, respondió a dicho agravio, siendo de la siguiente manera: "Entonces, dichas pruebas en su conjunto no pueden demostrar algún hecho, porque carecen de valor probatorio, de ahí que el quejoso debió atacar individualmente el valor que se le otorgó a cada una de éstas, emitiendo razonamiento jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones legales por la resolutora al apreciar tales pruebas, precisando su alcance probatorio y la forma en que trascenderían en el fallo combatido, por lo que, al no hacerlo sus argumentos son insuficientes. Finalmente, aun cuando el actor no hubiera objetado el contrato de arrendamiento celebrado entre el apelante y Norma Verónica Mejía González, tercera al juicio, en términos del artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles , no se le puede imponer la sanción que prevé el artículo 343 del ordenamiento legal en cita , es decir, no se le puede tener por reconociendo dicho documento a Gustavo Ariel Chávez Gaona, ya que no lo elaboró o participó en su elaboración u ordenó su expedición, en otras palabras, no proviene de su parte." 5.- El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el amparo directo 303/2018, declaró inoperantes los conceptos de violación del quejoso por reiterativos, al no controvertir los fundamentos expresados por la Sala responsable en la sentencia reclamada, en consecuencia negó el amparo solicitado. Establecido lo anterior, dado que la quejosa se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, en el que se pretende afectar el bien inmueble que dice es poseedora, es oportuno identificar qué debe entenderse como persona extraña a juicio, y, en su caso, determinar si en el caso le asiste tal carácter a la quejosa: 1) El tercero extraño en estricto sentido o natural. Es quien sin ser parte material dentro de un procedimiento sufre un perjuicio dentro de él, o en ejecución de las resoluciones en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado de la contienda; y, 2) El tercero extraño por equiparación, se trata de aquél sujeto que fungiendo como parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, por lo que se busca dejar sin efectos la fuerza legal con la que cuenta la sentencia, sin que ello signifique el acto reclamado lo constituya este acto, sino la falta de llamamiento o su incorrecto llamamiento. Entonces, a persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Así, cuando se promueve el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, se tiene como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Por su parte, el tercero extraño por equiparación, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial mexicana, se presenta con las siguientes modalidades: a. El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. b. El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos; y aquel que siendo llamado a la contienda por ser señalado como demandado, fue llamado incorrectamente. Ahora, atendiendo a las manifestaciones de la quejosa y a las constancias que integran este juicio de amparo 303/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se concluye que en el caso a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña a juicio, por las consideraciones que más adelante se explicaran. Así pues, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracción VI, este último a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De las normas reproducidas se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5. En el presente asunto, este juzgador estima que la quejosa Norma Verónica Mejía González carece del carácter de tercera extraña a juicio, y por consiguiente de interés jurídico para promover la demanda de amparo, pues contrario a lo que manifiesta en el sentido de que le asiste dicho carácter, la misma tiene la calidad de causahabiente de Luis Daniel Gaspar Cervantes, quien ya fue oído y vencido en el juicio de origen 1544/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado, en su calidad de causante. Se afirma lo anterior, pues de los antecedentes narrados con anterioridad, es inconcuso que está acreditado que la aquí quejosa es subarrendataria del arrendatario Luis Daniel Gaspar Cervantes, este último que a su vez, celebró un contrato de arrendamiento con Gustavo Ariel Chávez Gaona, propietario del inmueble ubicado en Avenida de la Convención Sur número 1235, de la Colonia Ojo de Agua, de esta ciudad; contrato de subarrendamiento, que de conformidad con lo señalado en la sentencia de amparo directo 303/2018, fue celebrado sin el consentimiento del arrendador. Por tanto, conviene precisar lo establecido en los artículos 2351 y 2353 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que literalmente establecen lo siguiente: "Artículo 2351.- El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. (.) Artículo 2353.- Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa." De los preceptos legales en cita, se advierten dos situaciones: 1.- Cuando el arrendatario subarrienda la cosa sin consentimiento del arrendador, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios; y 2.- Si el arrendador aprueba el contrato de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario. Este juzgador considera que en el presente asunto, se actualiza el supuesto señalado con el número 1, pues como ya se ha mencionado el contrato de subarrendamiento se celebró sin el consentimiento del arrendador, lo que implica que tanto Luis Daniel Gaspar Cervantes como la aquí quejosa responderán solidariamente de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, convirtiendo a Norma Verónica Mejía González en causahabiente del primero de los nombrados, esto de conformidad con el artículo 2351 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Es así, pues dentro del juicio de origen el arrendatario Luis Daniel Gaspar Cervantes, no acreditó que celebró un contrato de subarrendamiento del inmueble antes descrito con la hoy quejosa, lo anterior, con el consentimiento del propietario y arrendador del inmueble, situación que coloca a la hoy quejosa con el carácter de causahabiente, y no de tercera extraña a juicio, pues es necesario que exista el consentimiento del arrendador primigenio en el contrato de subarrendamiento para que a la quejosa le pudiera asistir el carácter de tercera extraña a juicio, situación que no aconteció, pues como fue reiterado en la ejecutoria de amparo directo, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes determinó que Gustavo Ariel Chávez Gaona no elaboró o participó en la elaboración del mismos, o en su caso, ordenó su expedición, por tanto, no provino de su parte. Situación que también se acredita con el contrato de arrendamiento celebrado entre Luis Daniel Gaspar Cervantes, y Norma Verónica Mejía González, el uno de enero de dos mil quince, respecto del bien inmueble ubicado en la Avenida de la Convención Sur número 1235 de la Colonia Ojo de Agua, de esta ciudad, del cual no se advierte la participación de Gustavo Ariel Chávez Gaona -foja 11 de los autos-. Por lo anterior queda desvirtuado que a la quejosa le asista el carácter de tercera extraña a juicio, pues la misma es causahabiente de Luis Daniel Gaspar Cervantes, persona que sí compareció al juicio natural. Cabe señalar, que el presente desechamiento no se determina con motivo de la causahabiencia en sí misma considerada, sino en atención a que la quejosa no puede equipararse como tercera extraña en un juicio en el que ya fue oída a través de su causante, careciendo de interés jurídico para promover el presente juicio, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en la instancia constitucional es idéntica a la parte que sí compareció al juicio e hizo valer sus derechos y resultó vencida. Orientadora al criterio antes adoptado, la tesis VIII.1o.47 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, con registro electrónico 175133, cuyo rubro y texto señala: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO SI SU CAUSANTE NO DEMOSTRÓ EN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS TENER CELEBRADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y, POR TANTO, AQUÉL NO PUEDE TRANSMITIR UN MEJOR DERECHO. El causahabiente de un tercero extraño a juicio no tiene mejor derecho que el de su causante y, por lo mismo, si este último no acredita la afectación a su interés jurídico en el juicio de amparo que promovió con el carácter de arrendatario de un inmueble, entonces dicho causante no puede transmitir un mejor derecho a quien dice ser su subarrendatario, puesto que habiendo manifestado el quejoso que su causante le subarrendó el inmueble, sin que aquél hubiera demostrado tener celebrado contrato de arrendamiento alguno resulta, que ningún derecho puede transmitirse y, por ello, el causante no pudo haber cedido derecho de subarriendo alguno al causahabiente; de ahí que, como la calidad de causahabiente no puede variar durante la tramitación del juicio de garantías por él promovido, y su situación jurídica tampoco puede mejorarse, y siendo el examen de las causales de improcedencia una cuestión de orden público, nada justifica el que se tenga que tramitar el juicio de garantías y esperar al dictado de la sentencia para decidir la falta de interés jurídico del quejoso y declarar la improcedencia al juicio, sino que dicha decisión puede hacerse, desde luego, en el dictado del primer auto, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis I.6o.C.14 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, con registro electrónico 204670, cuyo rubro y texto señala: "SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CONTRATO DE. SI NO SE ACREDITA EL CONSENTIMIENTO DEL ARRENDADOR PARA LA CELEBRACION DE AQUEL, EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES DEL PACTO ORIGINAL, EL SUBARRENDATARIO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO TERCERO EXTRAÑO EN LA CONTIENDA. Cuando se celebra un contrato de subarrendamiento de un bien inmueble, sin el consentimiento del arrendador para tal efecto y posteriormente existe controversia entre las partes del contrato original en que sólo es llamado a juicio el arrendatario; ello, no significa que el subarrendatario tenga el carácter de tercero extraño en dicha contienda, dado que únicamente es causahabiente del inquilino al no acreditar el consentimiento del locatario para la realización del segundo pacto y en esas circunstancias, es evidente que también le perjudica la sentencia que se dicte en el principal, en virtud de que su causante sí fue oído y vencido en juicio." Finalmente, la Jurisprudencia 138, de la entonces Tercera Sala, publicada en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, Octava Época, con registro electrónico 913080, cuyo rubro y texto señala: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.- Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendatario en el juicio seguido en contra de éste por el arrendador, quien no autorizó el subarriendo, el juicio de amparo que promueva contra el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente, pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien fue oído y vencido, carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda promovida por Norma Verónica Mejía González. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".(VI)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(VI)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de dieciséis de enero dos mil diecinueve...requiérase a la parte quejosa mediante notificación personal, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, por escrito y con siete copias de su ocurso aclaratorio, que formarán parte integrante de la demanda: 1.- Bajo protesta de decir verdad manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página número 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." 2.- Precise la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento celebrado con Luis Daniel Gaspar Cervantes, atendiendo a la temporalidad que señala de cuatro años. -Apercibimientos- Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmaran hechos falsos u omitieran los que les consten en relación con el acto reclamado, incurrirían en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además les sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo segundo, transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio.(VI)
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