Norma Isaac Chávez Martínez
Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Norma Isaac Chávez Martínez
- Congreso del Estado de Durango
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guardan los presentes autos y apreciando que no se recurrió la determinación de catorce de agosto del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, ya que manifiesta que, al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, no le fue posible localizar la nomenclatura vial número ***, toda vez que no se encuentra ningún inmueble identificado con dicho número. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, efectúese la notificación de dicho acuerdo por medio de lista. Notifíquese. AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1081/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el particular, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El artículo 52, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establece los derechos de inscripción por embargos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2. Los artículos 13 al 18 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establecen el impuesto para el fomento a la educación pública del Estado. 3. El artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el Ejercicio Fiscal 2023, en los rubros que contiene las contribuciones precisadas en los incisos que anteceden. 4. La aplicación de las citadas porciones jurídicas a decir de la parte quejosa materializadas en el comprobante de pago con número de transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés. Respecto a las normas generales combatidas y los considerados primeros actos de aplicación consistente en el citado comprobante de pago, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que la persona legisladora estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte quejosa tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado, inclusive con anterioridad a la fecha en que la autoridad se lo notificó. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Registro digital: 163172 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ" Así, no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. En ese entendido, a la fecha de la presentación de la demanda, diez de agosto de dos mil veintitrés, ya había transcurrido el término para la interposición del juicio de amparo, que en el caso a estudio es el de quince días, contado a partir del siguiente del primer acto de aplicación de la ley, en el entendido de que debe observarse ese lapso genérico, por no estarse en algún supuesto de excepción de los contemplados en el arábigo 17 de Ley de Amparo. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; En el caso, las normas combatidas incidieron en la esfera jurídica de la parte quejosa desde que realizó el pago reflejado en el recibo de la transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés, cuyo contenido es corroborado con su original acompañada a la demanda de amparo. En ese entendido, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el cinco de julio del año en cita en que realizó el pago referido, de ahí que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del seis al veintiséis de julio de dos mil veintitrés, tal como evidencia el cuadro calendario siguiente: *** En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se excluyen del cómputo los días uno, dos, ocho, nueve, quince, III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" Entonces, si la demanda de amparo se presentó el diez de agosto de dos mil veintitrés, resulta que dicha presentación se realizó cuando ya había transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que el mismo concluyó el veintiséis de julio del año en cita. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171860 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 367 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". Por tanto, como se anticipó, se concreta la hipótesis de improcedencia prevista en el aludido arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto a los artículos 13 al 18 bis y 52, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, así como artículo 1 de la Ley de Ingresos respectiva y el considerado primer acto de aplicación de la transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, número ***, Zona centro de esta ciudad. b. Autorizados. Téngase como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, *** y ***; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1081/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el particular, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El artículo 52, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establece los derechos de inscripción por embargos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2. Los artículos 13 al 18 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establecen el impuesto para el fomento a la educación pública del Estado. 3. El artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el Ejercicio Fiscal 2023, en los rubros que contiene las contribuciones precisadas en los incisos que anteceden. 4. La aplicación de las citadas porciones jurídicas a decir de la parte quejosa materializadas en el comprobante de pago con número de transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés. Respecto a las normas generales combatidas y los considerados primeros actos de aplicación consistente en el citado comprobante de pago, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que la persona legisladora estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte quejosa tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado, inclusive con anterioridad a la fecha en que la autoridad se lo notificó. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "Registro digital: 163172 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ" Así, no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. En ese entendido, a la fecha de la presentación de la demanda, diez de agosto de dos mil veintitrés, ya había transcurrido el término para la interposición del juicio de amparo, que en el caso a estudio es el de quince días, contado a partir del siguiente del primer acto de aplicación de la ley, en el entendido de que debe observarse ese lapso genérico, por no estarse en algún supuesto de excepción de los contemplados en el arábigo 17 de Ley de Amparo. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; En el caso, las normas combatidas incidieron en la esfera jurídica de la parte quejosa desde que realizó el pago reflejado en el recibo de la transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés, cuyo contenido es corroborado con su original acompañada a la demanda de amparo. En ese entendido, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el cinco de julio del año en cita en que realizó el pago referido, de ahí que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del seis al veintiséis de julio de dos mil veintitrés, tal como evidencia el cuadro calendario siguiente: *** En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se excluyen del cómputo los días uno, dos, ocho, nueve, quince, III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" Entonces, si la demanda de amparo se presentó el diez de agosto de dos mil veintitrés, resulta que dicha presentación se realizó cuando ya había transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que el mismo concluyó el veintiséis de julio del año en cita. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171860 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 367 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". Por tanto, como se anticipó, se concreta la hipótesis de improcedencia prevista en el aludido arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto a los artículos 13 al 18 bis y 52, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, así como artículo 1 de la Ley de Ingresos respectiva y el considerado primer acto de aplicación de la transacción ***, del cinco de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, número ***, Zona centro de esta ciudad. b. Autorizados. Téngase como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, *** y ***; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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