Norma Noemi Castellanos Hernández y Otros.

Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
648/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Norma Noemi Castellanos Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Norma Noemí Castellanos Hernández, Lourdes Rocío García Pérez, Guadalupe Desirée Álvarez Castillo, Gustavo Gerardo García Pinacho, Liliam I. García Pey, Patricio o Patricia del Socorro Vera Díaz, G. Irma Mendoza Cruz y Fabiola José Cienfuegos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 648/2022. Desechamiento de la demanda: Del análisis integral de la demanda, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia en el juicio, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. En la especie, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se colige que los impetrantes de manera destacada y autónoma reclaman lo siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: El convenio celebrado con el gobierno de Cuba a efecto de que médicos y/o enfermeras procedentes de dicho país, trabajen en el Estado Mexicano. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La asignación de la partida presupuestal para realizar el pago correspondiente a los médicos y enfermeras procedentes del país de Cuba que presten sus servicios, con motivo del convenio celebrado por el Ejecutivo Federal. Del Secretario de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración: La autorización a los profesionales de la salud procedentes del Estado de Cuba, para que puedan ingresar al territorio nacional y trabajar en nuestro país, así como los permisos otorgados para que suministren medicinas provenientes de dicho país. De la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: La autorización a los profesionales de la salud provenientes del Estado cubano, para prestar sus servicios en México. Precisado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. último párrafo, de la propia ley de la materia, que conjuntamente prevén el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia, es la legitimación con que cuenta quien resiente de manera directa y personal las consecuencias del acto reclamado o, bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene que los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa[.]." Como puede verse, la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo"; fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Lo anterior se ve reflejado en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 5o., de la Ley de Amparo al disponer de manera categórica que: ".El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo.". Así, el principio de "instancia de parte agraviada" implica que dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, sólo aquellos que afecten el interés jurídico o legítimo, son aptos para ser analizados a través del juicio de amparo, y no otro tipo de afectaciones, como aquellas que sólo implican una afectación no diferenciada, es decir, de interés simple. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en sesión del cinco de junio de dos mil catorce, estableció que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la misma ejecutoria, se precisó que tal parámetro de razonabilidad, no se refería a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Los anteriores razonamientos se encuentran inmersos en la sentencia que le da origen a la jurisprudencia P./J.50/2014, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". En esa ejecutoria, el Pleno del más Alto Tribunal del país, estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la manera siguiente: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso; b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, por lo que, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. De lo anterior es posible concluir, que en el caso, el interés que aducen tener los peticionarios de amparo derivado de los actos que reclaman, no es de índole diferenciado (jurídicamente relevante) a efecto de que se actualice un interés legítimo, sino que acuden a esta instancia constitucional con un interés simple. En efecto, los agraviados instan por propio derecho el presente juicio de amparo, derivado de que como ciudadanos mexicanos, estiman que con la contratación de personal médico de procedencia extranjera (Cuba), se vulnera el derecho de las personas profesionales de la salud de nacionalidad mexicana a ejercer su profesión, en relación con su derecho al trabajo, al preferirse contratar personal extranjero en ese sector. Lo anterior, en tanto que se vulnera la posibilidad de los ciudadanos mexicanos de encontrar empleo, pues con la contratación de médicos o enfermeras procedentes de Cuba, se les niega la posibilidad de participar, por ejemplo, en alguna convocatoria para ocupar dichos puestos, lo que consecuentemente se traduce en una violación al derecho de preferencia que tienen sobre los extranjeros. Asimismo, estiman que con la contratación de médicos cubanos y la recepción de medicinas provenientes de dicho país, se vulneran los intereses de toda la sociedad mexicana, en tanto que, se pone en riesgo su salud, por estar a cargo de médicos extranjeros, que desde su percepción, no cuentan con los conocimientos que amerita la profesión. En ese tenor, se colige que los peticionarios de amparo en uso del interés legítimo que aducen tener, pretenden que con la eventual concesión del amparo no se ejecute el convenio que celebró el Ejecutivo Federal con el Estado de Cuba, para que con ello, el personal médico de nuestro país tenga la oportunidad de ocupar los puestos que, en su caso, ocuparían los médicos extranjeros, y así no vulnerar su derecho al trabajo. Además, también pretenden que la sociedad mexicana en general, no sea atendida por el personal procedente de Cuba, ni se le suministren medicamentos provenientes de dicho Estado, pues aduce que ello vulneraría su derecho a la salud por no contar dicho personal con los conocimientos que la profesión amerita. Es decir, los quejosos acuden a la vía de amparo, a defender el interés que tiene como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que lo haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces en un interés simple, el cual como ya se dijo, no es de aquellos que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, porque los promoventes de amparo, instan la acción constitucional sin afirmar o demostrar tener el carácter de profesionistas de algún ramo de la salud, al que, en todo caso pudiera (en sus palabras) perjudicarles el hecho de que se contrate personal de dicho sector de procedencia extranjera, ni tampoco promueven la demanda sustentándose como usuarios de los servicios de salud que, en su caso, vayan a prestar dichos profesionistas, es decir, no se patentiza una afectación real a su esfera jurídica. Efectivamente, de acuerdo al análisis en su integridad de la demanda de amparo, es posible advertir que los quejosos sólo la promueve en su calidad de habitantes del Estado mexicano como parte de su sociedad, pero sin destacar un agravio diferenciado al resto de los demás. Luego, es de precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, el cinco de septiembre de dos mil doce, sostuvo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo. Precisando que ello era así, en razón de que el Constituyente Permanente había introducido un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo así dicho se encuentra inmerso en la jurisprudencia por reiteración 1ª./J.38/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". De manera que, si se presenta una demanda de amparo, aduciendo un interés simple, ésta no puede ser admitida, al no satisfacerse un requisito primordial de procedibilidad de la acción de amparo, prevista en la fracción I, del artículo 107, Constitucional, que como ya se dijo, establece que, el juicio de amparo de llevarse siempre a instancia de parte agraviada. Por todo lo expuesto, por ese motivo se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Es de invocarse, la jurisprudencia 2ª./J.57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1078, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados en términos del artículo 12, primero párrafo, de la Ley de Amparo, a Valente Arizabalo Priego, Edmundo Aput Vite y Marco Aurelio Tapia Figueroa; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que señala en su escrito de demanda, sin las amplias facultades del citado precepto, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en los artículos 21 a 25 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Norma Noemí Castellanos Hernández, Lourdes Rocío García Pérez, Guadalupe Desirée Álvarez Castillo, Gustavo Gerardo García Pinacho, Liliam I. García Pey, Patricio o Patricia del Socorro Vera Díaz, G. Irma Mendoza Cruz y Fabiola José Cienfuegos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 648/2022. Desechamiento de la demanda: Del análisis integral de la demanda, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia en el juicio, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. En la especie, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se colige que los impetrantes de manera destacada y autónoma reclaman lo siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: El convenio celebrado con el gobierno de Cuba a efecto de que médicos y/o enfermeras procedentes de dicho país, trabajen en el Estado Mexicano. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La asignación de la partida presupuestal para realizar el pago correspondiente a los médicos y enfermeras procedentes del país de Cuba que presten sus servicios, con motivo del convenio celebrado por el Ejecutivo Federal. Del Secretario de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración: La autorización a los profesionales de la salud procedentes del Estado de Cuba, para que puedan ingresar al territorio nacional y trabajar en nuestro país, así como los permisos otorgados para que suministren medicinas provenientes de dicho país. De la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: La autorización a los profesionales de la salud provenientes del Estado cubano, para prestar sus servicios en México. Precisado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. último párrafo, de la propia ley de la materia, que conjuntamente prevén el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia, es la legitimación con que cuenta quien resiente de manera directa y personal las consecuencias del acto reclamado o, bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene que los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa[.]." Como puede verse, la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo"; fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Lo anterior se ve reflejado en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 5o., de la Ley de Amparo al disponer de manera categórica que: ".El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo.". Así, el principio de "instancia de parte agraviada" implica que dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, sólo aquellos que afecten el interés jurídico o legítimo, son aptos para ser analizados a través del juicio de amparo, y no otro tipo de afectaciones, como aquellas que sólo implican una afectación no diferenciada, es decir, de interés simple. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en sesión del cinco de junio de dos mil catorce, estableció que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la misma ejecutoria, se precisó que tal parámetro de razonabilidad, no se refería a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Los anteriores razonamientos se encuentran inmersos en la sentencia que le da origen a la jurisprudencia P./J.50/2014, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". En esa ejecutoria, el Pleno del más Alto Tribunal del país, estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la manera siguiente: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso; b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, por lo que, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. De lo anterior es posible concluir, que en el caso, el interés que aducen tener los peticionarios de amparo derivado de los actos que reclaman, no es de índole diferenciado (jurídicamente relevante) a efecto de que se actualice un interés legítimo, sino que acuden a esta instancia constitucional con un interés simple. En efecto, los agraviados instan por propio derecho el presente juicio de amparo, derivado de que como ciudadanos mexicanos, estiman que con la contratación de personal médico de procedencia extranjera (Cuba), se vulnera el derecho de las personas profesionales de la salud de nacionalidad mexicana a ejercer su profesión, en relación con su derecho al trabajo, al preferirse contratar personal extranjero en ese sector. Lo anterior, en tanto que se vulnera la posibilidad de los ciudadanos mexicanos de encontrar empleo, pues con la contratación de médicos o enfermeras procedentes de Cuba, se les niega la posibilidad de participar, por ejemplo, en alguna convocatoria para ocupar dichos puestos, lo que consecuentemente se traduce en una violación al derecho de preferencia que tienen sobre los extranjeros. Asimismo, estiman que con la contratación de médicos cubanos y la recepción de medicinas provenientes de dicho país, se vulneran los intereses de toda la sociedad mexicana, en tanto que, se pone en riesgo su salud, por estar a cargo de médicos extranjeros, que desde su percepción, no cuentan con los conocimientos que amerita la profesión. En ese tenor, se colige que los peticionarios de amparo en uso del interés legítimo que aducen tener, pretenden que con la eventual concesión del amparo no se ejecute el convenio que celebró el Ejecutivo Federal con el Estado de Cuba, para que con ello, el personal médico de nuestro país tenga la oportunidad de ocupar los puestos que, en su caso, ocuparían los médicos extranjeros, y así no vulnerar su derecho al trabajo. Además, también pretenden que la sociedad mexicana en general, no sea atendida por el personal procedente de Cuba, ni se le suministren medicamentos provenientes de dicho Estado, pues aduce que ello vulneraría su derecho a la salud por no contar dicho personal con los conocimientos que la profesión amerita. Es decir, los quejosos acuden a la vía de amparo, a defender el interés que tiene como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que lo haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces en un interés simple, el cual como ya se dijo, no es de aquellos que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, porque los promoventes de amparo, instan la acción constitucional sin afirmar o demostrar tener el carácter de profesionistas de algún ramo de la salud, al que, en todo caso pudiera (en sus palabras) perjudicarles el hecho de que se contrate personal de dicho sector de procedencia extranjera, ni tampoco promueven la demanda sustentándose como usuarios de los servicios de salud que, en su caso, vayan a prestar dichos profesionistas, es decir, no se patentiza una afectación real a su esfera jurídica. Efectivamente, de acuerdo al análisis en su integridad de la demanda de amparo, es posible advertir que los quejosos sólo la promueve en su calidad de habitantes del Estado mexicano como parte de su sociedad, pero sin destacar un agravio diferenciado al resto de los demás. Luego, es de precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, el cinco de septiembre de dos mil doce, sostuvo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo. Precisando que ello era así, en razón de que el Constituyente Permanente había introducido un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo así dicho se encuentra inmerso en la jurisprudencia por reiteración 1ª./J.38/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". De manera que, si se presenta una demanda de amparo, aduciendo un interés simple, ésta no puede ser admitida, al no satisfacerse un requisito primordial de procedibilidad de la acción de amparo, prevista en la fracción I, del artículo 107, Constitucional, que como ya se dijo, establece que, el juicio de amparo de llevarse siempre a instancia de parte agraviada. Por todo lo expuesto, por ese motivo se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Es de invocarse, la jurisprudencia 2ª./J.57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1078, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados en términos del artículo 12, primero párrafo, de la Ley de Amparo, a Valente Arizabalo Priego, Edmundo Aput Vite y Marco Aurelio Tapia Figueroa; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que señala en su escrito de demanda, sin las amplias facultades del citado precepto, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en los artículos 21 a 25 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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