Norma Elvira Torres Durán

Expediente 1030/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Elvira Torres Durán

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede, realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Promoción. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la aclaración de la demanda. 2. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Acto reclamado. El emplazamiento practicado dentro del juicio laboral ********************, índice del Juzgado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. En este aspecto, cabe destacar que la parte quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio de origen, el cual se encuentra en la etapa de emplazamiento. 2.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es emitido dentro de juicio y no es considerado de imposible reparación. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es el emplazamiento que aquí se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento, por referirse a un presupuesto procesal o porque conlleve la posibilidad de evitar de manera innecesaria el desarrollo del proceso, como las resoluciones que resuelven una cuestión de competencia o a llamar a un tercero a juicio, entre otros, jurisprudencialmente determinados como susceptibles de impugnarse en amparo indirecto. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, pues en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. De considerar la parte quejosa que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo de la sentencia respectiva, podrá impugnarlo en amparo directo. 2.3 Estudio de la causal de improcedencia. Ahora bien, del análisis de los escritos de demanda y aclaratorio, se desprende que la diligencia actuarial relativa al emplazamiento dentro del juicio laboral ********************, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si ésta resultara contrario a sus intereses, puede reclamarla en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el acto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. 2.4 Criterio legal. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis P. LVIII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos, del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal, no obstante, el aviso dejado en el domicilio señalado para tal efecto.

  4. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve ************, contra actos del Juez del Juzgado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Río Grande y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1030/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la citada legislación, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: Precise el acto u omisión que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Narre de manera clara y cronológica la totalidad de los antecedentes del acto reclamado. Señale el estado procesal actual del juicio laboral de origen 205/2023. Lo anterior, en virtud de que en los conceptos de violación manifiesta haber comparecido ante la autoridad responsable. iv. Precise si promovió algún medio de defensa ordinario ante la autoridad responsable. 3.1 Criterio legal. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C.26K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la diversa XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 4 Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. 5. Domicilio y autorizada para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle********************en esta ciudad. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ********************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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