NORELIA RAMÍREZ ESPINOSA y Otros.
Expediente 950/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Norelia Ramírez Espinosa
- NORELIA RAMÍREZ ESPINOSA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII-B. Notificación personal por lista. (Quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ..... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 950/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Presidente y Síndico Municipales de San Agustín Etla, Oaxaca, la parte quejosa reclama los actos de molestia consistentes en los constantes citatorios para que acuda al Ayuntamiento a través del Síndico Procurador para arreglar un supuesto problema con Jorge Bautista Lucas. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado, de manera genérica, el acto de molestia que le ha sido generado por el Presidente y Síndico Municipales de San Agustín Etla, Oaxaca, con motivo de que le han citado en varias ocasiones para que acuda a sus oficinas a dirimir un supuesto problema con el señor Jorge Bautista Lucas; el cual, dada la forma en que está planteada la demanda, indudablemente no se puede concebir que afecte un derecho sustantivo y que sus consecuencias sean de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, pues no se refiere una prohibición absoluta de un derecho ni tampoco manifiesta que se le hubiese apercibida de forma alguna; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En ese sentido es pertinente precisar que el caso que nos ocupa no se ubica dentro de los supuestos de un acto de molestia, que ha sido definido por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que la Constitución Federal distingue los actos de molestia en virtud de que pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento; por lo que para distinguir si un acto de una autoridad constituye un verdadero acto de molestia debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional; por lo que en el caso en concreto es posible establecer que no se actualiza la existencia de un acto de esa naturaleza pues el hecho de que las autoridades municipales, por conducto del Síndico en ejercicio de sus funciones, cite a la ahora quejosa para que comparezca ante sus instalaciones con la finalidad de dirimir y conversar sobre una cuestión con Jorge Bautista Lucas, no implica que se le esté restringiendo ni privando de algún derecho, pues será en todo caso en su comparecencia, en la que si estima que se afecta algún derecho sustantivo, que podría interponer contra ella los medios legales que consideren pertinentes. Sirve de sustento la Jurisprudencia P./J. 40/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas únicamente para recibir notificaciones a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ..... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 950/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Presidente y Síndico Municipales de San Agustín Etla, Oaxaca, la parte quejosa reclama los actos de molestia consistentes en los constantes citatorios para que acuda al Ayuntamiento a través del Síndico Procurador para arreglar un supuesto problema con Jorge Bautista Lucas. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en esas directrices, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte demandante del amparo señaló como acto reclamado, de manera genérica, el acto de molestia que le ha sido generado por el Presidente y Síndico Municipales de San Agustín Etla, Oaxaca, con motivo de que le han citado en varias ocasiones para que acuda a sus oficinas a dirimir un supuesto problema con el señor Jorge Bautista Lucas; el cual, dada la forma en que está planteada la demanda, indudablemente no se puede concebir que afecte un derecho sustantivo y que sus consecuencias sean de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, pues no se refiere una prohibición absoluta de un derecho ni tampoco manifiesta que se le hubiese apercibida de forma alguna; de esa manera, es incuestionable que tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que en aquélla no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En ese sentido es pertinente precisar que el caso que nos ocupa no se ubica dentro de los supuestos de un acto de molestia, que ha sido definido por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que la Constitución Federal distingue los actos de molestia en virtud de que pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento; por lo que para distinguir si un acto de una autoridad constituye un verdadero acto de molestia debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional; por lo que en el caso en concreto es posible establecer que no se actualiza la existencia de un acto de esa naturaleza pues el hecho de que las autoridades municipales, por conducto del Síndico en ejercicio de sus funciones, cite a la ahora quejosa para que comparezca ante sus instalaciones con la finalidad de dirimir y conversar sobre una cuestión con Jorge Bautista Lucas, no implica que se le esté restringiendo ni privando de algún derecho, pues será en todo caso en su comparecencia, en la que si estima que se afecta algún derecho sustantivo, que podría interponer contra ella los medios legales que consideren pertinentes. Sirve de sustento la Jurisprudencia P./J. 40/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas únicamente para recibir notificaciones a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente la quejosa. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- NORBERTA GONZÁLEZ FELICIANO y Otros.1280/2017
- NORBERTA GONZALEZ FELICIANO y Otros.394/2018
- NORBERTO CÓRDOVA PINEDA y Otros.1002/2021
- NORBERTO GARNICA GARCIA y Otros.773/2020
- NORBERTO ROLANDO CRUZ RUIZ y Otros.188/2018
- Norberto Sánchez Chariz603/2023
- NORMA CALVO PACHECO y Otros.1414/2022
- NORMA CRUZ AGUIRRE y Otros.752/2017
- Norma Cruz Aguirre y Otros.937/2016
- Norma Edith Arrazola Santos y Otros.164/2015
- Norma Emilia Gordillo Salvador1696/2014
- NORMA EMILIA GORDILLO SALVADOR y Otros.400/2019