Norma Aracely Santos Benites

Expediente 328/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
328/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Norma Aracely Santos Benites
  • Norma Aracely Santos Benites y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de diez de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 6204/2023-FA, al cual se anexó un billete de depósito para su efectividad a favor del Erario Federal. 1.1 Acuerdo. Téngase a la citada autoridad acusando recibo del oficio 6204/2023-FA, de ocho de febrero del año en curso, a través del cual se le remitió el billete de depósito con folio ********************, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación, se hizo efectivo el depósito del billete a favor del Erario Federal; de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    1. Demanda. La demanda se presenta vía electrónica por Mauricio Rodríguez Vela, a favor de ... contra actos de la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. El expediente se registra con el número progresivo 328/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. 3. Autoridad responsable. La autoridad responsable es la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Constituye un hecho notorio que es la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en la localidad. 3.1 Autoridad sin calidad de responsable. La autoridad migratoria restante que describe el promovente se considera innecesario incorporarla como responsable, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional. Corresponde únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, el desarrollo del control migratorio. Este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, estima idóneo desvincular a esas otras autoridades migratorias para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa se incorporará alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 126 y 160 de dicha legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN. A fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de los migrantes quejosos, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad migratoria, las siguientes: 4.1 Deportación. La autoridad responsable no podrá deportar a ...a su país de origen, hasta en tanto reciba notificación de la conclusión definitiva de este juicio. La suspensión concedida no constituye un obstáculo para que puedan retornar a su nación de origen, en caso de ser voluntad expresa de la parte quejosa (retorno migratorio voluntario). 4.2 Libertad inmediata. Las personas migrantes deberán quedar en inmediata libertad, puesto que de la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se advierte que el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración ya transcurrió. En consecuencia, no existe fundamento legal para otorgar mayores plazos a la autoridad responsable, ya que de prolongar la detención o alojamiento, se convierte en arbitraria y violatoria del derecho humano a la libertad personal reconocido como de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14, 16 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). 4.3 Eficacia de la medida cautelar. Esta suspensión de plano debe tener el efecto de poner en inmediata libertad a los migrantes quejosos para que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, quede a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a la libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad migratoria podrá imponer las medidas de seguridad previstas legalmente para continuar con el procedimiento migratorio, sin impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como en la normativa convencional, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Migración. 4.4 Asistencia al migrante. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, la autoridad migratoria deberá cumplir, sin excusa, con el otorgamiento de los derechos de asistencia a los migrantes identificados en los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración. 4.5 Apercibimiento de vista a la Fiscalía General de la República. La autoridad responsable que viole este mandato judicial será sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 5. Informe sobre cumplimiento de la suspensión de plano. En el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, la autoridad responsable deberá informar si los migrantes se encuentran alojados en la estación migratoria en esta ciudad, o bien, ante el actuario judicial que notifique este acuerdo, deberá señalar con claridad el lugar preciso en donde se encuentren bajo resguardo o alojamiento de cualquier autoridad mexicana. 5.1 Apercibimiento. De no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5.2 Ingreso del Actuario Judicial a la estación migratoria. Se hace del conocimiento a la autoridad responsable que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o expresar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. 5.3 Uso de la fuerza pública. El incumplimiento a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles o militares de los tres niveles. 6. Localización del migrante. Se comisiona al Actuario Judicial, para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a los quejosos ... Una vez localizados, el fedatario judicial, en términos del Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá llevar a cabo las actuaciones siguientes: 6.1 Migrante vulnerable. Dar cuenta y razonar que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen actos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a los promoventes. 6.2 Estado del migrante. Dar cuenta y razonar el estado físico de los quejosos al momento en que se desahogue la diligencia y preguntar sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psicológico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual deberá realizar la certificación conducente y utilizar algún medio electrónico en donde puedan quedar registradas las presuntas lesiones. 6.3 Ratificación de demanda. Deberá requerir a los migrantes para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. 6.4 Denominación de autoridad. El Actuario Judicial está autorizado en caso de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda en el acto a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 7. Prácticas actuariales. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Autorizado para notificaciones. Son autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Carlos Ángel García Moreno y Homero Refugio Sánchez Morin, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Tania Carine Abrego Rodríguez, Nelson Isai García de la Garza, Juan Fermín Arriaga Saldívar, por no tener registradas su cédulas en dicho sistema. 9. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente y notificaciones vía electrónica, a los solicitantes con nombre de usuarios "carlos_garcia78" y "carinerdz92". El acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentren vigentes los usuarios respectivos, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 9.1 Vinculación de usuario a expediente. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule a los usuarios proporcionados con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa...

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