Norma Celina Bocanegra Rendon
Expediente 964/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Norma Celina Bocanegra Rendon
Actuaciones
- Principal
El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, transcurrió del veinte al veintiséis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de los actuales, dentro del juicio de amparo 964/2016-7; así también, se hace constar que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del segundo punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
En siete de septiembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número de folio 15463 y anexos que se ajuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Norma Celina Bocanegra Rendón por su propio derecho y en representación de su menor hijo Daniel García Bocanegra, lo que justificó con copia certificada de las actas de nacimiento números 1803 y 32056010100266J, expedidas a favor de los aludidos quejosos, por los Oficiales del Registro Civil, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el Estado de Zacatecas, respectivamente; por el cual da cumplimiento a la prevención que se les hizo por auto de veintiséis de agosto del año en curso. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se tramita el juicio de divorcio necesario 736/2011, promovido por Norma Celina Bocanegra Rendón, por el que solicitó la disolución del vínculo matrimonial entre ésta y Rubén García Moreno, así como el pago de pensión respecto de su menor hijo Daniel García Bocanegra y la liquidación de la sociedad conyugal. 2. Una vez contestada la demanda y realizadas las audiencias de conciliación, en fecha ocho de agosto de dos mil doce, se citó a las partes para oír sentencia, la cual fue diferida en varias ocasiones, a fin de estar en posibilidad de dar intervención debida al menor Daniel García Bocanegra, y tener elementos suficientes para determinar la pensión alimentaria a éste. 3. Así, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la quejosa en comento solicitó de nueva cuenta citación para sentencia, petición que le fue negada por la autoridad del orden común, bajo el argumento que no había sido nombrado tutor para el menor; determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia federal. En efecto, como se indicó en párrafos atrás, en torno al auto donde el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se negó a citar a oír sentencia dentro de los autos del juicio de divorcio necesario 736/2011, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61 .- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: "El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende, que el acto que hace consistir la peticionaria del amparo en la negativa de citación para sentencia dentro de los autos del juicio natural, es un acto de carácter intraprocesal, el cual no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación, esto es, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos del demandado hoy quejoso. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo de la quejosa, pues incluso aún cuando la autoridad responsable haya emitido la sentencia correspondiente, ésta podría ser favorable a los intereses de su contra parte y, en caso opuesto, tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron, hasta el dictado de ésta. En síntesis, el acto reclamado no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. En consecuencia, como se apuntó en párrafos que preceden se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues la negativa combatida no afecta derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. En ese sentido, conviene citar la jurisprudencia número IV.2º.C.J/2 (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva juicio de origen, del que deriva el acto reclamado, al hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Norma Celina Bocanegra Rendón por su propio derecho y en representación de su menor hijo Daniel García Bocanegra. En otro aspecto, previa copia certificada que se deje en el presente sumario y previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, devuélvase a la aludida quejosa la copia certificada de las actas de nacimiento que adjunto al escrito que se acuerda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Ángeles
- Principal
CON FUNDA,MENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS EL CUAL DICE: "Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Norma Celina Bocanegra Rendón por su propio derecho y en representación de su menor hijo Daniel García Bocanegra, lo que justificó con copia certificada de las actas de nacimiento números 1803 y 32056010100266J, expedidas a favor de los aludidos quejosos, por los Oficiales del Registro Civil, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el Estado de Zacatecas, respectivamente; por el cual da cumplimiento a la prevención que se les hizo por auto de veintiséis de agosto del año en curso. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se tramita el juicio de divorcio necesario 736/2011, promovido por Norma Celina Bocanegra Rendón, por el que solicitó la disolución del vínculo matrimonial entre ésta y Rubén García Moreno, así como el pago de pensión respecto de su menor hijo Daniel García Bocanegra y la liquidación de la sociedad conyugal. 2. Una vez contestada la demanda y realizadas las audiencias de conciliación, en fecha ocho de agosto de dos mil doce, se citó a las partes para oír sentencia, la cual fue diferida en varias ocasiones, a fin de estar en posibilidad de dar intervención debida al menor Daniel García Bocanegra, y tener elementos suficientes para determinar la pensión alimentaria a éste. 3. Así, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la quejosa en comento solicitó de nueva cuenta citación para sentencia, petición que le fue negada por la autoridad del orden común, bajo el argumento que no había sido nombrado tutor para el menor; determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia federal. En efecto, como se indicó en párrafos atrás, en torno al auto donde el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, se negó a citar a oír sentencia dentro de los autos del juicio de divorcio necesario 736/2011, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61 .- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: "El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende, que el acto que hace consistir la peticionaria del amparo en la negativa de citación para sentencia dentro de los autos del juicio natural, es un acto de carácter intraprocesal, el cual no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación, esto es, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos del demandado hoy quejoso. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo de la quejosa, pues incluso aún cuando la autoridad responsable haya emitido la sentencia correspondiente, ésta podría ser favorable a los intereses de su contra parte y, en caso opuesto, tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron, hasta el dictado de ésta. En síntesis, el acto reclamado no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. En consecuencia, como se apuntó en párrafos que preceden se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues la negativa combatida no afecta derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. En ese sentido, conviene citar la jurisprudencia número IV.2º.C.J/2 (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva juicio de origen, del que deriva el acto reclamado, al hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no es de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Norma Celina Bocanegra Rendón por su propio derecho y en representación de su menor hijo Daniel García Bocanegra. En otro aspecto, previa copia certificada que se deje en el presente sumario y previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, devuélvase a la aludida quejosa la copia certificada de las actas de nacimiento que adjunto al escrito que se acuerda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el folio 14863. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Norma Celina Bocanegra Rendón, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; que estima violatorios en su perjuicio las garantías que consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 964/2016-7; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.". En principio, es de indicarse que del contenido de la demanda de amparo, en el punto que señala como primero, del capítulo del "acto reclamado", se advierte que la quejosa, señala como tal, la omisión de dictar sentencia de divorcio dentro del juicio 736/2011, sin embargo, más adelante refiere que el último acuerdo dictado por la juez Primero de lo Familiar y de Primera Instancia de esta ciudad, fue en el sentido de "No ha lugar acordar de conformidad, toda vez que en un primer momento se advierte que al menor., no se le nombró Tutor."; de igual manera, la promovente se duele de que la autoridad responsable, negó pensión alimenticia a su menor hijo. Asimismo, no obstante que en el escrito de demanda se prevé un capítulo de antecedentes, la ocursante fue omisa al señalarlos; además, se destaca del segundo de sus puntos petitorios, que la quejosa manifiesta lo siguiente: "SEGUNDO: Se ordene a las autoridades señaladas como responsables rindan los informes previos y justificados correspondientes a fin de que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados, (.)" Sin embargo, del desarrollo integral de su demanda de garantías, no realiza capítulo respectivo de incidente de suspensión. En consecuencia, con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días hábiles, contado a partir de la legal notificación de este proveído, además de exhibir copias suficientes del escrito de demanda, esto es, una copia para la autoridad señalada como responsable, dos para la apertura del incidente de suspensión en caso de ser su deseo solicitarlo, una para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo y, una más para la parte tercero interesada, deberá exhibir el mismo número de copias de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: 1. Precise de manera destacada en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuál es el acto que reclama en esta instancia, si la omisión de dictar sentencia, el acuerdo que le negó su petición de dictar sentencia o el proveído que negó la pensión alimenticia a su menor hijo y la fecha de su emisión. 2. En términos del indicado dispositivo, fracción V, bajo protesta de decir verdad, narre de forma clara y precisa los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que menciona en su libelo constitucional, cuya teleología no es otra que dar claridad al Juzgador Federal con relación a la naturaleza misma del referido acto, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedencia. 3. Señale si promueve por propio derecho o en representación del menor, y en caso afirmativo, lo acredite con documento idóneo. 4. Manifieste si es su deseo se tramite el incidente de suspensión respectivo en el presente juicio de amparo. Se apercibe a la ocursante, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número 2ª./J.86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público". Asimismo, se invoca la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J.86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público". Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el segundo párrafo de artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados de la parte quejosa únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Carlos Lombardo Reveles y Ricardo Zapata Cabral, toda vez que éstos no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de igual manera, se tiene a la promovente señalando como domicilio para tal fin el ubicado en calle Reforma número 110, colonia Sierra de Álica, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Ángeles
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Norma AngèLica Ibarra Govea605/2020
- Norma Ángelica Limón Hernández296/2017
- Norma Angelica Medina Fong127/2023
- Norma Angélica Real Cruz1163/2023
- Norma Angélica Rodríguez Muruato1177/2023
- Norma Carranza M.2391/2014
- Norma Chávez Pérez3222/2014
- Norma de León Ornedo2838/2014
- Norma E. Nieto A.2390/2014
- Norma Esther González Frausto667/2015
- Norma Fernanda Fraire Quiroz2612/2014
- Norma González Anguiano1110/2023