Norma Lidia Montes Calderón

Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
707/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Norma Lidia Montes Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (49 a 52), en la que se determinó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de cinco de septiembre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, cinco de septiembre de dos mil diecinueve.  Informe justificado. Agréguense los oficios signados por el Director de Asuntos Jurídicos y por la Auditora Superior ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado.  Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.  Delegados y Domicilio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo , se tienen como delegados de la autoridad a las personas que indica y por lo que hace al domicilio que señala dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal.  Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que el promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: .la omisión de dictar acuerdo respecto a la presentación efectuada por la suscrita del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y su falta de notificación la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso, y de la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior, ambas del Estado de Tlaxcala, los actos siguientes: .la omisión de dictar acuerdo respecto a la presentación efectuada por la suscrita del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y su falta de notificación .la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que las omisiones reclamadas vulneran su derecho fundamental reconocido en el artículo 1, 14, 16 y 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprende que ya se dictó el auto que admite a trámite el recurso de revocación, interpuesto por la quejosa el veintinueve de marzo del año actual foja 41-42, mismo que le fue notificado el veintitrés de agosto del año en curso foja 43-44. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento auto que admite a trámite el recurso de revocación, y su notificación, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la omisión de dictar acuerdo respecto a la presentación efectuada por la suscrita del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y su falta de notificación en términos del artículo 63, fracción V , de la Ley de Amparo.  Diverso acto reclamado. Por otra parte, respecto del acto reclamado como la omisión de dictar resolución dentro del recurso de revocación promovido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el mismo, no tendría efecto de ser analizado en audiencia constitucional, pues de acuerdo al criterio sustentado por la Segunda Sala del máximo Tribunal , los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, dentro del procedimiento; en tales circunstancias, como se aprecia el recurso de revocación 47-2019, del índice del Órgano de Fiscalización Superior, de donde deriva el acto reclamado, no se encuentra en estado para dictar resolución, tal como se observa de las constancias remitidas por la responsable; puesto que en el mismo auto donde se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, se otorgó una vista a las partes en relación a la procedencia una acumulación de recursos de revocación, máxime que no se han admitido pruebas, ni desahogado las mismas, por ende se encuentra en trámite. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el pedimento ministerial 608, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, las que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Solicita copias certificadas. Asimismo, respecto a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio, expídasele la misma. En cuanto hace a la solicitud de dar vista por las probables conductas ilícitas en el juicio de amparo que se provee, queda a salvo su derecho para que lo haga valer ante la instancia correspondiente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Norma Lidia Montes Calderón, por propio derecho, contra actos de la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 707/2019-III. Se admite demanda de amparo. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Norma Lidia Montes Calderón, por propio derecho, contra actos de la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; los que estima violatorio en su perjuicio del artículo 17 Constitucional. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento del terceo interesado, hasta que consten en autos los informes justificados. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gonzalo Aniceto Maturano Flores y Héctor Virgilio Palma Nava, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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