Norma Estela Montalvo

Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Estela Montalvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estudio de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que lo hubieran realizado. En tales condiciones, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Ahora bien, en la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés -foja 25 - 30-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Norma Estela Montalvo, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para los efectos siguientes: [.] "En mérito de lo anterior, se estima procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de inmediato emita el laudo correspondiente, en el expediente laboral J.32/353/2020, y ordene su notificación a las partes. Sin que lo anterior coaccione para que la determinación que emita sea en determinado sentido, puesto que deberá atender a la etapa en que se encuentra el juicio y si es o no procedente lo solicitado. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo.". [.] En auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés -fojas 38 y 39-, causó ejecutoria la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable informó lo siguiente: Mediante oficio P/2009/2023, de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, remitió a este Juzgado copia certificada del laudo dictado el trece de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral J.32/353/2020, ordenando su notificación personal a las partes. Ejecutoria cumplida. Con base en lo anterior, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable, no haya remitido la constancia de notificación de dicho laudo, realizada a la parte quejosa, sin embargo, este Juzgado de Distrito en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las constancias que remitió la autoridad responsable; por lo que a ningún fin práctico llevaría requerir a la autoridad responsable remita dicha constancia de notificación, del cual ya tiene pleno conocimiento la parte impetrante. Sirve de apoyo, la tesis 2ª./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página 122, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Se ordena agregar este acuerdo impreso al expediente físico. Con apoyo en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; dada la relevancia de este acuerdo, incorpórese al expediente físico el presente acuerdo, en razón de que es una resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA ..., POR CONDUCTO DEL ACTUARIO RAFAEL RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ, Y MEDIANTE OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, a través del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de Amparo, remiendo las constancias que acreditan tal circunstancia. Se da vista con el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de proveer respecto al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la legal notificación de este proveído manifiesten lo que a sus intereses convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA NORMA ESTELA MONTALVO, POR CONDUCTO DEL ACTUARIO RAFAEL RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ, Y MEDIANTE OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo para los efectos siguientes: [.] "En mérito de lo anterior, se estima procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de inmediato emita el laudo correspondiente, en el expediente laboral ********************, y ordene su notificación a las partes. Sin que lo anterior coaccione para que la determinación que emita sea en determinado sentido, puesto que deberá atender a la etapa en que se encuentra el juicio y si es o no procedente lo solicitado. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo.". [.] Apercibida que en caso de incumplimiento, de conformidad con los numerales 192, 193, 195 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así mismo, se le hace saber, que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, no los exime de responsabilidad. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 907/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional Norma Estela Montalvo, a través de su apoderado legal Claudio Juárez Meneses, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad que se describen a continuación: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE [.]. IV.- ACTO RECLAMADO: La OMISIÓN de la autoridad responsable hasta el día de hoy para NO RESOLVER o NO DICTAR EL LAUDO y por ende, su FALTA DE NOTIFICACIÓN, dentro del Juicio Laboral J.32/353/2020 [.]." Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, previo diferimiento y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro del territorio en el que este juzgado federal ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado y la autoridad responsable, en atención al contenido integral de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: A la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral J.32/353/2020 de su índice. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 1002815, visible en la Quinta Época del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Sección-, página 830, cuyo contenido es el que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con la documental que exhibió con su informe justificado la referida junta responsable, que obran en autos del juicio laboral J.32/353/2020 de su índice, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por haber sido expedida por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto precisado en el considerando segundo, este juzgado federal no advierte de oficio, ni por manifestación expresa de las partes, la actualización de alguna causa de improcedencia del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual procede el análisis de fondo de este expediente. QUINTO. Estudio de fondo. En este punto, es pertinente señalar que es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es fundado el concepto de violación expuesto por la quejosa, relativo a que: Se deja de aplicar el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la omisión de dictar el laudo respectivo por la autoridad responsable dentro de los términos y plazos que prevé la ley. Como se adelantó es fundado el concepto de violación expresado, ya que es menester tomar en cuenta la base constitucional sobre la que descansa el derecho que se estima vulnerado; que en el caso se encuentra en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el cual prevé el llamado derecho a que se imparta justicia por tribunales que resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. Así, es necesario tener a la vista el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]." El transcrito artículo 17 de la Constitución Federal, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que consisten en: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible a página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese sentido, la demora en la duración de una controversia, sin justificación, no solo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio, lo que se debe evitar a fin de salvaguardar el derecho fundamental de impartición de justicia que el Estado Mexicano se encuentra obligado a proporcionar. Así, se puede afirmar que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios a fin de que una controversia que se someta a su consideración se tramite y resuelva en un plazo razonable, es decir, en un tiempo prudente y justificado, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos reconocidos en la propia Constitución General de la República. Aspecto que se corrobora con el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales, relacionadas con el plazo razonable que debe observar el Estado para cumplir con su obligación de sustanciar y resolver las controversias judiciales que determinen derechos y obligaciones de las personas en un cierto límite temporal, es decir, prudente o justificado; precepto que debe ser acatado por el Estado Mexicano al haber signado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la propia Convención, de modo que se encuentra obligado a cumplir y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Lo anterior se pone de relieve con el contenido de los citados numerales, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." Sentadas las bases constitucional y convencional de referencia, cabe señalar que los artículos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo -aplicable al caso- prevén las reglas para emitir laudo; cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." De los preceptos transcritos se advierte que concluido el desahogo de las pruebas, y previa certificación secretarial, se dará tres días a las partes para que expresen su conformidad con dicha certificación; en caso de que acredite alguna de las parte que está pendiente de desahogo alguna probanza, será desahogada dentro de los ocho días siguientes; posteriormente, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Acontecido lo anterior se emitirá el proyecto de laudo en los siguientes diez días, con los elementos que prevé el diverso numeral 840 de la Ley Federal del Trabajo mencionada; se concederán cinco días hábiles para que los integrantes de la Junta para su análisis y, en su caso, se requiera alguna prueba y, dentro de los siguientes ocho días se emitirá el laudo respectivo. De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, para la impartición de justicia de manera pronta, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que en el caso particular no se ha respetado. Bajo ese contexto legal, se tiene que el uno de julio de dos mil veintitrés, la Junta responsable cerró instrucción y ordenó turnar el expediente a la auxiliar para la emisión del proyecto de laudo respectivo; sin embargo, hasta este momento no se tiene conocimiento de que se haya emitido el laudo correspondiente. Al respecto, el cierre de la instrucción se corrobora con la documental del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós que exhibió la propia autoridad responsable, misma que ya fue valorada anteriormente; aunado a que en su informe justificado, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó que era cierto el acto reclamado. Lo cual debe considerarse como una confesión expresa por parte de la autoridad responsable, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 199 y 200 del código procesal en mención. Por lo anterior, al no haberse pronunciado el laudo reclamado, pese a que ha transcurrido en exceso el plazo con que cuenta para tal efecto, es indudable que la autoridad responsable no respetó los términos y plazos previstos en los artículos 885 y 886 de la aludida ley laboral. De ahí que, a la fecha no se ha pronunciado respecto del laudo correspondiente, lo que implica la violación al principio prontitud con el que se garantiza el derecho humano acceso a la justicia que consagra el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal orden de ideas, la omisión reclamada a la autoridad responsable ocasiona a la parte quejosa un estado de inseguridad jurídica, en virtud de que el carácter expedito de la impartición de justicia se fundamenta, en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre y se respeten los términos y plazos que fija la ley expresamente para las actuaciones judiciales; por ende, al no cumplir la autoridad responsable con ese principio constitucional, viola flagrantemente los derechos tutelados por el artículo 17 de nuestra Constitución Federal. En mérito de lo anterior, se estima procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de inmediato emita el laudo correspondiente, en el expediente laboral J. 32/353/2020, y ordene su notificación a las partes. Sin que lo anterior coaccione para que la determinación que emita sea en determinado sentido, puesto que deberá atender a la etapa en que se encuentra el juicio y si es o no procedente lo solicitado. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005150, publicada en la página 732, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Estela Montalvo, en el juicio de amparo número 907/2023, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el último considerando, ambos de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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