NORMA GONZALEZ TORRES y Otros.
Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- NORMA GONZALEZ TORRES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderada legal de ***; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato y otra autoridad; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en el artículo 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 502/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De la demanda de amparo, se desprende que se señalaron como autoridades responsables a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato (en su carácter de ordenadora), así como Actuario adscrito a dicha Junta (en su carácter de ejecutora), autoridades a las que se reclamó los actos, que se describieron de la siguiente forma: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. El laudo dictado por la Honorable Junta de Conciliación y Arbitraje en (sic) notificado vía estrados en fecha 6 de abril de 2017, derivado del PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. **/2016/L1/CB/IND. Específicamente en el RESULTADO TERCERO de dicho laudo DONDE CONDENA A ESTA PARTE, AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS E INSCRIPCIÓN RETROACTIVA AL INFONAVIT. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de cuenta, como antecedentes del acto reclamado, se desprende en lo que aquí interesa, que ante la Junta responsable *** demandó a los directos quejosos diversas prestaciones de carácter laboral, lo que motivó la formación del expediente **/2016. Una vez substanciado el procedimiento, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis la Junta emitió el laudo correspondiente en el que se absolvió a la parte demandada en el juicio de origen de diversas prestaciones que le fueron reclamadas, pero también se le condenó respecto de otras prestaciones que también le fueron demandadas. Inconforme con el aludido laudo, los ahora quejosos promovieron demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en la ciudad de Guanajuato, quien formó al efecto el amparo directo laboral 840/2016, el cual se resolvió el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y en el que se otorgó la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: 1. Deje insubsistente el aludo reclamado. 2. Emita otro en el que: a) Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión en esta ejecutoria (condena a pagar al actor los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, en los importes determinados por la responsable), y b) Al pronunciarse sobre el reclamó de pago de prestaciones de seguridad social, cite los preceptos legales en que sustente su determinación y exponga las razones y motivos por los que estime aplicables aquellos, resolviendo lo que en derecho corresponda. El seis de abril de dos mil diecisiete, la Junta responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió un nuevo laudo en el que, entre otros, condenó a los aquí directos quejosos al pago de horas extraordinarias, e inscripción retroactiva al Infonavit; siendo dicha resolución (laudo), lo que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Destacado lo anterior, se estima pertinente señalar que el artículo 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo hasta ahora anotado, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida en razón de que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que como se apuntó, el reclamo lo constituye el laudo de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, dentro del expediente laboral 1141/2016, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el amparo directo laboral 840/2016, laudo contra el cual la Ley aplicable no establece recurso ordinario en su contra; por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo. Son aplicables por lo que informan, las Tesis de rubro y texto que dicen: Novena Época Registro: 187844 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/2002 Página: 36 COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción." (Lo destacado es nuestro). Novena Época Registro: 182952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.7 K Página: 1107 RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ***, quien se ostenta como apoderada legal de ***; y atendiendo el contenido del diverso numeral 34 del indicado ordenamiento legal, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, punto segundo, fracción XVI, se ordena remitir la demanda promovida; al Tribunal Colegiado Especializado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que sea dicho órgano jurisdiccional quien se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por ***, quien se ostenta como apoderada legal de *** (con la aclaración de que no se envían copias de la demanda y anexo, en razón de que dicha demanda se recibió vía línea). Háganse las anotaciones en el libro de control y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Cabe destacar que no se soslaya el contenido del artículo 37 párrafo primero y tercero de la Ley de Amparo, del que se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, el del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (primer párrafo); o bien, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material (párrafo tercero). Sin embargo, al margen de que la resolución reclamada tenga o no ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado de la Federación, lo cual implicaría que sea un Juez de Distrito el que conozca de la demanda promovida; se estima que en el caso, prevalece la hipótesis establecida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se tiene el convencimiento de que el acto reclamado lo constituye el laudo emitido en el juicio natural, el cual dio por concluido el expediente laboral de origen; lo que permite concluir que se trata de una resolución de exclusiva competencia de un Tribunal Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento sobre la personalidad con que comparece la solicitante del amparo, así como el señalamiento de domicilio y autorizados para recibir notificaciones de carácter personal que realizó la promovente en la demanda de cuenta; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, por esta única ocasión, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, la notificación de este auto practíquese a la promovente vía electrónica con el nombre de suscriptor ***.
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