Norma Edith Arrazola Santos y Otros.
Expediente 164/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Norma Edith Arrazola Santos y Otros.
- Norma Edith Arrazola Santos
- Isabel Araceli Durán Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I A Agréguese a los autos el oficio 5976, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite copia certificada de la queja 77/2015; al respecto, acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Ahora bien, toda vez que los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada el once de agosto de dos mil quince, al resolver la queja 77/2015, interpuesta por NORMA EDITH ARRAZOLA SANTOS, por su propio derecho y como representante común de Duran Méndez Isabel Araceli y Hernández Dulce Yaneht, contra el auto de veintitrés de abril de dos mil quince; declararon infundado el recurso de mérito, comuníquese lo anterior a la parte quejosa. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA I A Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio 2831, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, con el que acusa recibo del diverso 5945 del índice de este Juzgado, por el que se le envió el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como el juicio de amparo 164/2015 para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el auto de veintitrés de abril del año en curso, e informa la admisión del referido recurso, el cual quedó radicado con el número 77/2015.
- Principal
MESA I A Agréguese a los autos copia del escrito signado por NORMA EDITH ARRAZOLA SANTOS, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido contra el auto de veintitrés de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; proveído que fue notificado a la parte quejosa, el veinticuatro siguiente. Por consiguiente, toda vez que el recurso se interpone en contra del auto que desechó la demanda de amparo, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso, toda vez que en el mismo obran las constancias que la quejosa señaló para integrar el testimonio respectivo; asimismo, adjúntese el original del escrito de queja y la copia correspondiente para el fiscal federal adscrito al tribunal de alzada. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
MESA I A Por recibidos los autos que devuelve la Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito; y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de abril del año en curso, por los integrantes de ese cuerpo colegiado, al resolver el recurso de queja número 18/2015, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de nueve de febrero de dos mil quince, dictado en este juicio de amparo. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente. Toda vez que el tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuestos por las quejosas NORMA EDITH ARRAZOLA SANTOS, ISABEL ARACELI DURÁN MÉNDEZ y DULCE YANETH HERNÁNDEZ, contra el auto de nueve de febrero de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovieron, revocando tal acuerdo de desechamiento, ordenando la admisión de la demanda de amparo, sin perjuicio que de advertir diversa causal de improcedencia se acuerde lo procedente, en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Ahora bien, en primer término, es pertinente puntualizar que en el presente caso, las quejosas reclamaron lo siguiente: "Del Congreso del Estado de Oaxaca reclamamos la omisión de consultar previamente a los suscritos y demás habitantes del Municipio de San Antonio de la Cal en el nombramiento del Administrador Municipal de nombre Noé Lagunas Rivera. De la Secretaría de Finanzas reclamamos la ministración periódica de las aportaciones federales del Ramo 28 y 33 al Administrador Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, Noé Lagunas Rivera". Por otra parte, las quejosas en los antecedentes de los actos reclamados, indicaron: 1. Los suscritos (sic) somos indígenas originarios y habitantes del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, Municipio que es una comunidad indígena que se rige por el sistema de "Usos y Costumbres" para elegir a las autoridades que nos gobiernan. 2.- Es el caso que derivado de diversos conflictos políticos y de poder que se ha venido dando en nuestra comunidad originaria no se ha podido tener una estabilidad en el gobierno de las autoridades que a través de nuestras prácticas ancestrales elegimos para que nos gobiernen, pues por una u otra situación la elección de nuestras autoridades ha sido declarada nula. 3. De esta forma se nombró, sin que sepamos en qué fecha ni en qué momento, pues nunca se emitió el decreto correspondiente, por parte del Congreso del Estado un Administrador para que gobernara nuestra comunidad originaria, situación de la que recientemente nos enteramos en una reunión de vecinos que se llevó a cabo el día 17 (diecisiete) de Enero de 2015 (dos mil quince), sin que nuestra comunidad fuera consultada sobre ese acto por parte del Congreso del Estado, situación que consideramos violatoria de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas. Así de los actos reclamados y sus antecedentes, se advierte que sustancialmente las quejosas pretenden impugnar vía amparo, la designación de un Administrador Municipal en el Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, efectuada por el Congreso del Estado, con motivo de la declaratoria de nulidad de la elección popular de las autoridades respectivas efectuada por la autoridad electoral, aduciendo que se les violó sus derechos como comunidad indígena, a la consulta previa libre determinación; y como consecuencia, la entrega al Administrador nombrado, de los recursos públicos asignados al Ayuntamiento. Ahora bien, una nueva reflexión sobre la impugnación de estos actos, ha llevado a este juzgador a modificar el desafortunado criterio plasmado en el auto de nueve de febrero de dos mil quince, que atinadamente fue declarado incorrecto por el Tribunal de Alzada; sin embargo, como se ha expuesto en el diverso juicio 366/2015 del índice de este juzgado, el suscrito estima que actos como los reclamados no pueden ser materia de amparo indirecto por versar sobre derechos políticos electorales. Así, el suscrito juzgador advierte que en contra de los precisados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II de la Constitución Federal, que disponen lo siguiente: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y X. Las demás que señale la ley. Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley." "Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y (sic) e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. (.)" De la interpretación de los preceptos transcritos, se establece la improcedencia del juicio de garantías contra actos de materia o contenido político-electoral. En relación con lo anterior, es importante destacar que los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien también se le atribuyó la facultad de inaplicar leyes político-electorales en casos concretos, cuando estas contraríen la Carta Magna. Expuesto lo anterior y tomando en consideración que el juicio de amparo es una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es válido concluir que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución no son reclamables en amparo indirecto, sino a través del control constitucional abstracto y los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, del análisis integral de la demanda permite conocer que la parte quejosa reclama del Congreso del Estado, la omisión de consultar a los habitantes del Municipio de San Antonio de la Cal, en el en el nombramiento del Administrador Municipal, y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la entrega a tal Administrador de las aportaciones federales de los ramos 28 y 33. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que la citada designación de Administrador Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, fue con motivo de la nulidad de las elecciones de las autoridades del citado municipio, lo cual se llevó a cabo conforme a lo establecido en los artículos 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 59, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que, estatuyen lo siguiente: "ARTÍCULO 40.- Cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubieren declarado nulas las elecciones, el Congreso del Estado determinará lo procedente. No se celebrarán nuevas elecciones en aquellos casos en que se ponga en peligro la paz pública o la estabilidad de las instituciones, a juicio del Congreso del Estado, quien procederá a designar un Concejo Municipal en los términos establecidos por la Constitución del Estado y por esta Ley o en su caso nombrará a un encargado de la administración municipal hasta en tanto sea posible la instalación del Consejo (sic)." ARTICULO 59. Son facultades del Congreso del Estado: (.) (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) XIII. Designar, a propuesta del Gobernador, a los integrantes de los Consejos Municipales; Por (sic) otra parte, el Congreso hará la designación de un encargado de la Administración Municipal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no valida, lo anterior de conformidad en lo establecido en la Ley de la materia." Del análisis conjunto de los numerales antes transcritos se advierte que, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no valida ésta, es facultad del Congreso del Estado de Oaxaca, hacer la designación de un encargado de la Administración Municipal, hasta en tanto sea designado e instalado el Consejo Municipal respectivo. Bajo tales premisas es evidente que los actos aquí reclamados: la omisión de consultar a los habitantes de San Antonio de la Cal, Oaxaca, en el nombramiento del Administrador Municipal, así como las consecuencias derivadas de dicha designación, consistente en las aportaciones federales para el citado municipio que se entregan al Administrador Municipal, son de contenido político-electoral, en virtud de que se refieren a la designación de una persona como encargado de la administración municipal, en tanto se pueda verificar la designación de un Concejo Municipal, que concluirá el periodo respectivo, con motivo de la nulidad de la elección popular de un Ayuntamiento declarado por el Tribunal Electoral del Estado; por lo que incuestionablemente inciden en el proceso electoral correspondiente e impactan en los derechos políticos de los ciudadanos. Cabe resaltar que el sistema de justicia constitucional en materia electoral, contempla una inmunidad parcial respecto a leyes en materia electoral, al excluir la intervención de los tribunales de amparo y establecer la acción de inconstitucionalidad como única vía para impugnarlas. Luego, el presente juicio de amparo es improcedente, ya que el sistema de justicia constitucional en materia electoral previsto por los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Carta Magna, permite controvertir, por un lado, las leyes electorales exclusivamente a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por otro lado, los actos y/o resoluciones en esa materia (o sus consecuencias) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República, excluyendo a los actos como los reclamados, de impugnación vía amparo, conforme a las fracciones XV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a los dispositivos constitucionales citados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor literal siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Así como la tesis P. LX/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.
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