Norma Ángelica Limón Hernández
Expediente 296/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Norma Ángelica Limón Hernández
- Primera Sala Civil Y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Zacatecas
Actuaciones
- Principal
En veinte de abril de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al diecinueve de abril de dos mil diecisiete, sin contar los días quince y dieciséis del mes y año en curso, por corresponder a sábado y domingo, y doce, trece y catorce de los corrientes, por haberse declarado inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de marzo del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 296/2017. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 52-55), que desechó la demanda de garantías promovida por Norma Angélica Limón Hernández; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.
- Principal
CUENTA. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 4473 y anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, téngase a la quejosa Norma Angélica Limón Hernández, por cumpliendo con la prevención formulada mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 38-40). PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló acto reclamado y autoridad responsable en los siguientes términos: Autoridad responsable: Magistrados que integran la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil 291/2015, que confirmó la interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil quince, en los incidentes acumulados de oposición a nombramiento de albacea, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 352/2010, denunciado por Norma Angélica Limón Macías, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Norma Angélica Limón Hernández, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, por la que se confirmó la interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil quince, que resolvió los incidentes de oposición a nombramiento de albacéa. Del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado le fue notificado el dieciséis de febrero del año en curso (foja 4). Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, tomando en consideración que de acuerdo con el numeral 180 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, las notificaciones en los juicios civiles surten sus efectos el día en que se practican,; y concluyó el nueve de marzo de dos mil diecisiete, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero y cuatro y cinco de marzo, todos de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diez de marzo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado en estudio es la resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual la responsable confirmó la interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil quince, que resolvió incidentes de oposición a nombramiento de albacea, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Norma Angélica Limón Hernández, en términos del artículo 113 de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "CUENTA. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 4473 y anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, téngase a la quejosa Norma Angélica Limón Hernández, por cumpliendo con la prevención formulada mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 38-40). PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló acto reclamado y autoridad responsable en los siguientes términos: Autoridad responsable: Magistrados que integran la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil 291/2015, que confirmó la interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil quince, en los incidentes acumulados de oposición a nombramiento de albacea, emitida en el juicio sucesorio intestamentario 352/2010, denunciado por Norma Angélica Limón Macías, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Norma Angélica Limón Hernández, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, por la que se confirmó la interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil quince, que resolvió los incidentes de oposición a nombramiento de albacéa. Del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado le fue notificado el dieciséis de febrero del año en curso (foja 4). Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo es la de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, tomando en consideración que de acuerdo con el numeral 180 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, las notificaciones en los juicios civiles surten sus efectos el día en que se practican,; y concluyó el nueve de marzo de dos mil diecisiete, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero y cuatro y cinco de marzo, todos de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diez de marzo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado en estudio es la resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual la responsable confirmó la interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil quince, que resolvió incidentes de oposición a nombramiento de albacea, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Norma Angélica Limón Hernández, en términos del artículo 113 de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci"
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DIS´PUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "CUENTA. En dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 3669 (con anexos); y, con la circunstancia de que Patricia Herrera del Villar tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Irma Medina Tzintun y Noé Pargas Villareal. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas; al que acompaña el escrito de demanda promovida por Norma Angélica Limón Hernández, quien se ostenta como albacea dentro del juicio sucesorio intestamentario 352/2010, a bienes de Martín Limón Macías, contra actos que atribuye a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional, el cual origino el juicio de amparo indirecto 267/2017 de su índice. Acúsese recibo. Ahora, por auto de catorce de marzo de la presente anualidad, se advierte que la autoridad oficiante, en virtud a lo establecido en la Sección Octava del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa al sistema de turno de asuntos, por tratarse de una demanda relacionada a un juicio de amparo promovido contra una resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria resuelta por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículo 45 y 46, fracción II del citado acuerdo, determinó remitir el libelo constitucional de que se trata, a este Juzgado de Distrito; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asume el conocimiento de la demanda de mérito; hágase la anterior circunstancia del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 296/2017-2, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. Previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte quejosa en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que indica que el juzgado federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que en la demanda se falte a las reglas establecidas, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; y, Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda de amparo si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. No se hubiere acompañado en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. De la revisión íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Norma Angélica Limón Hernández, comparece al presente sumario ostentándose como albacea en los autos del juicio sucesorio intestamentario 352/2010, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, sin que haya anexado documento alguno con el que acredite dicha calidad en el juicio de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 114 del citado ordenamiento, es menester requerir a la promovente, para el efecto de que dentro del término improrrogable de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba documento idóneo con el que acredite la calidad con la que se ostenta; bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su solicitud de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con número de registro 2011844, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la impetrante de amparo, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Patricia Herrera del Villar, quien tiene registrada su cédula profesional 5252582 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Tacuba, número 125, interior 13, colonia centro en esta ciudad; y , como autorizados únicamente para tal efecto, a Irma Medina Tzintun y Noé Pargas Villareal, en virtud a que no cuentan con el registro mencionado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc"
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Norma Alicia Cisneros Reza1097/2022
- Norma Alicia Salas Martínez1480/2022
- Norma América Flores Torres381/2020
- Norma Angélica Contreras Magadan1598/2022
- Norma Angélica Gutiérrez Marín2584/2014
- Norma AngèLica Ibarra Govea605/2020
- Norma Angelica Medina Fong127/2023
- Norma Angélica Real Cruz1163/2023
- Norma Angélica Rodríguez Muruato1177/2023
- Norma Carranza M.2391/2014
- Norma Celina Bocanegra Rendon964/2016
- Norma Chávez Pérez3222/2014