Norma Isabel Soto Canales y Otros.

Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 35 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Norma Isabel Soto Canales y Otros.
  • Norma Isabel Soto Canales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".Conforme a lo precisado en el considerando anterior, el adolescente quejoso presenta padecimientos de salud mental que requieren atención y seguimiento adecuados; de igual manera, existen indicios de falta de seguimiento a su educación básica. Los hechos relacionados con las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, están vinculados a su vez a la investigación realizada por la persona Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal en la carpeta CDI/FGE/R1/DGO/06428/22. Por ello, aun cuando a la aludida agente no le hayan sido atribuidas las omisiones en materia de salud mental y educación, lo cierto es que es factible vincularla a los efectos de la sentencia conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo, pues se estima que es una medida adecuada para que exista el debido seguimiento en esos rubros, sobre todo durante el curso de la investigación que precisamente se sigue por las omisiones de cuidado respecto al adolescente quejoso. Inclusive, la representación social solicitó en la carpeta de investigación que se realizara valoración psicológica al adolescente y, en el resultado del dictamen correspondiente, se sugirió que fuera canalizado con profesionales en paidopsiquiatría y neurología (folios 67 y 69 a 73); aunado a ello, la propia Fiscalía ha solicitado la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para velar por la restitución de derechos del adolescentes (folio 110); por lo que es viable que los efectos del amparo se vinculen a esas actuaciones. Por tanto, es factible la vinculación al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación CDI/FGE/R1/DGO/06428/22, para que como representante de la sociedad vele por los derechos del adolescente quejoso en tanto las circunstancias que motivaron la concesión de amparo están asociadas a los hechos materia de esa indagatoria y a las propias medidas tomadas en la investigación para salvaguardar los derechos del adolescente quejoso. Por tanto, la persona Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal que esté encargada de la aludida carpeta de investigación, deberá velar en el ámbito de su competencia, por los derechos del adolescente (víctima), para lo cual solicitará a las diversas autoridades responsables Secretaría de Salud; Director de los Servicios de Salud del Estado de Durango; Dirección del Hospital de Salud Mental "DR. Miguel Vallebueno"; y, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Durango; que también en el ámbito de sus respectivas competencias, proporcionen atención médica especializada en salud mental al adolescente de iniciales J.S.S.C. y procuren que éste reciba educación básica obligatoria, para lo cual la representación social deberá precisar a aquellas autoridades lo siguiente: 1. En materia de salud mental: a) Debe proporcionarse atención médica integral al adolescente quejoso, lo cual no sólo comprende el diagnóstico y receta de tratamiento, sino también el suministro de medicamentos de forma gratuita, oportuna e ininterrumpida, durante el tiempo que los médicos tratantes determinen conveniente; máxime si los medicamentos son de aquellos incluidos en el cuadro básico de medicamentos. En caso de carecer de los recursos necesarios para su entrega, deberán demostrar que han utilizado el máximo de los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. b) Los médicos tratantes deberán tomar en cuenta los diagnósticos existentes respecto al adolescente y en su caso ordenar nuevas evaluaciones a fin de determinar el tratamiento adecuado. 2. En materia de educación: a) Pueden adoptar las medidas que estimen conducentes, y que estén dentro de su competencia, para verificar si el adolescente quejoso se encuentra inscrito en algún centro educativo y, de ser el caso, indagar si está acudiendo regularmente. b) En caso de advertir que el adolescente no se encuentra recibiendo educación básica, o bien, no asiste regularmente, deberán tomar las medidas que estimen conducentes para eliminar los obstáculos en el acceso a la educación para el menor. Sin perjuicio de que el Agente del Ministerio Público ordene todas aquellas diligencias que estime necesarias para la debida protección de los derechos del adolescentes. En el entendido de que lo solicitado por el Ministerio Público en acatamiento a esta sentencia deberá ser cumplido por las autoridades responsables Secretaría de Salud; Director de los Servicios de Salud del Estado de Durango; Dirección del Hospital de Salud Mental "DR. Miguel Vallebueno"; y, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Durango, al estar vinculado con la restitución de los derechos vulnerados con las omisiones que les son reprochables. Para efecto de cumplir cabalmente con los efectos precisados, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, las demás autoridades que deban tener intervención en el acatamiento de esta sentencia están obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, los actos necesarios para su cumplimiento, de modo que quedarán sujetas a las responsabilidades que indica la ley de la materia; sin que obste el hecho de no haber tenido el carácter de autoridades responsables en este juicio de amparo, ello, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Finalmente, es oportuno precisar que para tener por cumplida la sentencia de amparo, bastará que la representación social acredite haber solicitado lo anterior en sus términos y ordenado su seguimiento.". La sentencia causó ejecutoria el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento a la sentencia. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, fueron remitidos los oficios 330/2023 y 17079/2023 (folios 374, 375 y 401). Con lo anterior se dio vista a las partes en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés se tuvo por no cumplida la sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia conforme a sus lineamientos, particularmente que adoptara las medidas necesarias para dar seguimiento al estado de salud del quejoso. Ahora, conforme a los lineamientos de la sentencia de amparo, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Lega quedó constreñido a solicitar a la Secretaría de Salud, Director de los Servicios de Salud, Dirección del Hospital de Salud Mental "Dr. Miguel Vallebueno, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de para el Desarrollo Integral de la Familia, que en lo que les corresponda proporcionaran atención médica especializada en salud mental al adolescente quejoso y procuraran que reciba educación básica. En el entendido de que la atención médica comprendía el diagnóstico, receta de tratamientos y suministro de medicamentos de forma gratuita, oportuna e ininterrumpida. Por cuanto a procurar que el menor recibiera educación, debía solicitar a las autoridades conducentes para que dentro del ámbito de sus competencias verificaran que el adolescente quejoso se encuentra inscrito en un plantel educativo y en caso de que no estuviere inscrito, tomar las medidas necesarias para evitar el obstáculo de acceso a la educación. Asimismo, se puntualizó que para tener por cumplido el fallo protector, bastaría con que el agente del Ministerio Público indicado acreditara haber solicitado lo anterior en sus términos y tomar las medidas necesarias para dar el seguimiento correspondiente. Para cumplir con esos lineamientos, el Agente del Ministerio público de mérito emitió el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (folios 374 a 375), en el cual solicitó a la Secretaría de Educación Pública de Estado de Durango que verificara si el adolescente quejoso se encuentra inscrito en algún plantel educativo; asimismo, solicitó a la Secretaría de Salud, Director de Servicios de Salud y Dirección del Hospital de Salud Mental "Dr. Miguel Vallebueno", que informaran si el adolescente quejoso recibe atención paidopsiquiatra, que mencionara el diagnóstico, seguimiento clínico y que facilitaran los medicamentos de manera gratuita para tratar los padecimientos; de igual manera, solicitó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que comisionara a su personal para que se constituyera en el domicilio del quejoso para verificar que no se estuvieran violentando sus derechos a la educación y a la salud, y en su caso realizara los planes de restitución de derechos. Ahora, la autoridad responsable cumplió con solicitar la atención médica especializada al adolescente quejoso, lo cual incluía el suministro de medicamentos; inclusive las autoridades en materia de salud y de protección de menores remitieron constancias relativas a las citas médicas que se llevan a cabo regularmente (folios 387 a 390 y 441 a 443). Además, la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescente informó que en atención a lo solicitado por el Ministerio Público (folio 384), se verificó que el adolescente quejoso no estuviere siendo violentado en sus derechos, y en lo concerniente a la materia educativa, anexó la boleta de evaluación del quejoso de la que se advierte que se encuentra inscrito en un plantel educativo denominado "Pensamiento Liberal" para el ciclo escolar dos mil veintidós - dos mil veintitrés (folio 391); lo que se corrobora con el diverso oficio remitido por la representación social (folio 439). Posteriormente, el Agente del Ministerio Público responsable remitió el oficio 590/2023 (folio 433), donde transcribió el acuerdo donde solicita a la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud, que informara de manera bimestral las consultas médicas otorgadas al adolescente quejoso, así como la evolución de sus padecimientos. Asimismo, remitió las consultas médicas al adolescente quejoso que tuvieron lugar en el mes de mayo de dos mil veintitrés. La comparativa de los efectos de la sentencia de amparo y los actos emitidos en cumplimiento revelan que aquélla fue cumplida en sus términos, ya que el Agente del Ministerio Público responsable solicitó la colaboración de las diversas autoridades en materia de salud y educación, para que el adolescente quejoso recibiera atención médica especializada, lo que incluye suministro de medicamentos, así como que se verificara si el adolescente se encuentra inscrito en algún plantel educativo, lo cual arrojó resultados positivos; asimismo, proveyó lo conducente a fin de dar seguimiento al estado de salud del adolescente quejoso. Así, los actos realizados por el Ministerio Público permiten alcanzar el objetivo de los efectos de la sentencia de amparo, que consistieron medularmente en que las autoridades den seguimiento a los padecimientos del adolescente y se procure que tenga acceso a la educación, lo que fue encomendado a dicho Agente del Ministerio Público como representante de la sociedad. De modo que lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. V. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN CONCEDIDA. Con base en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. VI. Destrucción de duplicado de incidente de suspensión. Con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión en un plazo de seis meses siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en términos del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés; y, electrónicamente al Agente del Ministerio Público adscrito .

  2. Principal

    Se agrega razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de quince de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional informa la imposibilidad de notificación personal a la parte quejosa, del auto de trece de junio del presente año, debido a que fue atendido por una persona que le manifestó que aquélla no habitaba el domicilio. Se ordena notificar por lista. En tal virtud, toda vez que el actuario judicial se constituyó en el domicilio señalado por la quejosa para oír y recibir notificaciones, lo conducente es ordenar la notificación del auto de trece del mes y año en curso, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa el presente acuerdo así como el diverso de trece de junio de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio ********************, y anexo que remite el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Especializados de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en autos. II. Se ordena dar vista. En tal virtud, previo a calificar el cumplimiento al fallo constitucional, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dese vista de manera personal a las partes, para que dentro del término de tres días computado legalmente, expresen lo que a sus derechos convenga. Hecho lo anterior, con desahogo de la vista o sin ella, acuérdese lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    I. Se recibe oficio. Agréguese el oficio **** que remite el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal, por medio del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. II. Requerimiento de constancias. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal, para que dentro del término de tres días allegue lo siguiente: - El resultado de las solicitudes hechas a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango. - Los resultados de las valoraciones médicas efectuadas al adolescente quejoso en las citas que tuvieron lugar en el mes de mayo de dos mil veintitrés. No se desatiende que la autoridad responsable, en el oficio de cuenta, comunicó las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia, de modo que es factible que esté en vías de recabar más información en términos de lo requerido. Por ende, en caso de que continúe realizando las gestiones pertinentes, deberá informarlo a este Juzgado de Distrito a fin de tomar en consideración las gestiones realizadas. III. Apercibimientos en caso de incumplimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir con el requerimiento, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se le apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Además, conforme a los artículo 195 y 197 de la ley de la materia, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Notifíquese.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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