Norma Luz Ponce Salazar

Expediente 194/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
194/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Norma Luz Ponce Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL CITATORIO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la autoridad que denominó como Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México, que estima violatorios de las garantías que consagran los artículos 1°, 17, 28 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 194/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la demanda de amparo, se desprende que se señaló como autoridad responsable a la que se denominó como Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México, autoridad a la que se reclama el acto que se describió de la siguiente forma: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS U OMISIONES RECLAMADAS. ACTO RECLAMADO. DEL C. SECRETARIO DE ECONÓMIA. ACTO RECLAMADO, OMISIÓN. RECLAMO LA OMISIÓN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, DONDE TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA FIJAR PRECIOS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS GENERALES DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INTERIOR, ABASTOS Y PRECIOS DEL PAÍS, ESTO ES, LA CONDUCTA OMISIVA DE NO FIJAR LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA)." En ese orden, de la demanda de amparo y anexos que a ella se adjuntaron, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que la quejosa tiene en posesión un vehículo de motor el cual utiliza para su uso particular; motivo por el que acude a las estaciones de gasolina a abastecer de combustible el citado automotor (gasolina magna). A partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tendrá aumentos hasta de un 20% en todo el país durante dos mil diecisiete. Con los ajustes, el precio promedio anual nacional del uno al tres de febrero de dos mil diecisiete, será de $15.99 para la gasolina magna. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuerda que cada una de las noventa regiones en las que fue dividido el país tendrán sus propios niveles; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del país, atendiendo costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex, entre otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Así también, asegura la quejosa, la Secretaría de Economía omite y/o inaplica el artículo 28 Constitucional, y tampoco aplica el artículo 8° de la Ley Federal de Competencia Económica, no obstante que está obligada a fijar precios en los productos de consumo. Así, el artículo 28 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona fueron violentados con la omisión reclamada, a la letra dice: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." En tanto que el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que: I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social; IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal. Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. En esa medida, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama la omisión y/o inaplicación del artículo 28 párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a juicio de la quejosa, trae como consecuencia, lo siguiente: 1. La liberación de los precios de la gasolina al libre mercado. 2. No se encuentran fijados los precios de las gasolinas en todo el país. 3. Al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado de consumo, se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley. Sobre el tema, es aplicable, por lo que informa, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Página: 1746 "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Sobre el tema, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, a través de la nota informativa registrada con el número DGCS/NI:14/2017, se informa que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, desechó cincuenta demandas de amparo promovidas en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación del precio de las gasolinas, con el argumento esencial de que no corresponde al Poder Judicial de la Federación hacer pronunciamiento al respecto porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es o no correcta la política pública en materia económica implementada por uno de los poderes de la unión. Fórmese cuaderno de antecedentes. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento respecto del señalamiento de domicilio para recibir notificaciones de carácter personal que realizó la promovente en la demanda de cuenta; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, por esta única ocasión, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, la notificación de este auto practíquese a la promovente en el domicilio ubicado en *** Celaya, Guanajuato.

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