Norma Jaqueline López Ayala testigo y Otros.

Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
843/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Norma Jaqueline López Ayala testigo
  • Norma Jaqueline López Ayala testigo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    XII... C. A... Téngase por recibido el oficio mediante el cual el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución de quince de noviembre del presente año, dictada en el conflicto competencial 5/2022, donde se declaró que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio del que deriva este cuaderno. Acúsese recibo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, toda vez que en este cuaderno de antecedentes no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por tanto se ordena su archivo definitivo; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno. ..., el presente expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del presente cuaderno, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    XII... C. A.... Agréguese a los autos el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que el conflicto competencial 5/2022 fue turnado nuevamente a la magistrada Luz Delfina Abitia Gutiérrez a fin de que formule el proyecto correspondiente, toda vez que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de ocho de septiembre del año en curso, determinó no avocarse al conocimiento de la citada controversia competencial

  3. Principal

    XII... Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado, el cual fue radicado bajo el número 5/2022. Ahora bien, de conformidad con lo ordenado por el tribunal de mérito, el suscrito juzgador reitera las consideraciones que fueron vertidas en el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, mismas que se expresan en los términos siguientes: Cabe señalar que la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. En congruencia con ese numeral, el legislador ordinario al crear el numeral 37 de la Ley de Amparo trazó tres reglas diferentes para establecer la competencia, las cuales son: - La primera determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; - La segunda indica que cuando el acto tiene ejecución en más de un Distrito, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, - La tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, del juicio de amparo que envió el homólogo del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que al promover el juicio de amparo 76/2021-I, de dicho índice, la parte quejosa reclamó los siguientes actos: 1. Al Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le atribuyó: a) La omisión de practicar u ordenar se lleve a cabo la notificación dirigida a la parte quejosa en observancia al artículo 1179 del Código de Comercio. b) La omisión de requerir a la tercera interesada para que acreditara haber cumplido lo previsto en el artículo 1181 del Código de Comercio. c) La omisión de levantar y/o revocar de oficio la providencia precautoria en contra de la parte quejosa en cumplimiento a lo previsto por el numeral 1182 del Código de Comercio. d) La orden de embargo de bienes muebles y/o inmuebles derivada de cualquier acto prejudicial y/o judicial, decretado en el expediente 571/2020, identificado como providencias precautorias, de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado. 2. De las autoridades ejecutoras: a) La ejecución de la orden prejudicial y/o judicial derivada del expediente 571/2020. b) La omisión de practicar la notificación dirigida a la parte quejosa en términos del artículo 1179 del Código de Comercio. 3. La inconstitucionalidad del artículo 1175 fracción IV, del Código de Comercio, que establece cuando se debe decretar la retención de bienes tratándose de acciones personales, sin que se expresen las razones por las que exista temor fundado de que se oculte y/o dilapide el dinero en efectivo o en depósito en las instituciones de crédito. En ese sentido, se tiene que existen una pluralidad de actos reclamados, a saber, diversas omisiones y actos que tienen ejecución. En ese sentido, debe destacarse el contenido de la Jurisprudencia 1a./J.22/2013 (10a), emitida de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO", la cual resulta aplicable por analogía. Se sustenta lo anterior porque de la ejecutoria que le dio origen al citado criterio se desprende lo siguiente: [.] En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez que habrá de conocer de la demanda de garantías, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en contra de "todo lo actuado en el juicio." Así las cosas, acorde con el contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 36 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que se ejecutó mediante exhorto en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material y se dictaron por una autoridad que reside en la jurisdicción de otro juzgador federal. Serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. Sentado lo anterior, resta ahora definir cuál de esos juzgadores, considerados legalmente competentes por razón de territorio, debe conocer del juicio de garantías en los casos como los que dieron origen a la presente contradicción de tesis, pues la sola aceptación de que ambos son competentes podría conducir al sin sentido de que los dos juzgadores de amparo estimaran que corresponde a su respectivo homólogo el deber de conocer el juicio constitucional, negándose ambos al avocamiento del asunto bajo la premisa de que el otro juzgador es el competente. Ante la falta de regulación expresa para el caso, esta Sala estima que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, de entre ellos, que haya previsto la demanda de garantías [.] De los argumentos citados, se desprende que si bien en los criterios contendientes se resolvió al tema de competencia cuando el acto reclamado derive de un juicio ejecutivo mercantil, lo cierto y jurídicamente relevante es que se habla de una pluralidad de actos, en los que uno tiene ejecución en un estado y los otros no. De tal manera que, si lo que se reclama en el presente asunto es la ejecución de un mandato relacionado a la inmovilización de cuentas bancarias y otros relacionados a la omisión de efectuar lo ordenado en los artículos 1179, 1181 y 1182 del Código de Comercio, debe conocer el órgano jurisdiccional al que se turnó inicialmente la demanda. Ciertamente, se estima que se suscita el supuesto mencionado en último término cuando se reclaman actos omisivos o negativos, así como actos que tienen ejecución, pues se considera que no se puede dividir la contienda que deriva de un mismo expediente judicial. Razones por las que resulta inconcuso que quien debe resolver el presente juicio es el Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pues fue quien conoció del escrito inicial. A mayor abundamiento, acorde con el contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, puede afirmarse que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material; será competente para conocer del asunto en su integridad tanto el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde uno de los actos reclamado deba tener ejecución, como el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda atendiendo a los actos reclamados que no requieren ejecución material. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, página. 1223, registro digital: 2010698, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." De lo anterior, el suscrito estima que para determinar a qué órgano jurisdiccional le corresponde conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, no debe optarse sin mayor análisis por la regla de competencia establecida para los actos que requieren ejecución material, sino considerar las dos reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir que pueden coexistir tanto la fijada para los que no requieren tal ejecución, como la diversa establecida para los que sí requieren esa ejecución. Máxime, que el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema relativo a qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, es el relativo a que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir la de los actos que sí requieren ejecución material y la diversa de los actos que no requieren ejecución material; pero que ante la falta de regulación expresa para definir a cuál de los dos jueces que resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse entre otras cosas a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso y por ello debe atenderse al lugar de la presentación de la demanda, en el caso concreto en el Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. El criterio en comento se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue invocado en la determinación judicial de dieciocho de julio del presente año, en el presente asunto. Criterio que se considera aplicable y obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para dilucidar el tema relativo a si es posible que dos jueces de Distrito puedan resultar legalmente competentes por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor del otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material. También es cierto que no es acorde al principio de interpretación pro persona elegir la regla de competencia aplicable para los actos que requieran ejecución o que se hayan ejecutado, esencialmente porque atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y turnada posteriormente al Juzgado declinante, permite presumir que éste resulta ser el de más fácil acceso material para la parte agraviada, dado que optó por acudir ante aquel, por ende, el suscrito estima que en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. No pasa inadvertido que el Juzgado declinante invoque el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, Pagina. 107, con número de registro 200781; de rubro siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." No obstante, no resulta aplicable para fijar la competencia a favor de este juzgado, toda vez que en ese criterio la cuestión que se dilucidó consistió en determinar la competencia de un juzgado de distrito, atendiendo a la ejecución del acto reclamado, que en el caso en concreto se le atribuía a la parte tercera interesada en determinado juicio de amparo, por lo que se determinó que la competencia de los jueces de distrito se fijaría atendiendo a la ejecución por parte de autoridades responsables ejecutoras, y no a actos que puedan realizar particulares gracias a los actos reclamados de una autoridad ordenadora. Por ello, es evidente que el criterio invocado, de manera alguna es aplicable al presente asunto. Por las consideraciones apuntadas, se estima que la competencia se surte a favor del Juzgado declinante, por ser ante quien se presentó la demanda, con base en la aplicación del tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su escrito de demanda en esa localidad ...

  4. Principal

    XII...C.A. Visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual informa que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 76/2021-I, de su índice, insistió en declinar competencia a favor de este juzgado, de ahí que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial planteado ...

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