Norma Guillermina Molina Padilla
Expediente 1067/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Norma Guillermina Molina Padilla
Actuaciones
- Principal
VIII.... Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión. Finalmente, toda vez que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, para que agende la pertinente a efecto de que pueda acudir a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición en el párrafo que antecede.
- Principal
VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Norma Guillermina ..., por propio derecho, contra actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1067/2022-VIII. Ahora bien, previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ahora, la parte quejosa reclama el dictamen de pensión por jubilación de veintinueve de julio de dos mil veintidós, efectuado por el Comité del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo, como lo establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe traer a cuenta el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que determinó que las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por sus órganos dependientes, que concedan, nieguen, revoquen, suspendan, modifiquen o reduzcan las pensiones, son actos de autoridad impugnables a través del juicio contencioso administrativo... De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Ahora, en el caso particular, a través del procedimiento contencioso administrativo es factible suspender la ejecución del acto reclamado en los mismos términos previstos por la ley de la materia, pues el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, ya que en el juicio contencioso administrativo (como en el de amparo) la solicitud debe presentarse por la parte promovente en cualquier etapa del juicio y podrá concederse si no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que lo daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución sean de difícil reparación. Incluso, el plazo para resolver sobre la medida cautelar es de un día hábil (veinticuatro horas). En la mencionada legislación, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, en términos del artículo 259, el acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego. En mérito de lo expuesto, se evidencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y, por ende, previo al ejercicio de la acción de amparo, la moral quejosa debió impugnar los actos reclamados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Aun si el acto reclamado fuera de imposible reparación, esto no implica que deba dejar de cumplir con el mencionado principio de definitividad, pues el Alto Tribunal ya señaló que la imposibilidad en la reparación no es una excepción a dicho principio. Ello, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad que se analiza, que tiene que ver con la inexistencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en su contra en la ley aplicable.... Por otra parte, en el presente caso no se surte ninguno de los supuestos de excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se alegan violaciones directas a la constitución, pues únicamente se combaten cuestiones de legalidad de dicho acto administrativo (violaciones indirectas); y si bien, manifiesta que se violentan los preceptos 14 y 123, apartado b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no implica que la sola cita actualice la excepción al principio de definitividad, considerar lo contrario sería relevar a la parte quejosa de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la i8mpetrante de garantías, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.... De ello, es inconcuso que la parte quejosa planteó violaciones indirectas a la Constitución, contra las cuales no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatorio de derechos fundamentales, a través del juicio de nulidad, dado que al interponerlo, la agraviada puede alegar los vicios de legalidad, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso o juicio.... Tampoco se actualiza la excepción contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa correspondientes, si el acto reclamado carece de fundamentación; en virtud que en el dictamen de jubilación que reclama (el cual se exhibe con la demanda), se aprecia claramente que aquel no carece de fundamentación ni motivación. Asimismo, como se expuso en párrafos precedentes el juicio contencioso administrativo, se encuentra previsto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por tanto, se encuentran satisfechos los supuestos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Por otra parte, no es dable estimar que porque el acto reclamado tiene carácter de ejecución irreparable, es procedente el juicio de amparo indirecto, pues ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto y, que, por regla general, el hecho de que el acto reclamado sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, derivado de que el principio de definitividad obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales a través de los cuales el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, puesto que el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos actos que no son susceptibles de ser revisados a través de los recursoso medios de defensa ordinarios.... Con el objeto de corroborar la postura a que se hizo alusión, es pertinente mencionar que en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 361/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias, porque debe ser impugnado, ya sea a través del recurso de revocación previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, o bien, a través del juicio contencioso administrativo regulado un la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; dado que en ambos medios ordinarios de defensa, se prevé la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo. De manera analógica opera con el acto reclamado en esta instancia constitucional, porque éste debe ser impugnado, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, dado que en dicho medio ordinario de defensa, se prevé la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo. Dicha Sala también puntualizó que, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no implica por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, motivo por el cual, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya observado el principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. AUTORIZADOS. Se autoriza a las personas que señala, en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica únicamente en el correo con usuario "AngSal", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en razón que el sistema solo permite la notificación en uno, dado la incertidumbre jurídica que se crearía al hacerlo en varios; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario y el diverso "PacoChavez". Por otra parte, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les tiene señalando los correos electrónicos y números telefónicos para entablar comunicaciones no procesales. Sin que pase inadvertido que también señale las listas para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se preferirá el uso de medios electrónicos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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