Norma Érika Rodríguez Carreño

Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
684/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Norma Érika Rodríguez Carreño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se autorizan copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ********************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniendo como autorizado para recogerlas a la persona que señala en el ocurso de cuenta.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintidós. Acusa recibo de incidentes. Agréguese el oficio signado por la Juez de Partido Cuarto Civil en Celaya, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio mediante el cual este órgano jurisdiccional le envió el dos tomos de pruebas relativo al Juicio Especial Sumario Hipotecario número C153/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Se ordena devolver a la Jueza Cuarto Civil de Partido de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, las copias certificadas del expediente C153/2019 de su índice, que obran dentro de dos tomos de pruebas formados en el presente juicio constitucional. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.gepn

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio recibido electrónicamente signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Estado de Guanajuato; mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 145/2022 (184/2022-III), de su estadística, derivado del diverso 366/2022-II y de orden 366/2022-II, del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se le remitió para que notificara a la quejosa Norma Erika Rodríguez Carreño y a los terceros interesados 1) Juan Manuel Rodríguez Mora y 2) Raúl Torres Arroyo; el contenido del ocho de junio del presente año Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena notificación por lista del tercero interesado Juan Manuel Rodríguez Mora. Por otro lado, de las constancias remitidas se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial para notificar al tercero interesado Juan Manuel Rodríguez Mora, el auto de ocho de junio actual, por los motivos que expresa en la razón actuarial de veintisiete de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento a los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de amparo, notifíqueseles por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintidós. Se recibe juicio de amparo por incompetencia. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual comunica el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por razón de territorio -lugar de ejecución del acto-, en los autos del juicio de amparo indirecto 465/2022-V de su índice, respecto de la demanda promovida por Norma Erika Rodríguez Carreño. Se avoca a su conocimiento. En consecuencia, este Juzgado provee respecto a la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en términos del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amaro, y al respecto se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 684/2022-III; acúsese el recibo del juicio de amparo 465/2022-V, del índice del homólogo federal, así como dos tomos de pruebas consistentes en diversas constancias en copia certificada relativas al juicio especial sumario hipotecario radicado bajo el número C153/2019, del índice de la autoridad señalada como responsable, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo que se recibe. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, la promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: La orden que se ha decretado mediante auto de fecha 30 de marzo de 2022 dos mil veintidós que fuera notificado por lista el 31 treinta y uno de marzo del presente año, dictado dentro de los autos del expediente C153/2019 relativo al juicio hipotecario promovido por Juan Manuel Rodríguez Mora en contra de Raúl Torres Arroyo, que se promueve en el Juzgado Cuarto Civil del Partido de Celaya Guanajuato, dado que en este juicio fue embargado el predio rustico, denominado "CAPIXATLA" ubicado en Barrio de San Bartolomé del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; Distrito Judicial de Xicoténcatl, inscrito en la Dirección de Notarías y Registros Públicos en el Estado de Tlaxcala, bajo el folio real número TL42-H9X7-NY3C-4K8W, y conforme consta de las actuaciones de donde emana el acto reclamado y de los certificados de libertad de gravamen acompañados por el C Raúl Torres Arroyo específicamente de fecha 18 dieciocho de noviembre de 2021 visible a fojas 369 del tomo II, del que se obtiene existen diversos embargos como se precisa en el apartado de hechos y posteriormente en el de conceptos de violación" Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales consistentes en copias certificadas del juicio especial sumario hipotecario, número C153/2019, que la autoridad responsable Jueza Cuarto Civil de Partido de la ciudad de Celaya adjuntó a su informe justificado rendido en el juicio de amparo 465/2022, del índice del Juzgado de Distrito oficiante, el diecinueve de mayo del año actual, (fojas 162); se advierte que el acto reclamado -auto de treinta de marzo de dos mil veintidós- es el que autoriza el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de chapas y cerraduras, en caso estrictamente necesario a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de julio de dos mil veinte [ordena poner en posesión de Juan Manuel Rodríguez Mora del bien inmueble predio urbano denominado CAPIXTLAM ubicado en la segunda privada San José el Conde sin número, Barrio San Bartolomé, para tal efecto ordenó girara exhorto]. De igual forma, conforme a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y tomando en consideración como hecho notorio el juicio de amparo 348/2020-3, del índice de este Juzgado de Distrito, por ser información obtenida de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y con apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), presentado por Norma Erika Rodríguez Carreño, en contra de actos atribuidos al Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Celaya, derivados del juicio especial sumario hipotecario número C153/2019, consistentes en el auto de ocho de julio de dos mil veinte, a través del cual, se ordena poner en posesión física y material a Juan Manuel Rodríguez Mora del bien inmueble predio urbano denominado CAPIXATLA ubicado en la segunda privada San José el Conde sin número, Barrio San Bartolomé, para tal efecto ordenó girara exhorto. De lo anterior, se puede apreciar que, los actos y autoridades responsables señaladas en el juicio en que se actúa como en el 348/2020-3, descritos en los párrafos que anteceden, tienen la finalidad de evitar la ejecución del auto de ocho de julio de dos mil veinte, mediante el cual, a petición de la parte actora la Juez del conocimiento ordenó posesión física y material a Juan Manuel Rodríguez Mora del bien inmueble predio urbano denominado CAPIXATLA ubicado en la segunda privada San José el Conde sin número, Barrio San Bartolomé. Lo anterior, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente con motivo del consentimiento de la parte quejosa respecto de los actos reclamados, el cual puede ser expreso, que es aquel cuando el quejoso manifiesta su conformidad con el acto reclamado. O bien, el consentimiento puede ser tácito, entendiéndose por actos consentidos tácitamente aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por tanto, cuando la parte quejosa reclama un acto que es una consecuencia legal y necesaria de otros que se reputan consentidos, o bien constituye una reiteración o remisión de aquél reputado como consentido, ya sea de manera expresa o tácita y su inconstitucionalidad se hace depender del acto del cual derivan, el juicio de amparo es improcedente. Al respecto es oportuno citar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, tesis 17, página 12, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, se cita la tesis aislada de la Tercera Sala del citado alto tribunal de la Nación, en su anterior integración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVII, página 2239, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia que sustentó la tesis general de que es improcedente todo amparo interpuesto contra actos derivados de otros que deben reputarse consentidos, ha sido modificada en el sentido de que la improcedencia sólo existe cuando se trata de la repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse consentido." En la especie, debe partirse de la base de que la quejosa, con el carácter de actora en el juicio ejecutivo mercantil 418/2018, del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, promovido en contra de Raúl Torres Arroyo; a través del cual, conforme a lo narrado bajo protesta de decir verdad en el juicio de amparo 348/2022, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el embargo sobre los derechos de propiedad que le corresponden al citado demandado sobre un diverso bien inmueble, así como respecto del predio urbano denominado "Capixatla", ubicado en la segunda privada San José el Conde, sin número, barrio San Bartolomé Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala -bien inmueble materia del juicio de amparo-. Motivo por el cual, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, quedó registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlaxcala, el embargo trabado sobre el predio urbano antes mencionado, mismo que cuenta con el folio real electrónico TL42-H9X7-NY3C-4K8W. Por otro lado, en el juicio especial sumario hipotecario número C153/2019, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, es decir, antes de que se emitiera el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós -acto reclamado en el juicio en que se actúa-, el juez natural ordenó girar oficio por exhorto al Encargado del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Tlaxcala, a fin de que inscribiera la demanda respecto del predio urbano denominado "Capixatla", ubicado en la segunda privada San José el Conde, sin número, barrio San Bartolomé Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. De tal forma, es dicha determinación la cual genera perjuicio a la parte quejosa, pues como lo refiere dicho predio contaba con un registro de embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil 418/2018, anterior al registro descrito en el párrafo que antecede; ahora bien, es importante señalar que, en el juicio de amparo 348/2020, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en Celaya Guanajuato, al cual se anexó copias certificadas del juicio especial sumario hipotecario número C153/2019; por tanto, en dicho proveído se otorgó a la quejosa vista con las constancias de referencia, a efecto de que, si a su interés convenía pudiera ampliar su demanda inicialmente presentada; no obstante ello, por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se tomó en consideración que la quejosa no desahogó la vista concedida y se hizo efectivo el apercibimiento decretado por lo que se tuvo por perdido el derecho y se continuó el procedimiento con el acto inicialmente reclamado -auto de ocho de julio de dos mil veinte-. Entonces, aunque en el juicio de amparo en que se actúa la quejosa sostiene que, reclama el auto de treinta de marzo del año actual, pronunciado en el juicio especial sumario hipotecario número C153/2019, donde se autoriza el uso de la fuerza pública así como el rompimiento de chapas y cerraduras, en caso estrictamente necesario a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de julio de dos mil veinte [ordena poner en posesión de Juan Manuel Rodríguez Mora del bien inmueble predio urbano denominado CAPIXATLA ubicado en la segunda privada San José el Conde sin número, Barrio San Bartolomé, para tal efecto ordenó girara exhorto]; lo cierto es que dicho acuerdo recamado resulta ser una acto derivado de otros consentidos, que la quejosa no señaló como actos reclamados dentro del término otorgado para ampliar su demanda en el juicio de amparo 348/2020-3, del índice de este Juzgado de Distrito. En tañes circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, tomando en consideración que en el juicio en que se actúa ya se cuenta con todas las constancias de las cueles deriva el acto reclamado, es decir, la causal invocada es manifiesta e indudable; de tal manera, se determina procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dentro del recurso de revisión 44/2021, derivado del juicio de amparo 104/2020, del índice de este Juzgado de Distrito. Se ordena formar dos tomos de pruebas. Ahora, dada la naturaleza de las constancias remitidas por el Jueza Cuarto Civil de Partido de la Ciudad de Guanajuato, fórmese dos tomos de pruebas por separado, en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Incidente de suspensión Toda vez que la autoridad oficiante ya proveyó respecto a dicha medida cautelar, por tanto procédase a crear las caratulas respectivas. Se ordena notificar a tercero interesados y quejosa. Asimismo, se advierte que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se emplazó con el carácter de terceros interesados a: Juan Manuel Rodríguez Mora, con domicilio en calle Claveles número 129, colonia Rosalinda 1, en Celaya, Guanajuato. Raul Torres Arroyo, con domicilio en el local conocido como "Carnicería la Lonja", interior 96 del Mercado Municipal Morelos en Celaya Guanajuato. Por otro lado, de autos se advierte que la quejosa Norma Erika Rodríguez Carreño, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en el juicio de amparo 465/2022, el ubicado en la calle Manuel Doblado número 444, colonia Centro en la Ciudad de Celaya, Guanajuato. En esa guisa, como se advierte del párrafo anterior los domicilios de los terceros interesados y de la parte quejosa se encuentran ubicados fuera de la residencia de este juzgado, por tanto, a fin de notificar la presente de terminación con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en turno, para que en auxilio de las labores propias de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en los domicilios antes citados, a efecto de dar cumplimiento a lo siguiente: Notificar a la quejosa y terceros interesados en los domicilios antes señalados y los requiera para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Autorizada. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marisol Apango Guzmán, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. Pruebas. Asimismo, por parte de la quejosa, se tiene como pruebas las documentales que anexo a la demandad de amparo que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Por parte de la autoridad responsable, Jueza Cuarto Civil de Partido de la Ciudad de Guanajuato, la copia certificada en dos tomos del juicio especial sumario hipotecario radicado bajo el número C153/2019. En consecuencia, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas descritas en párrafos precedentes, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia del juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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